El pasado miércoles 11 de abril desde el Poder Judicial ordenó a la Policía Bonaerense y a la Policía Local desalojar con topadoras las casillas de 30 familias en situación de calle que se encontraban viviendo de manera totalmente precaria en Avenida Lamadrid casi Camino General Belgrano, en Bernal oeste. El lunes anterior una mesa de gestión conformada por el Obispado de Quilmes, la Municipalidad y dos representantes de estas familias había firmado un acuerdo para dar una solución habitacional a todas las familias. 3 secretarios municipales cercanos a Martiniano Molina se habían comprometido a armar una lista de prioridades, pero finalmente se dio paso a que el brazo de las fuerzas actúe. El Obispado intenta mediar la situación lamentando el uso de la fuerza y del incumplimiento con el acuerdo.
A las 5 de la mañana del miércoles 11 de abril la Policía apareció con topadoras frente a las casillas de chapa y cartón de 5×5 metros de un grupo de 30 familias que desde enero se encontraban sobre la Avenida Lamadrid casi Camino Gral. Belgrano de Bernal oeste. Las máquinas desarmaron las casillas y la Policía no permitió a la gente siquiera agarrar sus pocas pertenencias.
A las 11:04 am del miércoles 11 de abril Clarín se apuró a señalar al malo de la historia con este título: «Quilmes: tensión en el desalojo de una toma ilegal sobre una avenida. » Por la tarde del miércoles 11 algunos medios nacionales se hicieron eco de la situación, ahora con la versión del Obispado, que se había acercado a intentar mediar la situación.
¿Por qué los medios nacionales se habían acordado de este grupo de personas sin techo que estaban ahí desde hacía dos meses y medio? ¿Por qué se acuerdan ahora y no antes, o el lunes, cuando se acercaba la solución?
Detrás de las 30 familias que todavía se encontraban asentadas en Avenida Lamadrid de Bernal oeste, había una mesa de diálogo representada por el Obispado, dos delegados de las familias y tres secretarios cercanos a Martiniano Molina que el lunes 9 de abril habían firmado un acta comprometiéndose a buscar una solución a cada una de esas familias.
PRESUPUESTO
Cabe destacar que en base a la rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Quilmes en 2016, desde un informe realizado por el Instituto IDEAL Quilmes se desprende un dato que arroja el bajo nivel de ejecución en materia de Vivienda Social e Infraestructura. De $1.296 millones de pesos sólo se ejecutó el 2%, es decir, $30 millones de pesos.
EL INICIO
El 15 de enero alrededor de 200 familias habían tomado los terrenos que pertenecen al frigorífico Penta. La respuesta a esta situación fue una brutal represión y desalojo por parte de personal del Grupo de Ayuda Departamental (GAD), la Infantería y la Caballería de la Policía Bonaerense, con respaldo de la Patrulla Urbana y Defensa Civil de Quilmes. Ante esta situación algunas familias decidieron irse, y otras se quedaron.
Frente a esta situación, la Municipalidad, decidió realizar un censo y registró a 97 familias, de las cuales, hasta el miércoles 11 de abril, quedaban alrededor de 30.
A principios de abril, nos acercamos al asentamiento para conocer la situación. Las casillas de chapa y cartón estaban acomodadas sobre la vereda, algunos nenxs corrían descalzos, otros acostados sobre mantas masticando tierra, una madre y una hija adolescente tomando mate, una beba que llora.
Allí nos recibió Sergio, uno de los delegados que representa a las familias en la mesa de diálogo, hombre de unos 40 años. «Ha venido a querer quedarse gente que tenía casa, pero los que realmente estamos acá somos gente trabajadora y humilde. Hay criaturas con bajo peso.»
Algunas de las familias que quedaban hasta el miércoles pasado habían tomado la decisión de asentarse porque «no les quedaba otra»: en algunos casos alquilaban, pero al quedarse trabajo no pudieron costear más los gastos. Otras familias estaban en situación de calle desde hace mucho tiempo, con niñxs o bebés, buscando algún pedazo de tierra. «Nosotros somos gente realmente trabajadora. Nos vamos a quedar acá hasta que nos escuchen, esto es lo que realmente necesitamos», dijo en ese momento Sergio. «No queremos una chapa, queremos trabajar y pagar una vivienda como cualquier persona», y agregó que le gustaría «que venga el intendente Martiniano Molina y que vea que no somos farsantes, que escuche lo que necesitamos y vea que somos trabajadores.»
La situación de Sergio es distinta: también vive en una de las casillas pero entre él y la mayoría de los demás hay un abismo: tiene trabajo. Es monotributista y trabaja con su moto. Se separó recientemente, tiene 4 hijos a los que sigue viendo. A pesar de tener trabajo, asegura que «con lo que gano por mes no me alcanza para comer, mandar a mis hijos al colegio y alquilar».
Durante estos últimos dos meses, mientras las 30 familias que habían quedado esperaban la respuesta prometida, desde el área de Sanidad y del Obispado de Quilmes se acercaron a brindar asistencia y donaciones para estas familias.
A su vez se conformó la mesa de diálogo mencionada, compuesta por secretarios de la Municipalidad de Quilmes, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, de la Casa de la Justicia, del área de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Social, delegados de la Pastoral Social del Obispado de Quilmes, del Consejo de Asentamientos y delegados de los Acampados.
DESALOJO
A pesar de los avances en las reuniones y en la aparición de la posibilidad de reubicar a cada familia de acuerdo a criterios de prioridades y urgencia, el miércoles 11 de abril, el fiscal Martín Conde a cargo de la UFI Nº3, ordenó el desalojo. En la orden del mismo, el juez explicita: “Procurar la libertad de dicho espacio público de las casillas precarias y construcciones allí emplazadas y que sean utilizadas como vivienda”.
“Retiro de la totalidad de los efectos, materiales y elementos que ocupan las aceras y calzadas y individualizar, identificar y desalojar a las personas que residan allí”, señala la orden.
La Justicia, o el colmo de ella, actuó. Alrededor de las 8 de la mañana levantaron las casillas, sacaron a la gente y detuvieron a Sergio y a otro delegado que fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 5ta. del Barrio La Cañada.
Representantes de la Pastoral Social de la diócesis de Quilmes, acompañadxs por el obispo auxiliar, sacerdotes, diáconos y hermanxs de las comunidades se acercaron al lugar en un intento de mediar la situación, pero la Policía no les permitió acceder ni a tener contacto con las familias, ni con el fiscal de la causa, ni con las autoridades municipales.
VIOLENCIA NO ES DIÁLOGO
Por la tarde, el Obispado de Quilmes emitió un comunicado desde donde denunciaron que
“Un cerco policial nos negó el acceso, impidiendo poder verificar que no se produzcan desmanes de represión policial”.
“Con el Obispo Auxiliar fuimos interceptados por personal policial impidiendo su ingreso, donde el responsable del operativo nunca se hizo presente para hablar, aun después de más de 1 hora de intentarlo. Registrando el episodio los reporteros y cámaras de TN. Las familias se refugiaron en casa vecinas, y las maquinas viales tiraron las precarias casillas. Sentimos estupor e indignación frente a este accionar, a solo días de que la mesa de gestión empezara a buscar soluciones más urgentes para las familias en cuestión”, señaló el Vicario de Solidaridad Juan José Vasallo.
A su vez, Vasallo aseguró que “como Iglesia Diocesana y la Vicaria de Solidaridad continuaremos exigiendo que se dé una solución digna a estas familias que están, ahora sí, en una situación de desamparo y marginación”. Además se encargaron de intervenir a través de «La Casa de la Justicia» por los dos detenidos «para que se respeten sus derechos constitucionales», quienes fueron liberados por la tarde.
Por otra parte desde el Obispado indicaron que continuarán «intercediendo junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia y la mesa de gestión para que el Municipio de Quilmes dé una solución rápida y efectiva en especial a las familias de alto riesgo social (la que están en situación de calle y con niños)”. Finalmente repudiaron el desalojo violento como «solución de conflictos» que «deteriora profundamente las iniciativas de diálogo». Y lamentaron «que las autoridades no sean capaces de buscar un camino que no sea el del desalojo violento, y más cuando ya estaba en vías de solución a través de una reubicación».
El padre Juan José, Vicario de la Solidaridad de Quilmes, en diálogo con CPB Noticias, explicó que «Quilmes tiene déficit de terrenos». Por eso, en este caso, se venía trabajando dos posibilidades de solución. Por un lado que desde la Provincia se habilitaran unos «módulos habitacionales que se pueden poner en el terreno de algún familiar». Por el otro lado, para los casos de extrema urgencia, se busca la posibilidad de costear un alquiler triangulando con Cáritas (en el caso de que pueda) y con el Municipio.
También el padre aseguró que el lunes anterior al desalojo se había firmado en La Plata un acuerdo entre la Municipalidad y el resto de la mesa para buscar una solución a todas las familias «ya sea con los módulos o la posibilidad de alquilar. La municipalidad se había comprometido a realizar un listado de prioridades.» Además, expresó que «perdimos toda esperanza en que el espacio de diálogo continúe. Después de tres meses habíamos logrado el comprimiso del municipio.» Por otro lado se refirió a la grave situación de las familias: «la búsqueda de tierra es búsqueda de derecho». Y destacó que hay «situaciones límite» como «gente que no tiene otra posibilidad más que andar de un lado para el otro», o «una señora con muchos hijos» y otra que «estaba sola con un bebé».
El 23 la mesa de gestión de la Pastoral volverá a reunirse a fin de que se cumpla el acta de compromiso a encontrar una solución a las 30 familias.
Según lo que se supo hasta el día de cierre de esta edición, Desarrollo Social se encontraba asistiendo a cuatro familias. El resto de las 26 familias, de las cuales algunas están en situación de calle y otras parando temporalmente en casa de algún familiar, se encuentran esperando respuesta.
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