Por Esteban Rodríguez Alzueta*
La semana pasada, en otro acto de matonerismo político, conocimos la Resolución del Ministerio de Seguridad que blanqueaba la doctrina Chocobar formulada por la ministra Patricia Bulrrich meses atrás, después de que un oficial de la Policía Local que vivía en el barrio de la Boca fusilara por la espalda a un joven de 18 años, Juan Pablo Kukoc, que supuestamente acababa de robar a un turista junto a otro joven. No se trata de un decreto, ni si quiera de un protocolo que paute el uso legítimo de la fuerza letal, sino de una disposición del poder ejecutivo a través de la cual se intenta no sólo avanzar sobre facultades propias del poder legislativo sino correr los umbrales de razonabiliadad y proporcionalidad prevista en el artículo 34 del Código Penal y los estándares internacionales de derechos humanos constitucionalizados en 1994. En efecto, la Resolución en cuestión vuelve sobre lo que ya estaba dicho en la legislación de fondo, pero agregándole una causal que habilita el uso de la fuerza letal, y lo hace en estos términos: [el agente policial] “hará uso de las armas de fuego para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.
No es el lugar para hacer un ejercicio de dogmática penal. Se lo dejamos a los operadores judiciales en los numerosos casos que seguirán en los próximos años. Sólo queremos recordarles a los policías y el resto de la ciudadanía que la resolución del poder ejecutivo avanza sobre facultades que son de exclusiva competencia del poder legislativo, que una resolución ministerial no está por encima de una ley. Decirles también que el gobierno está sembrando de pistas falsas el quehacer policial y que sus agentes deberán aprender rápidamente a discernir lo legal de lo ilegal sino quieren perder el trabajo y pasar una temporada en la cárcel.
El gobierno no está improvisando. Las frases se propalan en un contexto electoral que, producto de la crisis de desconfianza -ante la crisis económica del país-, se anticipó mal que le pese al gobierno. En este contexto, cuando el gobierno no puede hacer política con el trabajo porque cada vez hay más desocupados y siguen cerrando las fábricas; cuando no puede hacer política con el consumo porque la inflación y el aumento de tarifas licuaron la capacidad de consumo de los votantes; si no puede hacer política con la salud y la educación puesto que fueron carteras que conocieron importantes ajustes; si no puede hacer política con la vivienda porque las tasas se fueron por las nubes; si no puede hacer política con la seguridad social porque la reforma previsional dejó en a los jubilados mal parados; al gobierno le quedan muy pocos lugares para presentarse como merecedores de votos en el mercado de la política. Uno de los pocos lugares que les queda es la seguridad. Por eso tenemos a Bulrrich prometiendo mano dura, repartiendo patrulleros, inventando enemigos a la altura de los fantasmas que asedian el imaginario gorila de la vecinocracia. El gobierno promete más penas, más policías y más cárceles a cambio de votos. Hace política con la desgracia ajena, manipulando el dolor de las víctimas. El gobierno le dice a la gente lo que esta quiere escuchar, lo que esta siente y reclama sin detenerse a pensar dos segundos, escupiendo para arriba.
Todo esto lo hace, además, haciéndose eco de la estrategia electoral exitosa de Bolsonaro que el gobierno –está visto- buscará emular. El gobierno juega con fuego. Está dispuesto a desautorizar a la democracia con todas sus reglas para recomponer la confianza, sin importarle que este nuevo pacto sea el resultado del miedo que el mismo genera. En definitiva, se gobierna de facto más allá del estado de derecho, autorizando a las policías a disparar primero y preguntar después.El gobierno hace pivote en la indignación de la vecinocracia no sólo para sortear o clausurar los debates pacientes que reclama el juego democrático sino para provocar y legitimar la represión. Y lo hace alimentado microfacismos que avivan la violencia social, habilitando la fuerza letal del estado que, está visto, no solo será incapaz de desandar el delito y detener la venganza, sino que lo hace sabiendo que la violencia se puede llevar puesta la democracia.
*Docente e investigador de la UNQ. Director del LESyC y miembro del CIAJ, organismo de derechos humanos. Autor de Temor y control y La máquina de la inseguridad.