El grito de las universidades

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El malestar que están atravesando las universidades nacionales está empezando a impactar. La falta de aumento salarial y el ajuste presupuestario por parte del Gobierno encendieron la alarma. El 80% de los docentes agremiados decidieron no dar clases durante el segundo cuatrimestre. Desde febrero de 2018 las universidades no reciben el dinero que el Ministerio de Educación debe girar para su normal funcionamiento. El rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar expresó a CPB Noticias «mucha preocupación» ante «importante  problema financiero y económico generado». Su par de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, señaló que declararán la emergencia presupuestaria y financiera por el resto del año «para congelar gastos y pagar sueldos».

Esta semana la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu),  tras la realización del Plebiscito Nacional Universitario,  decidió no retomar las clases tras el receso de invierno, frente al techo salarial del 15 por ciento y el ajuste en la universidad que se profundiza con los dictados del Fondo Monetario Internacional.. Así lo definieron el jueves 5 en el último Plenario de Secretarios y Secretarias Generales y fue acordada con la Conadu Histórica, involucrando así a casi la totalidad de la comunidad docente universitaria del país.

La medida de fuerza tuvo un contundente apoyo (más del 80% de las y los docentes se inclinó por la necesidad de profundizar el plan de lucha ante la ausencia de un aumento durante todo 2018 y el ajuste).  Entienden que el combo de políticas económicas del actual Gobierno ha deteriorado fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores,  empeorado por el congelamiento de las paritarias en un 15 por ciento y un ajuste al presupuesto público mientras que la inflación ya se estima en un 30 por ciento anual.

 “El Gobierno no tiene voluntad para discutir una propuesta salarial distinta al 15% de aumento que ya nos hicieron en marzo. Y el ajuste presupuestario va a significar que en algún momento se produzcan pérdidas de fuentes de trabajo en las universidades. Hay un malestar muy grande, que quedó claro con el plebiscito y que nos da más fuerza para sostener el plan de lucha. Pero es necesario que podamos ir sumando a otros sectores con un reclamo generalizado sobre la situación universitaria. Y tener siempre en claro que esta pelea la damos en un marco más macro que tiene que ver con torcerle el brazo a un modelo económico. No existe la idea de que la universidad sea una isla, porque el nivel de ajuste que está imponiendo hoy el FMI hace que todo el aparato del Estado tenga que reducirse”, señaló el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, al abrir el Congreso.

El jueves 5 se realizó un congreso extraordinario de la federación y se oficializó la medida ante la falta de respuesta por parte del Gobierno. Los docentes universitarios no percibieron aumentos de sueldo durante este año.  Sólo recibieron un anticipo a cuenta de un futuro acuerdo paritario del 5%.

«Luego de haber desenvuelto un plan de lucha con 19 días de paro hasta el momento, dos marchas nacionales y múltiples actividades en todo el país, la resolución de no comenzar el 2º cuatrimestre expresa el hartazgo y bronca de la docencia universitaria y preuniversitaria que desde noviembre tenemos congelado nuestro salario», expresaron en un comunicado.

Reclaman que hace 60 días el gobierno nacional y los rectores no convocan a la comisión paritaria del sector.

Este fue el contexto que, sumado a la reducción del presupuesto y el ajuste que se avecina por el acuerdo con el FMI, hizo que todos los secretarios generales del país decidieran llamar a los docentes de cada casa de estudios a que se expresen en las urnas.

En este marco, este lunes 9 de julio las y los universitarios se sumaron también a participar del acto popular organizado por las distintas centrales sindicales y movimientos populares en la avenida 9 de julio de Capital Federal bajo la consigna “La Patria no se rinde, fuera el FMI”.

CONURBANAS

En las universidades del conurbano el impacto de la falta de presupuesto no tardó en hacerse sentir. La última vez que se vivió algo parecido en la Universidad Nacional de Quilmes fue durante la crisis de 2001. En diálogo con CPB Noticias, el rector de la UNQ, Alejandro Villar, señaló que «el malestar que hay en los docentes universitarios es muy grande. Que no se haya cerrado las paritarias es muy preocupante. Entendemos que los gremios tienen que hacer todo lo posible para ser escuchados». Por otro lado expresó «mucha preocupación porque afecta al funcionamiento de la universidad y a nuestro espacio de trabajo. Somos todos docentes, algunos ejerciendo funciones políticas coyunturales, que queremos que todos nuestros compañeros tengan buenas condiciones de trabajo.»

Desde febrero de 2018 el Gobierno nacional dejó de enviar el dinero presupuestado para el normal funcionamiento de las instituciones de altos estudios. «Nos ha generado a todos un problema financiero y económico importante, recién ahora el Gobierno empezó a girar algo de plata», expresó Villar.

En la Universidad Nacional de Avellaneda la situación también es preocupante. Su rector, Jorge Calzoni, señaló que al igual que en otras universidades, declararán una emergencia presupuestaria y financiera por el resto del año «fundamentalmente para congelar gastos y pagar sueldos».

Hace dos semanas el Consejo Interuniversitario Nacional junto a algunos rectores de universidades nacionales se reunieron con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, a fin de plantear la problemática. Los funcionarios prometieron regularizar la situación y que las universidades «llegarán» a fin de año. «Se supone que lo van a cumplir, pero lo que estamos viendo es que las partidas llegan con mucho atraso y no llega lo planificado sino mucho menos. Esto nos obliga a repensar, esperemos que lo resuelvan», expresó a CPB Noticias, Calzoni.

Con respecto a la aplicación de la medida de fuerza por parte de las y los docentes, Villar señaló que «en estas condiciones el Gobierno todavía tiene todo el mes de julio para hacer un acuerdo paritario con los gremios. Esperemos que llegue a buen puerto.» Por su parte Calzoni señaló que apoya los reclamos de los docentes, pero cree que hace falta una medida de paro activo «integral» que impacte y sume el acompañamiento de la sociedad, sin tener que frenar el inicio de clases. «Si dejamos de dar clases, los sectores más vulnerables no vienen más y la deserción continuará subiendo», aseguró.

LO QUE VIENE

El fuerte recorte a las universidades se da en un escenario económico y político en receso. Los compromisos asumidos por el Gobierno ante el mercado y el FMI implican un ajuste fiscal adicional de 61.800 millones de pesos para este año y de 425 mil millones en 2019. Teniendo en cuenta que el impuesto más importante es el IVA, que depende directamente de la actividad económica (afectada por las medidas del Gobierno), no se llegaría a alcanzar la meta fiscal del año que viene sin tocar partidas más sensibles vinculadas a la seguridad social.

El propio Gobierno redujo sus ingresos a partir de las concesiones tributarias para el sector empresarial. Un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)  calcula que la reforma implica para 2019 una baja de ingresos de 71 mil millones de pesos. Se eliminaron retenciones al maíz y el trigo y se aplicó un programa de rebaja paulatina en la soja. Estos cambios impactaron en los ingresos públicos que cayeron 62.956 millones de pesos. La reducción del impuesto a las ganancias significa una reducción de al menos 21 mil millones de pesos.

El CEPA calculó la necesidad del ajuste fiscal el año que viene con un crecimiento del 2 por ciento y una inflación del 24 por ciento. Si el Gobierno no aplicará ningún cambio fiscal, en ese escenario el déficit subiría 0,8 punto porcentual. El “sobreajuste” necesario, entonces, llega a los 425 mil millones de pesos para llegar a la meta del déficit del 1,3 por ciento.

El acuerdo con el FMI traerá más recorte a los subsidios del gas y la electricidad, que implicarían un “ahorro” fiscal de 56.250 millones de pesos el año que viene. Al transporte público se ajustarán 30 mil millones y a los salarios públicos 78 mil millones de pesos, detalla el CEPA.

La educación y la salud otra vez serán una fuerte variable de recorte a las provincias: “el recorte será por unos 45 mil millones, un 30 por ciento de lo que reciben actualmente”, señalaron desde CEPA. 9 mil millones serán recortados de energía, transporte, vivienda y agua potable.

Para las universidades se espera un recorte de recursos “en 20 mil millones para 2019 y en gastos de capital invertidos directamente por Nación, por más de 30 mil millones para 2019, cifra equivalente a la ajustada en 2018”, agrega el CEPA.

El informe advirtió que el efecto recesivo que tendrán los recortes implica la necesidad de más ajuste fiscal. En ese escenario, el Gobierno podría atacar partidas más sensibles como asignaciones familiares para trabajadores registrados, pensiones no contributivas u otros programas como Progresar y Argentina Trabaja.

El panorama está oscuro para todas las universidades nacionales. En La Plata los funcionarios, docentes y trabajadores ya atravesaron batallas y pudieron sortear la crisis de 2001. En universidades como la de Córdoba (Río IV) y la de Quilmes ya se encuentran atrasados con los pagos de los sueldos.

RECUADROS

Alejandro Villar – UNQ

«El malestar que hay en los docentes universitarios es muy grande. Que no se haya cerrado las paritarias es muy preocupante. Entendemos que los gremios tienen que hacer todo lo posible para ser escuchados y se tengan en cuenta sus reclamos. El Consejo de Rectores se reunió con el Jefe de Gabinete y le pidió que acordaran y cerraran la paritaria porque ha sido un cuatrimestre muy conflictivo y que ha generado muchos problemas para el funcionamiento de la Universidad. Este conflicto con los docentes los vivimos con mucha preocupación porque afecta al funcionamiento de la universidad y a nuestro espacio de trabajo. Somos todos docentes, algunos ejerciendo funciones políticas coyunturales, que queremos que todos nuestros compañeros tengan buenas condiciones de trabajo. Estamos preocupados por eso y cómo afecta al funcionamiento de la Universidad. En estas condiciones el Gobierno todavía tiene todo el mes de julio para hacer un acuerdo paritario con los gremios. Esperemos que llegue a buen puerto. Hay una gran preocupación en todas las universidades por la situación presupuestaria, esperamos que se vaya resolviendo. Es muy preocupante porque hay universidades que están sin plata para afrontar los gastos del funcionamiento. El tema nos preocupa muchísimo. Desde febrero no han girado la plata para el funcionamiento, lo cual nos ha generado un problema financiero y económico importante. Recién ahora el Gobierno empezó a girar algo de plata, fue una de las demandas que el Consejo de Rectores presentó al Jefe de Gabinete.

Jorge Calzoni – UNDAV

Las universidades nuevas, menores a los diez años como UNDAV, requieren un presupuesto con un 10 o 15 por ciento más que el resto de las universidades por el aumento de aulas, docentes, no docentes, entre otras cuestiones. A partir de 2016 sólo venimos pudiendo pagar gastos y alguna que otra obra que nos quedó pendiente. Ahora estamos en una situación difícil. Generalmente esta situación se iba corrigiendo año a año, pero desde 2016 esto no sucedió más y no sabemos qué sucederá este año. La situación concreta real que tenemos en la UNDAV es que si no se llega a ejecutar la planilla que contempla estos gastos, estamos en dificultades para pagar el sueldo de fin de año y aguinaldo. Creo que vamos a declarar una emergencia presupuestaria y financiera por el resto del año, fundamentalmente para congelar gastos y pagar sueldos, al igual que hicieron otras universidades. A esto se suma que hoy (martes 10) salió en el Boletín Oficial que se eliminaron los convenios, un adicional que ayudaban a sobrevivir.

Las medidas de fuerza servirían si fueran medidas integrales donde participaran todos los gremios, claustros, la comunidad universitaria y la sociedad. Creo que la medida que haga un gremio de docentes universitarios no tiene un impacto que haga reflexionar o que obligue a repensar las cosas. Apoyo todo lo que están solicitando los docentes, pero discrepo en las cuestiones de cómo parar esto. Si no iniciamos las clases esto va a perjudicar más a los chicos de las zonas vulnerables. Hasta ahora siempre hicimos paro activo. Si dejamos de dar clases, los chicos no vienen más. Los rectores venimos trabajando e intentando de agotar todas las instancias posibles. Hay que buscar los mecanismos y paralelamente tratar de sostener la vida de las universidades porque sino la deserción continuará subiendo. Tenemos que buscar ir de la mano de la sociedad, donde cuidemos a los chicos, los docentes, no docentes, y que con la sociedad defendamos la educación pública, gratuita y de calidad. Por más que nos quieran hacer creer que esto no es así en todas las encuestas de opinión, las organizaciones más creíbles de la Argentina son las universidades.

El Jefe de Gabinete y el Ministro de Educación garantizaron al CIN que no habrá subejecución presupuestaria y que llegaremos a fin de año. Se supone que lo van a cumplir, pero lo que estamos viendo es que las partidas llegan con mucho atraso y no llega lo planificado sino mucho menos. Esto nos obliga a repensar, esperemos que lo resuelvan.

Con las medidas del FMI las universidades son vistas como un gasto infernal y la verdad es que el gasto universitario ronda el 0.8% del PBI. No van a ahorrar nada con nosotros. Lo único que estamos pidiendo es que nos den la plata que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Esperemos que puedan cumplir.

La deserción de alumnas y alumnos aumentó año a año desde 2016, y ahora es mayor. Recibimos muchos pedidos de trabajo, de familias que se quedaron sin trabajo y no tienen para comer o para viajar. Eso impacta fundamentalmente en la regularidad. Se nos piden números que son imposibles de cumplir si no está el Progresar, si hay dificultad para acceder al boleto estudiantil, si se reducen las becas, si se dan de baja los programas sociales. Todo eso conforma un combo que hace dificultoso sostener asistir a la universidad.

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