Tierras de nadie: la toma en barrio La Matera

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El Barrio La Matera, conformado hace 17 años cuando el país era atravesado por la crisis del 2001, está ubicado en San Francisco Solano y en los últimos años se hizo conocido por ser el barrio de “las casas de telgopor”, tal como lo presentó un informe periodístico durante 2016. Las  viviendas sociales fueron licitadas en 2015 durante la gestión del ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez.

La toma de tierras que volvió a originarse en un terraplén del barrio es una pelea de pobres contra pobres. Por un lado están quienes ya tienen su vivienda en la zona y por otro, quienes buscan un espacio dentro del terreno ubicado en la Calle 822 y 891 del barrio La Matera. Los primeros se oponen a esta ocupación ya que ese espacio lo utilizan como camino alternativo frente a las inundaciones.

«Cuando el estado desaparece, en los barrios más periféricos, rige la ley del más fuerte y aparece violencia entre vecinos, necesitados contra necesitados», explicó Pablo Reynoso, miembro del equipo Pastoral Social del Obispado de Quilmes, quienes desde hace años que trabajan sobre el tema de tierras y estuvieron presentes en la toma.

 

El terraplén se construyó hace algunos años para canalizar el agua porque La Matera es un barrio que está bajo con respecto a otros. El martes 11 de junio la Municipalidad de Quilmes envió a las fuerzas de seguridad a que desalojaran a alrededor de treinta familias que habían tomado parte del terraplén, aunque más tarde volvieron porque aseguran no tener dónde vivir. Lo mismo sucedió el lunes 17, donde una topadora y un camión municipal iban con la orden de desalojar pero los vecinos no permitieron su paso.

 

El viernes 14, miembros de la Pastoral Social estuvieron en el lugar y pidieron a la Municipalidad que se haga cargo y actúe como mediador en el conflicto, ya que la confrontación entre los vecinos se estaba saliendo de control y llegó a haber peleas con golpes de puño.

“Es necesario que se haga presente el Consejo de Tierras del Municipio de Quilmes para censar a las familias que necesitan un lugar dónde vivir”, expresó el dirigente a CPB Noticias.

Los vecinos que se oponen a la toma de tierras aseguran que el terraplén, donde las familias intentan construir viviendas, es el único camino para entrar y salir del barrio cuando la calle 822 se inunda.

Una versión de los vecinos sostiene que dicho terraplén es un terreno privado, por lo que sería imposible que puedan instalarse en el lugar. Aunque actualmente el espacio es un basural a cielo abierto donde los carreros arrojan gran cantidad de residuos.

“La situación económica está cada vez peor. Los vecinos no pueden pagar un alquiler y las familias empiezan a desarmarse porque la olla no alcanza. Es lo que pasa en las situaciones de crisis”, explica Pablo, que ya vivió  experiencias parecidas en otras épocas de crisis. “Te encontras con la necesidad de las familias que están buscando un terreno, con la desesperación de los vecinos que no quieren que les ocupen el lugar porque saben que se inunda y con gente que siempre está esperando las tomas por el tema de la venta de los lotes. Y en la venta de lotes o cualquier cosa que se vende ilegalmente en el conurbano, la policía siempre cobra algún tipo de comisión.”

 

CONSEJO COMUNITARIO DE TIERRA Y VIVIENDA

 

En Quilmes rige una ordenanza desde el año 1998 (Gobierno de  Federico Scarabino) a partir de la cual se creó el Consejo Comunitario de Tierra y Vivienda. Esta ley municipal establece un presupuesto propio: el cuarenta por ciento del impuesto al derecho de construcción se destina a un fondo que se utiliza para mejoramientos barriales.

«Esa ordenanza la redactamos a un paso de la crisis, como ahora», señala Pablo. «Cada vez que un abogado va a sellar un plano en la Municipalidad, en obras públicas, paga la tasa del impuesto a la construcción. Y ese cuarenta por ciento va a parar al concejo de tierras.»

“En un principio, la ordenanza funcionó. Pero durante la gestión del «Barba» Gutiérrez, éste la intervino durante ciento veinte días y nunca más la convocó. No volvió a funcionar pero siguió recaudando, porque la ordenanza está», asegura el miembro del equipo de la Pastoral Social.

 

El Consejo de Tierrras está compuesto por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, representantes de barrios, la Universidad Nacional de Quilmes y el Obispado.

 

Al asumir Martiniano Molina en 2016, convocó a los miembros del Consejo para regularizar la situación. «Tuvimos cinco reuniones durante todo el 2016 con la responsable del área de Tierras de la Municipalidad, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de María Ángel Sotolano. Durante todo el año nos estuvieron prometiendo que nos iban a convocar, que nos iban a decir dónde están los recursos, qué se usó, cuánto iban a destinar a los barrios, pero no pasó nada.»

 

A principios de 2017, miembros del consejo presentaron un recurso legal a la Municipalidad, a través de la ley de acceso a la información pública, pidiendo que informe dónde están los recursos, cuánto hay en la cuenta bancaria destinada a ese fin, y cuándo convocarán al Consejo de Tierras. «Como en Quilmes ya no hay tierras, la gente empieza a tomar lo peor de lo peor. Un terraplen, un basural, un lugar contaminado. Es el resultado de las políticas de Estado que llegan hasta donde llega el asfalto», opina Pablo.

 

Durante el breve tiempo que pudo funcionar, el concejo había logrado distintas mejoras barriales a través del fondo de financiamiento. Se compraron herramientas y equipamientos, se contrataron agrodimensores, se entregaron subsidios para distintas organizaciones de diferentes barrios para mejoramiento barrial. «Dio resultados. Lo que pasa es que las experiencias de presupuestos participativos siempre son difíciles para el Estado», concluyó Pablo.

¿Qué dice la ordenanza?

En noviembre de 1998, el Honorable Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 8289/98 que otorga al municipio la atribución de regularizar la situación del derecho al acceso a la vivienda digna, tal como lo establece el artículo 14bis de la Constitución Nacional. Por tal motivo, la legislación local  establece la creación del Fondo Municipal de Tierras y Viviendas, por el cual se costituye un Banco de Datos y un Concejo asesor, que deberá estar integrado por dos miembros del poder político provincial, dos integrantes del área de tierras y viviendas del municipio, dos representantes del concejo deliberante y un representante por la Vicaria Pastoral Social y la Universidad Nacional de Quilmes. A su vez, deberán integrar el Concejo demás miembros de entidades civiles que aborden la problemática de la vivienda.

Entre las tareas que debería resolver el órgano interdisciplinario es la regularización de los dominios de propiedad, la administración de los espacios fiscales y su aplicación para la construcción de viviendas sociales y espacios de esparcimiento públicos.  Brindar asesoramiento, otorgar subsidios y crear el Registro de Emergencia Habitacional, donde deberían estar inscritos aquellxs sujetos de derecho que el Estado no ha podido garantizar una vivienda digna.

Entre otras funciones, deberían brindar respuestas a los más de 180 mil quilmeñxs que viven  en “estado de marginalidad”, según reconoció el Jefe de Gabinete del intendente Molina, Guillermo Sánchez Sterli, en declaraciones a la prensa el año pasado.

 

MANO NEGRA

 

Algunos de los vecinos que se oponen a la usurpación de tierras reconocen que ellos también ocuparon la tierra que no les correspondía en su momento. «La diferencia es que ahora estamos en camino de poder regularizar estas tierras. Si estas personas toman esas tierras, nosotros no vamos a poder regularizar», explicó una vecina en diálogo con el portal local La Voz del Grito.

Al ver algunas maniobras extrañas por parte de la policía, muchos vecinos sospechan que detrás de esta toma de tierras hay un fin político. Uno de ellos, señaló que la policía había desalojado a los ocupantes tres veces, y volvieron. «Los mismos ocupas nos decían que la policía les dice que cuando ellos se van, pueden volver a tomar el terreno. Hay alguien que maneja a esta gente para perjudicar a alguien. Son sólo 5 familias y gente suelta de entre 12 y 17 años. Son chicos de la calle que están perdidos en las esquinas.»

Los vecinos no fueron recibidos por el municipio y esperaban en el dia de ayer poder ser escuchados por algún funcionario. De lo contrario, analizaban realizar un acampe frente a la municipalidad, según confirmaron a CPB integrantes del movimiento “La Dignidad”, que acompañan al grupo de vecinos.