El Estado debe garantizar el acceso a la educación pública porque así lo establece la Constitución Nacional, ya sea en el artículo 5 como en el 75 inciso 17. Por otra parte, en el artículo 14 establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor”. En éste sentido, no podemos dejar pasar por alto la información publicada (y visualizada) que atraviesa el conflicto con los gremios docentes. Eso por un lado y por el otro, la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de la gestión municipal. (Ver nota de tapa)
Nos resulta inevitable hacer un llamado de atención ante esta realidad conflictiva, donde los docentes son reprimidos por ejercer el derecho a la libertad de expresión, en referencia a la instalación de una carpa blanca frente al Congreso Nacional, bajo la consigna de “Escuela Itinerante”. Dicha metodología daba respuesta al reclamo por la libre circulación y la crítica malintencionada de poner como victimas a los chicos de las escuelas públicas. Es decir, no se suspenderían las clases, excepto motivos de fuerza mayor.
Hoy la escuela pública puede entrar a terapia intensiva, si no se toman las medidas correspondientes como indica la ley. A esta altura ¿Alguno/a duda de la falta de seriedad con que la gobernadora Vidal decidió resolver el conflicto gremial con la oferta salarial que hizo? Mientras tanto, por casa las cuentas dejan mucho que desear y la tan mentada (y necesaria) transparencia no se deja ver. Si en algo se parecen las promesas de campaña con la realidad de la educación es que ambas siguen en sala de espera.