No alcanza

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Las medidas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri con el objetivo de “alivianar” la situación económica de los y las trabajadoras del país, terminaron teñidas de oportunismo electoral, ya que la suma ofrecida al sector de empleados del Estado a nivel nacional, no contempla a los trabajadores del Estado provincial ni municipal. El ofrecimiento económico del gobierno es una decisión que siempre fue criticada a la gestión kirchnerista pero ahora es una medida que tiende a recomponer los votos perdidos durante la PASO del 11 de agosto.

El decreto 589 firmado por el presidente el lunes pasado, establece “una suma fija remunerativa no bonificable por única vez” a los empleados estatales. La suma de 5000 pesos se abonará desde el 1º de septiembre y sólo estarán alcanzados los trabajadores enmarcados dentro de los convenios colectivos de trabajo general para la admiración pública. Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia accederán a una suma de 2000 pesos, en concepto de refinanciación de los aportes personales durante septiembre y octubre.

Los beneficiarios de la AUH cobrarán dos pagos extras durante septiembre y octubre, mientras que las becas Progresar tendrán un amento del 40%. Estas son algunas de las medidas tendientes a solventar la devaluación del 12 de agosto pasado, luego de conocerse el resultado electoral. La medida tiene un fuerte componente interventor del Estado, algo que el macrismo criticó durante los 12 años de la gestión kirchnerista pero ahora es utilizado para recuperar los votos perdidos en las últimas elecciones primarias.

El decreto presidencial dejó afuera a los empleados provinciales y de las diferentes intendencias. Una medida que discrimina por no pertenecer a organismos nacionales y deja en contradicción al propio gobierno. En ese sentido, Martiniano Molina puede utilizar esta coyuntura para disponer de recursos e inyectarlos en los bolsillos de los municipales. Más aún, hay que destacar que el oficialismo fue superado por más de 70 mil votos por la oposición. Ahora dependerá de su decisión y acompañar las definiciones del gobierno nacional, del que es parte, y reforzar la ayuda económica a los empleados municipales.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Quilmes (STMQ) reconocieron que esperarán a que se abran las paritarias en octubre, como así lo establece el decreto firmado por el intendente, en marzo de éste año. Raúl “Ronco” Méndez, titular del STMQ , entiende que “el gobierno tiene que darle una salida al trabajador. Nosotros pediremos lo que creemos que necesita el trabajador para poder sobrevivir cuando llegue el momento”. En diálogo con CPB, el “Ronco” cree que el intendente va a responder ante el pedido y que ya tuvo reuniones al respecto. Cabe destacar que el decreto firmado por Martiniano Molina y el STMQ no está enmarcado en el convenio colectivo de trabajo, ya que el mismo caducó el 5 de mayo. Los aumentos de 2019 fueron por decreto y no por convenio.  Por otra parte, existe otra dificultad, ya que la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal impide el aumento de los gastos corrientes de los municipios dentro de los últimos 180 días de gobierno.

Ayer, trabajadores agrupados en ATE marcharon al municipio y a la capital provincial para reclamar un aumento acorde a la pérdida de poder adquisitivo, luego de la devaluación del 23% del 11 de agosto pasado. Claudio Arévalo, secretario general de ATE Quilmes, expresó que le pidieron al intendente un aumento de emergencia y reapertura de paritarias. “Martiniano tiene que entender que no se puede vivir con un sueldo básico de 12.300 pesos”.

El aumento de emergencia es de 5000 pesos y en cuanto al pedido de recomposición salarial, el aumento que pidieron es de 46%, una cifra adecuada pero muy alejada de las posibilidades del ejecutivo municipal. Cabe destacar que ATE nunca participó del convenio colectivo porque no fue recibido por el gobierno, que acordó siempre con el STMQ. “Nosotros no podemos esperar a octubre, vamos a estar movilizados porque el salario no alcanza y no se puede aguantar la situación”, expresó Arévalo. Mañana marcharán al Ministerio de Trabajo donde habrá reunión del Consejo del Salario y pedirán que sea de 31.600 pesos el mínimo vital y móvil.

Por otra parte, desde el SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) conocen la problemática de la gestión y también son de los gremios excluidos  de las discusiones paritarias por el gobierno de Molina. Ricardo Terrizano es su secretario general y entiende que “en estos dos últimos años perdimos más del 45% del salario”. Compara el salario de Quilmes con Avellaneda o Berazategui que están en los 20 mil pesos contra los 12 mil de acá. “Quilmes tiene el salario más bajo de los distritos del conurbano sur”, afirma.

“Las medidas del gobierno tendrían que haber sido hace un año atras pero esto no va a corregir mucho de todo el desastre que hicieron”, dice Terrizano. Por otra parte, entiende que “esta gestión es la peor de todas para los municipales, porque los sueldos son bajos y el apriete que hay a los compañeros es tremendo”. El dirigente gremial afirma que trabajadores municipales son extorsionados a cambio de horas extras, las que son aceptadas siempre y cuando haya un retorno. “Le dan horas extras a la gente porque las necesita pero le pasan 60 y les pagan 30”, dice Ricardo.

 La situación económica y laboral de los trabajadores municipales no es buena y no apunta a mejorar. Una inflación que no da tregua avanza y los salarios no cubren las necesidades básicas. La ayuda que ofreció el presidente Mauricio Macri no alcanza para aliviar las carencias económicas y además, la medida no alcanza a los municipales ni a los trabajadores provinciales. En la última sesión ordinaria, el concejal Ángel García realizó el pedido desde una minuta de comunicación, donde insta al intendente a que acompañe la medida presidencial, y adhiera otorgándole a los municipales un aumento de 5000 pesos. Ahora deberá ser el ejecutivo municipal que escuche un pedido que es de los trabajadores municipales pero también, que cuenta con la aprobación del consejo deliberante.

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