Secretaría de subdesarrollo

Trabajadores de la Subsecretaría de Política Integral de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes aseguran que la Secretraría de Desarrollo Social sufre desfinanciamiento desde principios de la gestión de Martiniano Molina. En la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque del FPV pidieron explicaciones. Sin estas políticas, se deja de prestar atención a problemáticas como abuso sexual, el maltrato infantil, la violencia física.  Un estudio publicado por el Instituto IDEAL de Quilmes sobre el presupuesto municipal de 2017 se señala que la Secretaría de Desarrollo Social redujo la participación en el total del presupuesto municipal en un 5%.

En la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, lxs trabajadorxs de la Subsecretaria de Política Integral de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes denunciaron, a través de lxs concejales del FPV, que el área dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social sufre desfinanciamiento desde que asumió la gestión de Cambiemos en la ciudad.

“Hemos llegado a un nivel de problemáticas tan amplias y complejas que no damos abasto”, expresa Verónica Terceros, trabajadora social e integrante la subsecretaría desde 2011.

La Subsecretaría se encarga de la restitución y promoción de los derechos de los niñxs y adolescentes, ya que desde la adhesión a la ley 13.298 en 2008, el Estado debe cumplir con la prédica que establece la misma. Por ejemplo, en el art. 3 expresa que “La política respecto de todos los niños tendrá como objetivo principal su contención en el núcleo familiar, a través de la implementación de planes y programas de prevención, asistencia e inserción social”. En ese sentido, el Estado en todas sus dimensiones debe velar y resguardar los derechos establecidos por la ley y sin embargo, las denuncias efectuadas por lxs trabajadorxs de la subsecretaría vienen desde hace más de un año y tienen como objeto, la falta de presupuesto destinado tanto al salario de lxs trabajadorxs. Lo mismo sucede con lo destinado a insumos necesarios para la realización de la tarea.

“La ley es clara en la conformación de los equipos técnicos que deben asistir a lxs niños. Deben estar compuestos por un psicólogo, un trabajador social, un abogado y un médico y por ejemplo, médico no hay en Quilmes”, afirma Verónica, quien además es delegada de ATE.  Son diez equipos que trabajan en el área y nunca estuvieron completos. “Hay un equipo compuesto por una sola integrante, otro que tiene una psicóloga y una abogada. Otro con una trabajadora social y una psicóloga, es decir, no están completos los equipos”, expresa Terceros.

La situación laboral de lxs trabajadorxs es una de las problemáticas que la gestión de  María Angel Sotolano no resolvió desde que asumió en el cargo. En realidad, la contratación de lxs trabajadorxs es una política de la gestión de Martiniano Molina desde que comenzó con  la reducción del personal a principios de 2016. Si bien los contratos vienen de la gestión anterior, la diferencia es que antes se renovaban de manera automática y duraban 6 meses. Hoy duran 3 y son renovables pero el trámite burocrático puede llevar hasta 90 días y en ese tiempo, lxs trabajadorxs, además de no cobrar en tiempo y forma, carecen de servicio de salud debido a que no figuran en ningún sistema de previsión social. “Nuestros contratos son precarios y eso produce un desgaste que empuja a lxs trabajadorxs a buscar opciones más confiables “, entiende Terceros.

Por otra parte, María Luján Cristaldo es abogada y trabaja en la subsecretaría hace 4 años. “Una está comprometida con el trabajo pero hay situaciones que son frustrantes porque si no tenes un móvil para hacer una intervención, eso tiene sus consecuencias y a veces, hay situaciones donde puede morir algún chico”, comenta la abogada quien afirma que “antes teníamos ayudas urgentes que en diez días se resolvían y hoy demoran hasta seis meses”. En ese sentido, también confiesan que antes contaban con dos móviles para desplazarse y una agencia de remís a disposición de la subsecretaría. Hoy en día no poseen móviles y los que hay están a cargo de la Secretaría, la cual debe distribuirlos entre las cinco subdirecciones que comprenden a Desarrollo Social.  “Hace un mes que no hacemos intervenciones en los barrios porque no tenemos cómo llegar”, concluye Cristaldo.

Las problemáticas más frecuentes son el abuso sexual, el maltrato infantil, la violencia física, la cual puede ser sobre el niño o sobre algún integrante del grupo familiar, donde el niño sufre la situación de violencia que presencia, por ejemplo. Otra de las problemáticas está vinculada a ciertas enfermedades, como puede ser cáncer u obesidad, entre otras, donde la asignación de recursos es indispensable para hacer un seguimiento o asistir desde algún medicamento. “Antes teníamos una caja chica para salir de la urgencia y hoy ni eso tenemos”, afirma la abogada, quien también es delegada de ATE.

En un estudio publicado por el Instituto IDEAL de Quilmes sobre el presupuesto municipal de 2017 se ve que la Secretaría de Desarrollo Social redujo la participación en el total del presupuesto municipal en un 5%.

“Esto representa casi 200 millones de pesos menos, en números absolutos, para el área, y se le debe restar el 42% de inflación que hubo en 2016 según datos oficiales (INDEC).” Esta reducción de 5 puntos se muestra en los siguientes gráficos:

Las políticas de promoción social son aquellas destinadas a promover la inserción social, la vinculación comunitaria y los derechos de los sectores en condición de vulnerabilidad y/o exclusión social, entre los que se encuentran las mujeres, niños y adolescentes de los hogares con presencia de indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En Argentina, esta función corresponde casi exclusivamente a los niveles provincial y municipal de gobierno.

“Hay que tener en cuenta también que los recursos destinados a Desarrollo Social ya presentan serios problemas de gestión desde 2016: del presupuesto aprobado para ese año sólo se ejecutó el 11,41%[1], siendo las políticas de infraestructura y vivienda social las que registraron mayores niveles de subejecución llegando casi al 2%”, explicaron desde el Intituto IDEAL.

Lxs trabajadorxs entienden que “se juega con la humanidad porque vos no podes acompañar a un pibe a la comisaría o a donde sea a las 3 de la mañana y dejarlo ahí”. El reclamo apunta a la falta de institucionalidad por parte de la gestión, ya que son los propios trabajadorxs quienes deben poner de su bolsillo, los recursos mínimos para que la intervención pueda realizarse.

La precarización como política de asistencia

En el contexto actual, donde la situación económica de los sectores más vulnerables se tornó más dificultosa de la que había, desde la subsecretaría afirman que “sólo atendemos las urgencias”. En ese sentido, el seguimiento que demandan los casos no pueden realizarse por los motivos de desfinanciamiento antes mencionados. “Cada equipo tiene entre 350 y 400 legajos para trabajar, donde cada legajo comprende al núcleo familiar lo que incrementaría el número a 1600 personas aproximadamente que están afectados por la problemática”, explica Verónica Terceros.

“Los derechos de los trabajadores tienen que ir de la mano de los derechos de los niños, porque vos no podes planificar una política pública con trabajadores precarios. Una planificación así es precaria”, expresa Terceros quien entiende que los contratos por tres meses sirven para realizar trabajos temporarios y no para una planificación que permita al Estado cumplir con la ley. “Evidentemente, para la gestión municipal la política de asistencia a la niñez es temporaria porque hace ocho años que se trabaja con esta modalidad”, entiende María Lujan Cristaldo.

En la subsecretaría son 91 trabajadorxs afectados y sólo uno es de planta permanente. Sin embargo, la mayoría reúne los requisitos para conformar la planta permanente del municipio. “También pedimos el cumplimiento de la ley 14.656 donde expresa que después del año puede lograrse la estabilidad laboral, porque qué política podes planificar en tres meses si una medida de abrigo requiere de un seguimiento de seis meses”, indica Cristaldo. Las medidas de abrigo se refieren a la prevención de algún daño que pueda surgir en casos donde hay alguna vulneración de derechos hacia el niño. En ese sentido, la subsecretaria debe intervenir para resguardar la integridad física, psicológica y emocional del niño.

Estación La plaza

Además de la restitución y promoción de derechos que debe brindar la subsecretaría, existe el programa “Estación La Plaza”, que asiste a chicos en situación de calle. Durante una intervención, un equipo de la subsecretaría sufrió un accidente con el vehículo que la Secretaría de Desarrollo Social destinó para la ocasión. El problema fue que el vehículo volcó y sus tripulantes resultaron heridos. Debido al incidente, la Secretaría decidió destinar móviles en mejores condiciones. «Lxs trabajadorxs deben realizar un seguimiento en los casos pero carecen de insumos, lo cual resuelven con dinero de su salario y ponen sus propios autos para poder moverse en el distrito», cuenta María Laura Cristaldo. Además, dicen que «los moviles que nos dan estan destruidos, a lo que nosotras criticamos porque parece que como son chicos de la calle hay que darles lo peor», concluye la abogada.

Programa Envión

Envión es un Programa de responsabilidad social compartida, destinada a chicos entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Tiene como objetivo general promover la integración social plena de los adolescentes y jóvenes bonaerenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o padeciendo necesidades básicas insatisfechas (NBI). Los objetivos específicos del Programa son: Mejorar la inserción y/o reinserción de adolescentes y jóvenes con NBI entre 12 y 18 años en el sistema educativo, a través del otorgamiento de un subsidio que con la modalidad de beca incremente los ingresos familiares destinados a la educación y la contención de estos jóvenes. Favorecer la inserción laboral de los jóvenes de 16 a 21 años, a partir de incrementar sus oportunidades para la generación de ingresos propios por la vía de la capacitación para el trabajo, la acumulación de experiencia en áreas dinámicas de la economía local/regional y/o el trabajo asistido y mediante el aporte de una beca de sustento económico.

“La municipalidad dice que tiene 30 profesionales vinculados al programa pero nosotros sabemos que son 12 y que no cobran hace seis meses, por ende, dejaron de asistir a los establecimientos donde concurrían lxs jóvenes”, explica Terceros. Además, afirma que “los pibes cobran una beca de $600 pero debido a un error administrativo cobran $300”. Por otra parte, Cristaldo explica que “en los papeles, el programa figura pero en realidad no funciona”.

[1] FUENTE: Ideal Quilmes en base a dato Municipalidad de Quilmes (rendición de cuentas 2016 votada en Mayo de 2017 en el HCD).

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