LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO: UN INVENTO DE MACRI Y LA ALIANZA CAMBIEMOS

0

Un trabajo exhaustivo de la ONG RESET, presidido por el Dr. Mariano Fusero, descubre las mentiras del macrismo en materia de narcotráfico, uno de los dos caballos de batalla eternos del gobierno anterior (el otro, la inserción de Argentina en el mundo).

El macrismo celebraba delante de la prensa cada operativo dirigido por la ex ministra

La experiencia macrista se puede resumir en un lema: gobernar es comunicar. Mostrarse proactivo, cercano y constante y postearlo en las redes sociales fue la tónica de los equipos comunicacionales del gobierno saliente. Los discursos se expresan en imágenes: las fotos de incautaciones, de operativos, de quemas y de detenciones estuvieron a la orden del día durante los cuatro años de gestión. En la campaña electoral, luego del revés de las primarias, hicieron fuerte hincapié en la lucha contra el narcotráfico: el crimen organizado, según su relato, nunca había sido atacado con la decisión política del gobierno cambiemita (“somos los que no transamos con el narcotráfico”, dice uno de los spots de campaña). Frente al electorado, debía mostrar firmeza contra el crimen organizado. Poco importaba que –hilando más fino– se encontraran contradicciones, inconsistencias y cacerías generalizadas contra usuarios (de marihuana, mayoritariamente). Lo importante era (y es) sostener el discurso. 

Lejos de ser una política de erradicación integral de las ventas en droga, solo tuvo exposición mediática

Ser de derecha (espectro político al que pertenece la fuerza que gobernó estos cuatro años) no necesariamente implica estar en contra del consumo de drogas o que exista una sola forma de abordar la cuestión: en ese amplio abanico ideológico, hay una línea de pensamiento liberal que sostiene que la regulación es la opción más viable y que la reducción de daños –vista desde un enfoque utilitario– puede responsabilizar a los consumidores y hacer que tomen decisiones informadas. Cambiemos no planteó en ningún momento tomar ese camino. Prefirió el enfoque conservador. La lucha contra el narcotráfico se llevó a cabo desde el día uno de gestión: había que obturar los caminos e impedir que la oferta llegue a las poblaciones que consideraban en riesgo frente a este flagelo: los jóvenes. Y para lograrlo había que llevar una pelea sin cuartel. Y mostrárselo a la sociedad.  

La estigmatización moral hacia los sectores mas vulnerables fue parte de la tarea de Patricia Bullrich

Cambiemos sostuvo una política de drogas basada en el paradigma prohibicionista/abstencionista: los decretos de emergencia en seguridad y de emergencia en adicciones (sin aportar datos claros que permitieran justificar ambos diagnósticos) y el intento de reforma de la Ley de salud mental exponen los postulados conservadores que sostuvieron estas políticas. El macrismo decidió profundizar la lucha contra el narcotráfico sin ensayar alternativas (como en otras partes del mundo) ni articular políticas públicas (como el control de activos o de las concesiones portuarias). Le dio nuevos bríos al “drogas para qué” de los noventa. Heredó la mirada penal-clínica del padre incómodo (Menem) y se empeñó en mostrarse activo y firme, convencido. El éxito, desde los números, es discutible: según el balance de gestión 2016-2018, los decomisos de marihuana crecieron (sobre todo entre 2017 y 2018), pero disminuyeron los de cocaína (de 12.133 kg confiscados en 2017 a 8.522 kg en 2018) y los de drogas sintéticas (de 222.201 unidades en 2017 a 68.570 en 2018). Sin embargo, eso no impidió que en la campaña electoral lo tuvieran como un claro eje de gestión.

El domingo 12 de mayo el equipo de comunicación de Macri posteó en las redes sociales: “Las ‘pepas’ que incautamos podían ser para el colegio de tus hijos. El nuevo mercado de las drogas está compuesto por chicos y chicas como tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos adolescentes y jóvenes de todo el país, de todas las clases sociales, de toda clase de familias. Ellos son el objetivo principal de cualquiera que traiga drogas al país. Porque el mercado de drogas, como el de videojuegos, no puede crecer hacia las personas con más edad, siempre crecen hacia las personas de menos edad, hacia los jóvenes, hacia los chicos”. Para graficar anexaron una imagen que, luego, los usuarios encontraron en el buscador de Google. Aparecieron las críticas y las burlas por el nuevo traspié: tuits, memes, imágenes. El macrismo fue una máquina de generar insumos para la ironía colectiva, pero el trabajo ya estaba hecho: el gobierno volvía –como en la campaña de 2015 y en la de 2017– a ponerse al hombro la lucha contra el narcotráfico. El texto, una interpelación a los padres preocupados por los consumos de jóvenes y adolescentes, cumplió con su objetivo de poner en circulación un discurso: según este relato, los funcionarios buscaron romper esos circuitos, porque la droga incautada no llega a los colegios ni a las calles. Cambiemos vino a hacer lo que no hicieron los “populistas”, que dejaron crecer exponencialmente el consumo y el tránsito. Buscó generar seguridad, que los hijos, sobrinos o nietos de nadie ni estén expuestos a estos “flagelos” (el LSD, la ketamina, la cocaína, el éxtasis, las metanfetaminas). Para evitar que eso que parece lejano no esté ahí, a metros de los seres queridos. Conjurar las drogas implica acciones concretas y permanentes: para eso están. Con un recurso típico de la retórica de autoayuda (hablar en segunda persona), buscaron generar un lazo. Todo discurso político tiene un prodestinatario: en este caso, los vecinos preocupados por el aumento del consumo o por las noticias sobre el tema (porque –la mayoría de las veces– sucede que la gente no tiene experiencia directa con las sustancias psicoactivas y obtiene información filtrada por los medios de comunicación y de especialistas con intereses concretos). Es una forma de construir legitimidad.

La administración de Cambiemos construyó su comunicación en un modelo de “legitimidad de proximidad”: un modo de vinculación representativo que se estructura con base una identificación anti-carismática. Una relación entre representantes y representados en la que ambos pueden compartir experiencias comunes. Es una forma de identificación que se edifica en la escucha, en la atención, en las vivencias cotidianas. Esto se produce en un contexto de mediatización de la política, donde las nuevas tecnologías y las redes sociales permiten abolir ciertas fronteras simbólicas y generar proximidad. Los mensajes que circulan en las redes sociales pueden estar relacionados con la extimidad (hacer público lo privado) de los políticos o con cuestiones de gestión. En ellos, de algún modo, se transmiten valores o tomas de posición significativos para la construcción de identidades políticas. Este modelo comunicacional contiene diversas estrategias, muchas de las cuales incluyen ciudadanos de a pie que se transforman en protagonistas de historias de vida (que tienen un componente tanto pedagógico como emocional) o que pueden ser llamados o visitados por algún motivo particular. Como indica el trabajo de Rocío Annunziata, Andrea Ariza y Valeria March, “no se trata de contactos aislados en actos políticos multitudinarios; los líderes no aparecen en las escenas de visitas o llamadas siquiera rodeados por otros políticos o asesores, como tampoco se privilegian las escenas de los líderes rodeados de grupos numerosos de ciudadanos”.

La campaña anti-carismática de Cambiemos no está exenta de valoraciones morales. Es una forma de confirmarlos. La cercanía construida por medio de los mensajes confirma discursos previos. La proximidad acerca a “la gente como uno”. Gobernar con el sentido común es gobernar operando la violencia simbólica en el sentido bourdieano: la imposición enmascarada de sistemas de clasificación políticos que tienen la apariencia de taxonomías. Este modo de hacer ver y de hacer creer es fundamental para consolidar la dominación de clase. Son estructuras mentales ajustadas a las estructuras sociales. Al compartir creencias –que son producto de complejas elaboraciones políticas– se legitiman formas de ver el mundo y se establecen fronteras morales. Se produce una distinción entre lo deseable y lo que no lo es (que es estigmatizado o repudiado). Estos conceptos naturalizados tienen una función operativa: crear un ideario de orden. Ese orden es selectivo: la distinción entre sustancias legales e ilegales no está avalada por criterios científicos, sino políticos. Son la justificación de la demagogia punitiva: el combate sin fin contra el narcotráfico requiere firmeza.  

Los fundamentos macristas dejan en claro que los consumidores son población en riesgo (por las relaciones gravosas para la salud, según reza el decreto de emergencia en adicciones) y que por ese motivo es necesario intervenir. Esta actualización prohibicionista sólo se encarga de recauchutar prejuicios y miedos sociales porque no diferencia las sustancias psicoactivas (como si todas tuvieran el mismo efecto) ni los tipos de consumo (entre uso ocasional y consumo problemático hay un abismo). En el imaginario macrista, del consumo a la adicción hay un solo paso. Las sustancias gozan de una potencia tal que la voluntad de los consumidores es fácil de derribar. La autonomía queda abolida. No importa si el usuario es un adulto responsable consciente de sus actos: se lo infantiliza. Según la perspectiva química, “el mero consumo repetitivo de sustancias –escribió Ricardo Pautassi– sería suficiente para desencadenar la adicción, sin tener en cuenta los motivos por los cuales una persona comenzaba a consumir la droga (contexto personal y social frágil, presión social, inicio temprano)”. Para esta postura, hay que terminar el consumo, manejar el síndrome de abstinencia y desintoxicar a los usuarios. El modelo abstencionista se sostiene en estas posturas. El problema es que la evidencia científica no la avala: en un comienzo se utilizaron opiáceos, pero cuando se estudiaron otras sustancias se encontraron falencias en el enfoque y se terminó concluyendo que la adicción es “el producto final de un consumo crónico –explicó Pautassi–, que poco puede decirnos de por qué un sujeto inicia dicho consumo y lo continúa”. No todo se explica por las sustancias.

El macrismo, liberal y republicano en el discurso, es anti-liberal y anti-republicano en los hechos. Su política de drogas dista de respetar las libertades individuales que no afectan a terceros: desprecia la decisión personal de usar sustancias psicoactivas y alimenta una mirada condenatoria y lineal sobre un fenómeno complejo como el consumo (no todos los usuarios son adictos desesperados por una dosis). Es más, las sustancias que generan problemas para la salud pública generalmente son legales: el alcohol, el tabaco y los psicofármacos sin receta (las benzodiacepinas –que deberían utilizarse en casos específicos, en un lapso de tiempo determinado y con control médico– se obtienen con relativa facilidad y, pese a que pueden desarrollar un consumo problemático, no generan tanto escándalo). El derecho al acceso a determinadas drogas está vedado por una decisión política que no está basada en la evidencia sino en los prejuicios, y son prejuicios de larga data. La doctrina de Bullrich y Burzaco (continuadores de la reacción termidoriana de Berni) nació hace más de un siglo con las cruzadas morales que surgieron en Estados Unidos: la mezcla de la etnofobia y el fundamentalismo religioso se enfocó en las sustancias consumidas por los negros (la cocaína), los chinos (el opio) y los mexicanos (la marihuana). Con los años, los emprendimientos morales dieron sus frutos: la policialización del consumo y las normativas de prohibición se desarrollaron en Estados Unidos y se expandieron por el globo en las décadas siguientes. Los resultados están a la vista: la violencia aumentó, la inseguridad también, las organizaciones criminales se consolidaron y se diversificaron, los usuarios quedaron desprotegidos (sin saber a ciencia cierta qué consumen) y los sectores vulnerables vieron sus territorios convertidos en campos de batalla por los negocios de la droga. Al ser un mercado sin regulación y con altas tasas de rentabilidad, la violencia es la norma. No tener escrúpulos es una ventaja comparativa: la deshumanización es la norma. El narcotráfico es el rostro más nítido de la necropolítica capitalista.

El otro problema de la falta de regulación es la calidad de las sustancias. Al no existir controles, no se sabe qué se consume. Se toma como pepa lo que no es pepa. Se toma sin conocer la composición química. La prohibición genera que los usuarios se expongan a sustancias adulteradas o tóxicas y que eso derive en cuadros clínicos más complejos (porque al no saber qué consumieron, los equipos de salud están en un limbo). No sólo pasa con las sintéticas, pasa con la marihuana prensada y la cocaína rebajada. El riesgo principal no está en el consumo, sino en el qué se consume. Es un patrón que se repite: durante la ley seca, los norteamericanos se expusieron a bebidas alcohólicas de alta toxicidad –que derivaron en problemas de salud crónicos– que padecieron los consumidores por una ley ridícula. Ya había pistas claras sobre cuáles eran los dramas sociales de la prohibición, pero los cruzados –los de antes y los de ahora– prefieren hacer caso omiso y seguir con los experimentos morales: es más rentable hablar de permisividad y de pasividad estatal que pensar cómo y porqué se expande el narcotráfico en el país. Analizar las condiciones de posibilidad y los intereses en juego es poner a los prohibicionistas en una posición incómoda, más si son de posturas neoliberales y conservadoras: las drogas son un epifenómeno de algo más profundo, relacionado con las estructuras sociales. No es casual que se expandan los problemas relacionados al tráfico y al consumo en los países donde la estructura social sufrió una fuerte re-estructuración. El problema de la ilegalización de las drogas está atravesado por las cuestiones de clase: los sectores más vulnerables son los que proveen la mano de obra descartable, son los que padecen los efectos más deletéreos para la salud, son los que se encuentran excluidos del sistema de salud (por desconfianza, por malas experiencias o por los prejuicios de los equipos de atención) y son los que, en muchos casos, terminan privatizando el cuidado (en manos de las mujeres, porque también están las cuestiones de género).

El macrismo decidió alimentar los estigmas de los consumidores de sustancias. Tiene sus réditos: busca identificarse con los guardianes de la virtud, esos conservadores paternalistas que alimentados por prejuicios y desinformación (producida por décadas de campañas de pánico moral y de doxas institucionales) creen que el mundo de las drogas es sólo excesos y descontrol. Es difícil revertir esto, la utilidad simbólica de estos discursos es evidente. Por otra parte, sirve para reforzar la mirada hegemónica que construye a la juventud como una población en riesgo. Protegerlos de las drogas implica tomar medidas. En esta visión, los adolescentes son considerados como potenciales víctimas y como individuos a los que no se tiene que exponer a daños. Los operativos coordinados y los decomisos reducen el circulante y conjuran el riesgo de las drogas. Apunta al mundo adulto preocupado por los riesgos del consumo, dejando en claro dos cuestiones: que los adolescentes no tienen voz (como si no tuvieran la capacidad de decir no) y que carecen de criterios para determinar si lo que consumen es seguro o no. El adultocentismo macrista describe un mundo que –según el posteo– parece de televisión pero que es cotidiano. A su vez, opina como un panelista de televisión que emite opiniones al voleo sin criterios científicos que avalen las posturas. Es revelador que la evidencia empírica brille por su ausencia: no se discriminan las formas de consumo (si es ocasional o frecuente, si existe consumo único o combinado) ni los tipos de sustancias (ni en lo más elemental: distinguir, por ejemplo, entre depresores y estimulantes). Se habla de fronteras sin mencionar los puertos (como el de Rosario, que tiene causas de tráfico), de logística sin hablar del lavado de activos. Las ausencias dicen mucho de cómo el macrismo construye el problema público del narcotráfico. Simplifica un mundo complejo para reforzar la cultura del control. Las representaciones sociales tienen un rol ideológico fundamental: captar apoyos y crear un clima de opinión que obture la discusión de alternativas. Los prejuicios arraigados, la demonización de las sustancias, la estigmatización y la infantilización de los consumidores son los resultados de décadas de prohibición. Que el macrismo se apoye en esos discursos previos no sorprende. Tiene su correlato lógico. Es una forma de legitimar políticas de control social (que tiene claros rasgos clasistas, racistas y generacionales). La particularidad es que la forma en la que se engarza con el modelo comunicacional. El modelo anticarismático, de cercanía, de retórica de autoayuda (porque te habla a vos, adulto preocupado) se alimenta de las facilidades de difusión que ofrecen las redes sociales. Tienen que mostrar que están ahí, para protegernos, para dar las batallas que no se dieron antes. Es una forma de obtener capital político.

Mientras tanto, se acumulan decomisos y causas contra consumidores. El negocio sigue más vigente que nunca, y todos los problemas derivados persisten. Para combatir el narcotráfico es indispensable eliminar las condiciones que posibilitan su expansión. Según Marcelo Bergman, las condiciones son tres: “las altas tasas de rentabilidad del narcotráfico, la falta de reacción del aparato de justicia penal y el deterioro significativo de las condiciones sociales entre los grupos con mayor desventaja”. Si se profundizan, la solución es una entelequia.