El 12 de noviembre pasado se produjo un incidente a manos de unos malvivientes que puso en peligro la vida de Israel “Tito” López, quien debió ser hospitalizado producto de un piedrazo que impactó en su pecho. Gracias a Dios la operación fue un éxito y después de largos días, hoy puede estar junto a su familia.
El diseño del nuevo Acceso Sudeste está en proceso y permitirá ampliar una amalgama de posibilidades para prevenir aquellos siniestros ocurridos por destino de la marginalidad y la escasez de obras, que históricamente tiene un Municipio como Quilmes.
El hecho ocurrió cuando en noviembre pasado Israel, un trabajador portuario de Florencio Varela, volvía del trabajo en motocicleta a las 3.30 de la madrugada. Sobre la altura del Triángulo de Bernal, punto que conecta Villa Azul y Villa Itatí, sobre el Acceso Sudeste, recibió un golpe en el pecho. El caso quedó a manos de la fiscal Curra Zamaniego, de la UFI N° 6.
Recientemente se ha impulsado un programa de urbanización que hace replantear esas zonas inseguras, hasta ahora sin solución. Sin embargo, el anuncio del 28 de diciembre del 2020 en la residencia de Olivos del presidente Alberto Fernández junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, vislumbra otro horizonte, novedoso hasta la actualidad. Las obras a realizar incluyen construcción de más de 3 mil viviendas para Quilmes (1250 para este distrito), Avellaneda, Berazategui y Florencio Varela.
Además de la urbanización de la zona, se suma al convenio de infraestructura para el distrito, desde el área de Vialidad Nacional se realizará la rectificación y unificación que traza el Acceso Sudeste de Quilmes, con el objetivo de mejorar el tránsito y la seguridad vial.
Quilmes es una ciudad muy amplia que tiene sus regiones con particularidades y problemáticas que datan de años y años. En los últimos tiempos hubo falta de compromiso y decisión política respecto a la inversión destinada a los barrios. Tal es así, que en abril de 2019, con el gobierno de Martiniano Molina, se licitaron obras de urbanización para Itatí y Azul por un total de 216 millones de pesos, que incluía “atender las condiciones habitacionales deficitarias y la privación en el acceso a los servicios urbanos básicos”, que nunca fueron concretadas.