En el conurbano crece la cantidad de colgadxs a la red del servicio eléctrico al ritmo de los tarifazos. Los intendentes se mantienen pasivos, a pesar del clima social. El miércoles 18 en Quilmes también se sintió el «ruidazo» que se dio en localidades de toda la provincia y Capital Federal. Vecinxs que se hacían escuchar con una olla o con bocinas, parados en una esquina o desde el balcón, la marcha de las velas al otro día en Capital Federal, son expresiones del hastío social por el castigo a hogares, comercios y pequeñas y medianas industrias a partir de un esquema tarifario desproporcionado, injusto y regresivo.
La promesa oficial de la eliminación de subsidios con el alza de tarifas para incentivar la inversión privada en el área energética no se cumplió. Hubo tantos o más cortes de luz que antes del ajuste, disminuyó la producción de petróleo y gas y aumentaron las importaciones de hidrocarburos. El aspecto notable es que con subsidios había inversiones en el sector energético y ahora, con tarifazos que están borrando los subsidios, no aparecen inversiones de envergadura.
El tarifazo en luz y gas, al que todavía le faltan otros ajustes, de acuerdo al cronograma oficial, sólo desató la codicia de corporaciones energéticas con el aval de uno de los suyos al frente del Ministerio de Energía y, fundamentalmente, del presidente Mauricio Macri, principal responsable. Quienes participaron de la negociación detallan que en el gobierno había tres propuestas para definir la evolución de las tarifas, una suave, la intermedia y otra más agresiva, y remarcan que fue Macri quien decidió la última opción.
AHORA 12
El Gobierno y los bloques parlamentarios oficialistas acordaron el jueves 19 que las subas en las tarifas de gas se podrán pagar en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que se harán efectivas en los tres bimestres de menor consumo, con un interés «a una tasa baja» tomada a partir de los índices que establece el Banco Nación. Es decir, se mantiene el aumento al servicio de gas, y con intereses para quien pague en cuotas.
La oposición busca redoblar su ofensiva para avanzar en un dictamen en la Cámara de Diputados a fin de atenuar la suba de tarifas, en rechazo de la propuesta del Gobierno. La semana pasada fracasó su apuesta de realizar una sesión especial por la ausencia de un diputado ya que alcanzaron 128 de los 129 legisladores necesarios para deliberar. Por un lado, el PJ y el Frente Renovador proponen un aumento de servicios públicos ligados a la variación salarial, mientras que el kirchnerismo y sus aliados proponen retrotraer las tarifas a enero 2017 y congelarlas hasta diciembre del 2019.
Por su parte este lunes el Gobierno se jugó a fondo a evitar la sesión especial que impulsa la oposición para cambiar la política tarifaria. Para eso el presidente Mauricio Macri volvió a poner las pinzas sobre los gobernadores e intendentes: les pidió que eliminen impuestos a los servicios. En una jugada casi teatral, la gobernadora bonaerense Vidal anunció que será la primera en hacerlo, aunque luego de que recibiera un incremento de 40 mil millones de pesos por el fondo del conurbano. La maniobra se cerró con moño con una reunión del Consejo Federal Energético, donde el macrismo les advirtió a los representantes de las provincias que pagaran con su presupuesto al menos la mitad del costo fiscal que produzca cualquier retraso en la política de aumentos oficial.
“No está escrito en ningún lado que solamente sea el gobierno nacional el que tenga que cuidar a los sectores más vulnerables en el tema tarifario”, los toreó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Hay un fuerte descontento, incluso de los gobernadores peronistas más cercanos al PRO. Aunque por la noche anunciaron que existía consenso para mantener la tarifa social del gas por otro período.
En el limbo
Los tarifazos están castigando fuerte a la mayoría de la población, pero tienen un impacto diferencial en las clases media y media baja. A los grupos acomodados en la parte superior de la pirámide de ingresos no les mueve el amperímetro del humor ni el de la fidelidad política a una fuerza conservadora. Por su parte, lxs miembros del piso de la pirámide sabe cómo sobrevivir cuando hay escasez, ya sea optando por colgarse a los servicios y/o sumándose a la red de contención social, comunitaria u oficial. En cambio, las clases media y media baja están desorientadas: no tiene el poder adquisitivo de unxs ni la tolerancia para ser asistido por otrxs. Además porque una parte de ellas acompañaron en las dos últimas elecciones las boletas de Cambiemos.
Presupuesto
La jefatura de Gabinete preparó un informe para entregar argumentos a funcionarios encargados de defender los tarifazos. El reporte, calcula que los servicios públicos (gas, electricidad, agua y transporte) representan el 7,9 por ciento del gasto mensual de un hogar promedio.
Otros estudios evitan la tradicional subestimación oficial de información estadística desfavorable. El informe no precisa cuál era ese porcentaje antes de los tarifazos, dato relevante para entender su magnitud en el presupuesto de los hogares.
Según una investigación del Cifra-CTA, analizando los servicios residenciales de electricidad y gas natural, sin considerar los aumentos de agua y transporte (es decir, una evaluación parcial) la suma de los incrementos de gas natural y electricidad pasó a representar del 2,7 al 14,5 por ciento de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados desde el inicio del gobierno de Macri hasta abril 2018. Un impactante aumento del 440 por ciento y casi el doble –sin los tarifazos en agua y transporte– del estimado en el informe oficial.
La Universidad Nacional de Avellaneda también hizo su propio cálculo. Al sumar el tarifazo en transporte y agua al de gas y luz, la carga de los servicios públicos pasó a representar el 17,9 por ciento del salario medio de la economía. Pese a que esas cifras son más cercanas a la realidad que la preparadas por la jefatura de Gabinete, en el gobierno están convencidos, a partir de ese deficiente análisis acerca del impacto del tarifazo, de que “la percepción de la gente es que pagan más de lo que realmente pagan”, como publica la red de medios al servicio del oficialismo.
Consultado por CPB Noticias, el concejal del Frente Renovador, Federico D´Angelo expresó que “los tarifazos sumados a la inflación hacen que sea imposible defender el bolsillo de nuestros vecinos. En función de esto, junto a los concejales de Lanús y Lomas de Zamora el lunes presentamos un amparo en el ENRE para que revea esta situación, cada caso particular, y pueda regular de manera efectiva lo que es la tarifa social. Acá si nos pasamos 1 kilowat, la persona que tiene asignada la tarifa social, la pierde. Esto significa que este gobierno quiere que los pobres sigan siendo pobres.”
La concejal del bloque de Unidad Ciudadana Quilmes, Susana Cano, señaló que con estas políticas económicas “ahogan a todos, incluso a la gente de Cambiemos, aunque no lo reconozcan. No sé por qué no pueden terminar de reconocer que esa política está por terminar de ahorcar a todo el mundo.”
S.O.S PYME
El tarifazo en gas y luz afecta también a pymes industriales y comerciales, que hasta ahora han podido trasladar gran parte de ese aumento de costos a precios. Pero les resulta cada vez más complicado hacerlo por la caída de la demanda interna debido a la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, siendo uno de los motivos el aumento de tarifas que disminuyó abruptamente el ingreso disponible. Con margen de ganancias que se reducen o desaparecen, esas unidades productivas se achican o cierran.
LO QUE VIENE
Los aumentos seguirán este año. El mes próximo le toca el turno al servicio de agua y cloacas, con un ajuste de hasta el 68 por ciento por recortes de subsidios (descuentos zonales) en la tarifa. Al mes siguiente aumentará el subte, previa audiencia pública, hasta los 12,50 pesos, y también el colectivo y el tren. A la luz le tocará otro turno de suba en agosto y al gas, en octubre.
Por otro lado, los combustibles fueron liberados y sus precios son definidos según la evolución del tipo de cambio y el petróleo a nivel internacional, entre otras variables. En estos días, el barril alcanzó los 70 dólares, lo que habilita a las petroleras a aplicar un nuevo incremento en las naftas.
Todos los aumentos desmesurados tienen un impacto reducido en la tasa de inflación oficial. Los índices mensuales siguen siendo similares a los que informaban las consultoras privadas en los años que el IPC-Indec no era creíble. Al gobierno le resulta muy sencillo aplicar ajustes de cuatro cifras en servicios públicos básicos teniendo poca relevancia en la inflación. De esta forma la subestimación de la cifra de la tasa de inflación permite una negociación salarial que afecta todavía más a los trabajadores que padecen el techo oficial del 15 por ciento. Y el tsunami de tarifazos.