Intendentes del interior de todo el país firmaron ayer una solicitada en la que repudiaron la «persecución judicial» contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Además expresaron su «preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social».
Fueron 509 los intendentes de 22 provincias los que manifestaron que existe una «persecución judicial» contra Cristina en referencia al juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y alertaron que el proceso «se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación», lo que «constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente».
«Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos», finaliza así el comunicado.
A su vez, legisladores nacionales del oficialismo señalaron en las redes sociales que «desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra», que luego son amplificadas «en los medios de comunicación que responden a las grandes corporaciones», además de un Poder Judicial «alineado con los intereses de los poderosos».
Por otro lado, se espera que este lunes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyan la última de las nueve audiencias, que les otorgó el tribunal, para formular el pedido de condena. Luego llegará el turno de los alegatos de las defensas.