Por Hugo «Pájaro» Colaone*
Santiago Maldonado desapareció en el marco de un operativo represivo de gendarmería para evitar el corte de la ruta 40, lindera al predio de la comunidad mapuche de Cushamen. Protestaban por la detención de Facundo Jones Huala, referente de esa comunidad.
Desde el 1 de agosto en que desapareció, hasta que encontraron su cuerpo, pasaron 79 días. Se lo negó, se mintió, se inventaron versiones falsas sobre su paradero, se lo estigmatizo, que fue acuchillado, que se lo vio por Entre Ríos, por Ushuaia, por Mendoza, por Chile o en una peluquería de San Luis. Todo tendiente a ocultar la desaparición forzada, como dice la caratula, y utilizando la conocida metodología para encubrir estos hechos.
El Estado tuvo la responsabilidad por estar involucrado en dicho operativo al mando o supervisado por Pablo Noceti, jefe de gabinete de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, que también trataron de ocultar su paso por Esquel. A su vez el primer juez de la causa fue apartado por no haber tomado medidas básicas ante la sospecha de la participación de gendarmería.
Organismos internacionales como el comité contra las desapariciones forzadas de naciones unidas y la comisión interamericana de derechos humanos solicitaron medidas urgentes para que el gobierno nacional actúe inmediatamente. Pero la negación era su única respuesta junto al maltrato a la familia y la identificación de los mapuches con el terrorismo, por ende Santiago era un terrorista. Y el trasfondo económico era el cuestionamiento al terrateniente Benetton por ocupar tierras que les pertenecen a un pueblo preexistente a la Argentina.
El nuevo juez, una vez terminada la autopsia, se apresuro a decir que no tenía golpes. Los que pasamos torturas y palizas en la dictadura sabemos que los milicos dejaban pasar un mes antes de legalizar una situación.
Quedan muchas incógnitas todavía para saber qué fue lo que realmente sucedió, cómo y cuándo murió, porque estuvo 79 días desaparecido, cómo se mantuvo en ese estado el cuerpo, porqué el buen estado del documento, dónde están los celulares. Pero fundamentalmente quien fue el brazo ejecutor y quien dio la orden política para la represión. El Estado es responsable.
*Miembro del colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia