Sin techo ni derecho

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Las últimas semanas se volvieron a registrar intentos de toma de terrenos por grupos familiares que carecen del acceso a una vivienda. La situación de precariedad de miles de familias del distrito, más el empeoramiento del poder adquisitivo y la desocupación agravan una realidad cada vez más compleja. Por su parte, desde el municipio nunca invirtieron más del 10% del presupuesto para contener esta problemática. Mientras tanto, un Metrobus de casi 1000 millones se terminó en un año.

La vivienda es un problema que viene de larga data. Si bien es cierto que siempre hubo familias que vivieron con necesidades básicas insatisfechas (NBI), con el paso del tiempo, la situación empeoró en lugar de mejorarse. En Quilmes vivimos una realidad muy particular porque son muchas las personas en condiciones de viviendas que carecen de alguno de los servicios básicos. De hecho, el gobierno de Martiniano Molina reconoció en marzo de 2016 que la ciudad tenía 180 mil personas que vivían en casas con NBI. Sin embargo, durante los tres años de su gobierno jamás ejecutó más del 10% de lo presupuestado para viviendas sociales o programas de villas y asentamientos.

En las últimas semanas se produjeron dos intentos de toma de tierras y viviendas, o en su defecto, grupos de personas se manifestaron para visibilizar esa problemática. La primera de ellas fue en Cno. Gral. Belgrano y La Rioja, en un predio fiscal que se encuentra sobre el borde el arroyo San Francisco. Un grupo de 50 personas se apostaron frente al predio y cortaron la ruta provincial Nº1  durante algunos lapsos que duró la permanencia en el lugar. Éste grupo nunca ocupó el predio pero su intención era visibilizar la problemática de la falta de vivienda. La mañana del martes 24 de julio, la policía desalojó “Camino” (Gral. Belgrano) y con el correr del tiempo, las personas volvieron a su lugar de origen.

La otra fue en Villa Azul, en el límite con Avellaneda. Allí también un grupo de más de 80 personas 60  que quisieron ingresar a las viviendas pre fabricadas que se encuentran en las calles  Sargento Cabral y Neuquén. Allí, hay unas 60 casas que comenzaron a construirse en 2016 pero sólo se hizo el contrapiso y las paredes. Las viviendas se construyeron con el sistema Emmedue, donde las paredes están compuestas por placas de telgopor recubiertas de una malla de acero en cada lado, revestidas en cemento. La policía llegó e impidió el ingreso.

Estas dos últimas situaciones no fueron las únicas. En 2017 se produjeron intentos de toma en Av. Lamadrid, sobre uno de los paredones del frigorífico Penta, donde permanecieron cerca de seis meses más de una docena de familias que no tenían donde ir. Otra situación similar se vivió en 2016 en los terrenos que fueron destinados para el Carrefour de Ezpeleta. Situación que fue descomprimida días después. En declaraciones con nuestro medio, Guillermo Galetto, actual secretario de servicios públicos y pre candidato a concejal de la lista de Martiniano Molina reafirmó que eran 250 mil personas con problemas de viviendas en el distrito.

Un informe del instituto IDEAL detectó que en la rendición de cuentas de 2018, es decir, de la constatación entre lo presupuestado y lo gastado, en concepto de viviendas sociales, el gobierno invirtió sólo el 7,4% que equivale a $ 28.874.059,71; de un total de $ 390.203.063,71. Sin embargo, en el Parque Lineal de Don Bosco, ubicado frente al barrio Nuevo Quilmes, la inversión fue del 82,5%. Con respecto al Programa Federal de Villas y Asentamientos, la inversión fue del 3,06%. Es decir, que de un total de $ 686.384.372,23 solo se invirtieron $ 20.990.625,78.

La situación se agrava al revisar lo hecho durante esos años de gobierno. Por ejemplo, en 2016 se ejecutó sólo el 2% de lo presupuestado para vivienda social e infraestructura. Apenas  30 millones de 1.296 presupuestados. Otro ejemplo es el programa villas y asentamientos donde invirtieron $ 8.625.237,20 de un total de $ 620.545.653,16 presupuestado. Idéntica proporción se ejecutó en la construcción de viviendas sociales durante 2016, aún después que reconocieran que en la ciudad, 180 quilmeños y quilmeñas no poseían condiciones básicas de vivienda.

Para 2017 la situación mejoró levemente. Durante 2017 fue el único año de gobierno donde se registro una merma en la caída de la actividad económica, impulsada por la obra pública. Sin embargo, la cuestión de la vivienda no contó con la suerte que si tuvieron las calles y avenidas. Para tomar los mismos ítems del documento, respecto al programa villas y asentamientos la inversión estuvo en 8,76%. El resto fue sub ejecutado. Con respecto a la construcción de viviendas el porcentaje alcanzó el 10, 55%. La pregunta que cabe es porqué se realizaron esas definiciones políticas, donde el diagnostico relevado por el propio gobierno arrojó datos concretos de la problemática de la vivienda en Quilmes. Aún así, la definición de Martiniano Molina fue desinar los fondos para otras cosas.

La situación no termina ahí, porque desde el organigrama de gobierno, existe dentro del ámbito del Honorable Concejo Deliberante, un Consejo de Tierras regido por una ordenanza desde (Gobierno de  Federico Scarabino) a partir de la cual se creó el Consejo Comunitario de Tierra y Vivienda. Dicha norma establece que el cuarenta por ciento del impuesto al derecho de construcción se destina a un fondo que se utiliza para mejoramientos barriales. La ordenanza 8289/98 otorga al municipio la atribución de regularizar la situación del derecho al acceso a la vivienda digna, tal como lo establece el artículo 14bis de la Constitución Nacional.

Éste consejo asesor deberá estar integrado por dos miembros del poder político provincial, dos integrantes del área de tierras y viviendas del municipio, dos representantes del concejo deliberante y un representante por la Vicaria Pastoral Social y la Universidad Nacional de Quilmes. Entre las tareas que debería resolver el órgano interdisciplinario es la regularización de los dominios de propiedad, la administración de los espacios fiscales y su aplicación para la construcción de viviendas sociales y espacios de esparcimiento públicos.  Brindar asesoramiento, otorgar subsidios y crear el Registro de Emergencia Habitacional, donde deberían estar inscritos aquellxs sujetos de derecho que el Estado no ha podido garantizar una vivienda digna.

Sergio Cardozo integra el Frente Barrial Barrio Novak (construido en la gestión de Sergio Villordo, en el marco del Plan Federal de Viviendas impulsado por Néstor Kirchner) y explicó que “en los ocho años que gobernó el “Barba” (Francisco Gutiérrez) nunca funcionó el consejo porque estuvo intervenido. Y con Molina recién en diciembre pasado se realizó la primer reunión donde se designaron a los representantes”. Cardozo es militante barrial en el oeste del distrito y está vinculado con l problemática de la vivienda desde hace tiempo. Él cree que “debe haber millones ahí que nunca se usaron”, dice, respecto a ese 40% que tributan las construcciones. “De Gutiérrez hasta los tres años de Martiniano nunca supimos ni nos comunicaron cuánto se recaudó y mucho menos qué podíamos llegar a hacer”, explicó Sergio.

Por su parte, el concejal Ángel García (Unidad Ciudadana) expresó que “el consejo de tierras y viviendas es un retraso más de una gestión nunca tuvo interés en desarrollar una política de tierras y viviendas para los sectores más postergados del distrito”. El concejal cree que “es importante en diciembre comenzar a revertir esta situación porque la gente necesita tener certeza de su lugar en donde vivir. Tener acceso a información para escriturar y otros mecanismos que permitan el mejoramiento de las condiciones de hábitat”.

El derecho a la vivienda es uno de los más importantes que debe garantizar una sociedad. No tener acceso a una vivienda, ya sea por un alquiler o con posibilidades de crédito para comprar, la situación se puede empeorar de manera drástica y con los peores desenlaces. Con tan sólo imaginar pasar una noche en la calle, vale para comprender lo que es vivir en situación permanente de calle. A esta situación puntual se llega por dos vías: la falta de políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y por una economía que reduce todos los días el poder adquisitivo del salario.

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