Por Romina Elisabet Cuevas Lic. en Historia IUNma y Prof. en Ciencias Sociales UNQ
Otro 24 de marzo para recordar, reflexionar y ¿por qué no? celebrar la Memoria, la Verdad y la Justicia que supimos conseguir. Este año se enlaza con el aniversario 40° de la Democracia, dos fechas que condensan dos momentos bisagras de nuestra historia reciente. La segunda contiene a la primera en sentido cronológico y en sentido intrínseco.
El derrotero de las denuncias, impugnaciones, impunidades, explicaciones y representaciones acerca del genocidio cometido durante la última dictadura cívico-militar en estos 40 años de Democracia, es al mismo tiempo el derrotero de las condiciones de posibilidad que ésta última ha generado para reparar el dolor, brindar justicia, saldar deudas sociales y económicas que el modelo económico y social de la dictadura produjo de modo estructural con consecuencias catastróficas para la sociedad argentina.
El Plan Económico del Terrismo de Estado
La instauración de la última dictadura cívico-militar el 24 de marzo de 1976 tras el golpe de Estado al gobierno de María Estela Martínez de Perón, autodenominado “proceso de reorganización nacional”, puso a rodar inmediatamente de forma sistemática a la maquinaria estatal para secuestrar, torturar, matar y desaparecer a militantes barriales, estudiantiles, sindicales, eclesiásticos, dirigentes políticos y sociales, profesionales y también para desandar toda la estructura económica y productiva del país.
El 2 de abril de 1976 José Alfredo Martínez de Hoz presentó el “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”, allí sentó las bases del nuevo modelo económico de acumulación basado en la valorización financiera: el neoliberalismo.
El decreto Ley 21.526 de Entidades Financieras junto a la descentralización de los depósitos y la liberalización de las tasas de interés provocaron la desregularización del sector en pos de la concentración, extranjerización y privatización. A través del endeudamiento externo fracciones del capital dominante realizaban colocaciones en títulos, bonos, depósitos, etc. en el mercado interno para valorizarlos a partir de la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional y posteriormente fugarlos al exterior.
De este modo, la dictadura militar interrumpió drásticamente el proceso de industrialización por sustitución de importaciones e impuso un modelo social de acumulación basado en la valorización financiera. En los primeros años de dictadura más de 20.000 industrias cerraron, el producto bruto del sector cayó cerca de 20% entre 1976 y 1983 y hacia el final de la dictadura en 1983 el endeudamiento externo superó los 45.000 millones de dólares.
Desarmar la resistencia social, destruir la organización política y gremial, romper las redes de contención y eclosionar el tejido social para implantar un modelo económico excluyente a través de un plan sistemático de desaparición de personas y de un plan de destrucción económica. Fue terrorismo de Estado y también fue terrorismo económico.
Con la Democracia
Sin dudas el dramático desenlace de la Guerra de Malvinas con el atroz saldo de 649 soldados caídos precipitó la salida, por vía democrática, de la dictadura militar. Hacia junio de 1982 con el fin de la guerra, se agudiza la crisis política interna de la Junta militar provocando su disolución. Comienzan entonces los acuerdos para la reapertura democrática entre los principales partidos políticos, el Partido Justicialista con Ítalo Lúder y la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín como su principal figura. Finalmente es Alfonsín quien resulta ganador en las elecciones presidenciales de octubre de 1983 con poco más del 51% de los votos.
Apenas asume el nuevo gobierno constitucional, se dictan los decretos 157/83 y 158/83, el primero declaraba la necesidad de perseguir penalmente a los líderes de grupos insurgentes y armados, mientras que el segundo decreta el enjuiciamiento de 9 comandantes de las tres primeras Juntas militares.
Después de los Juicios de Núremberg, donde se condenaron a militares, funcionarios, colaboradores y altos mandos del régimen nazi, el Juicio a las Juntas de 1985 constituyó un proceso único de juicio civil contra las tres primeras Juntas militares, allí fueron condenados Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
De esta manera, a través del enorme trabajo realizado por la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) se recogieron más de 1.500 testimonios de sobrevivientes en todo el país que posibilitaron sentenciar 709 casos y escuchar a 839 testigos que estremecieron al pueblo entero. El Informe “Nunca Más” fue la base documental para demostrar la planificación sistemática de detenciones y desapariciones. No obstante, cabe mencionar la teoría de los dos demonios que de allí se desprende como explicación y/o interpretación de la violencia que tuvo dos bandos enfrentados, colocando a la sociedad como víctima, inerte y rehén de la violencia.
Hacia 1987 se producía la primera sublevación de cuatro en total por parte de miembros del Ejército que buscaban impunidad alegando obediencia debida y exigiendo el punto final a los juicios. Por otro lado, el gobierno de Raúl Alfonsín estuvo marcado por una alta deuda externa que entró en default en 1988, ni el Plan Austral ni el Plan Primavera pudieron frenar la hiperinflación que estalló en 1989. Aquellas premisas que «con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura» parecían quimeras.
La impunidad y el modelo neoliberal de los 90’, parecían revivir el horror sin posibilidad de imaginar un horizonte posible de justicia y soberanía. Pero fueron una vez más los organismos de DD.HH, Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los HIJOS y familiares de los detenidos-desaparecidos quienes denunciaban la política de impunidad y saqueo económico del gobierno de Carlos Menem.
A las leyes de Obediencia Debida y Punto Final le siguieron los indultos, todos los comandantes sentenciados recuperaron la libertad., mientras el país se sumergía en la más agónica crisis social y económica producto de las políticas de desindustrialización, endeudamiento externo, precarización laboral, privatizaciones de los servicios públicos, reducción de la seguridad social y el Estado a la mínima expresión. El aparato productivo del país completamente devastado no fue otra cosa que la ruptura total del tejido social y el desmantelamiento del Estado como actor social.
El nuevo siglo nos encontró en las calles hastiados, rotos y hambrientos, enfrentando tantas injusticias, la crisis del 2001 cristalizó -como en ningún otro momento-las consecuencias más intestinas del plan económico y social de la dictadura cívico-militar de 1976.
Memoria, Verdad y Justicia durante 2003-2015
A partir del año 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner se abrió una etapa de Reparación, de Verdad, de Memoria y de Justicia. El 21 de agosto de 2003 se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que dieron lugar a la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. De esta manera, el Estado argentino reconocía, por primera vez, el genocidio producto del terrorismo de Estado. Asimismo, en 2004 la recuperación de la Ex Esma como Espacio de Memoria y Derechos Humanos y en 2006 la reedición del prólogo del «Nunca Más», al cumplirse 30 años de la primera publicación constituyeron el basamento de aquel pronunciamiento histórico.
En esta reedición del prólogo se denuncia el carácter genocida del terrorismo de Estado que buscaba la destrucción de una forma de acción social, de lucha sindical, estudiantil y barrial, a la vez que se intenta una recuperación de las identidades, de la militancia, de los anhelos de justicia social y de Patria por la que lucharon esa generación de 30.000 detenidos-desaparecidos.
Los DD.HH se constituyen en política de Estado y el Movimiento de Derechos Humanos acompañó -casi sin fisuras- a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
A la fecha hay más de 1.000 condenados por delitos de lesa humanidad y Jorge Rafael Videla terminó sus días preso en la cárcel común. La reparación de justicia también fue posible para los ex combatientes de Malvinas, quienes fueron reconocidos en sus derechos sociales como veteranos de guerra.
Por otro lado, el modelo económico de crecimiento con inclusión social permitió el desendeudamiento externo y el crecimiento sostenido del PBI durante 12 años consecutivos. El despliegue de las políticas públicas socioeconómicas llevadas adelante desde 2003 hasta 2015, dieron por resultado una distribución de la riqueza en favor de los trabajadores en torno al 50%, disminuyendo drásticamente los índices de pobreza e indigencia producto de la actividad económica como también de las políticas redistributivas, quizás las más importantes hayan sido la Asignación Universal por Hijo, la nacionalización del sistema previsional y la estatización de los fondos de las AFJP. la reestatización de YPF y la reapertura de paritarias.
La persistencia de la Democracia
Durante el gobierno de Mauricio Macri el discurso altamente nocivo, respecto de las políticas de DD.HH llevadas a cabo durante los años de kirchnerismo, sumado a la enorme campaña de desprestigio a los organismos de DDHH como Madres de Plaza de Mayo y el fallo de la Corte Suprema que por mayoría declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad, conformaron los elementos de la teoría de los dos demonios recargada como bien señala el sociólogo Daniel Feierstein. El negacionismo, la reinvindicación del genocidio y los discursos de violencia reaparecieron con fuerza durante el macrismo horadando la democracia, a la vez que se imponía un modelo económico con recortes sociales y endeudamiento externo. La deuda contraída por más de 45.000 millones de dólares en tan solo 1 año, el plazo y los montos desembolsados inéditos para el propio funcionamiento del FMI, se tradujeron nuevamente en una enorme fuga de capitales al exterior en detrimento de la producción y el empleo. El deterioro económico y social que se produjeron en tan solo 4 años son al mismo tiempo comparables con el desprecio por los organismos de Derechos Humanos y las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, sin olvidar los manejos inescrupulosos de facciones del Poder Judicial que forman parte del lawfare contra dirigentes políticos, y la Corte Suprema de Justicia con miembros elegidos por decreto de modo arbitrario y no acorde a derecho.
Por último, el 1 de septiembre de 2022 se produjo el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hecho que un arco importante de políticos, intelectuales, dirigentes nacionales, referentes internacionales, mandatarios, ex presidentes y hasta el Papa Francisco han repudiado y calificado como un acto terrorista contra la democracia. La propia vicepresidenta apuntó el hecho como la ruptura de aquel “pacto democrático” establecido a partir de la recuperación democrática de 1983.
La Democracia persiste como forma de organización social y política aún cuando se la cuestione, niegue o clausure; persiste porque es idea fuerza para organizar las demandas sociales; persiste porque es influjo de ideales; persiste porque es horizonte de igualdad; persiste porque es condición de posibilidad y persiste porque es tamiz del pasado, del presente y del futuro de una Nación.