La semana pasada desalojaron a los trabajadores de la Cooperativa “El Registro”, ex gráfica Pellerano, en el centro de la ciudad. Allí, desde noviembre de 2017 sus trabajadores se organizaron en cooperativa para hacerle frente al abandono de la fuente de trabajo que la familia Pellerano incurrió en octubre de 2017. Pero el viernes pasado a la madrugada se encontraron con una orden de desalojo firmada por el juez, Martín Nolfi, del juzgado de garantías n° 2 y las fuerzas de seguridad desalojaron el establecimiento. El viernes mismo al mediodía, organizaciones sindicales, políticas y sociales se dirigieron al juzgado y lograron conversar con el juez. Se vivieron momentos de tensión en el tercer piso del juzgado.
La cooperativa el registro se creó porque los trabajadores de la ex Gráfica Pellerano, ubicada en Yrigoyen 316, de un día para el otro cerró sus puertas. Fue la mañana del 23 de octubre de 2017 que sus trabajadores se presentaron a trabajar y encontraron que estaba cerrado el establecimiento. Esperaron un rato, se comunicaron telefónicamente con sus dueños y luego de un tiempo, se enteraban que la empresa había presentado quiebra en el juzgado N° 2, a cargo de Hernán Señaris. Héctor Pelozo es delegado de la cooperativa y recuerda que “fue después del trabajo en asamblea que decidimos crear un emprendimiento productivo”. Sin embargo, en la madrugada del viernes 29 de marzo pasado, por orden del juez Martín Nolfi, fuerzas de seguridad ingresaron al establecimiento y tomaron posesión del mismo.
La acción tomó por sorpresa al único trabajador que estaba cuidando el lugar y no opuso resistencia. La medida del juez fue dictada frente a la decisión del juzgado N° 2 en lo comercial, a cargo de Hernán Señaris, quien otorgó el reconocimiento a los trabajadores como depositarios judiciales del conflicto presentado entre la familia Pellerano y los trabajadores. El juez Nolfi, desconoce la figura de depositario judicial y los declara usurpadores del establecimiento. Pasándose por encima de la denuncia de quiebra fraudulenta iniciada por los trabajadores, producto de la cual, se los designa como depositarios judiciales y eso, los habilitó a ingresar como razón social al mercado, al sistema.
Una mañana del 23 octubre de 2017
“Estaban mal cerradas las puertas y pudimos entrar”, dice Héctor. “Nosotros queríamos laburar y cuando entramos al taller, se habían llevado la mitad de las cosas, la materia prima y parte de las máquinas”, recuerda el delegado de la cooperativa. “En medio del apuro por sacar todo lo que podían se ve que dejaron mal cerrado. Entonces, entramos y nos encontramos con toda esa situación”, dice Pelozo.
La cooperativa “El Registro”, como fue inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), comenzó a trabajar legalmente el 4 de abril de 2018, donde les otorgaron la matrícula de cooperativa. Previamente, frente a escribano, el 13 de noviembre de 2017 redactaron el Acta Constitutiva de la cooperativa. Iniciaron los trámites correspondientes para estar inscriptos en AFIP y ARBA, lo cual consiguieron. A excepción de los entes nacionales y provinciales, la municipalidad sólo les brindó un certificado de domicilio. “Desde el gobierno municipal nunca se acercaron y los hemos visto pasar por enfrente, durante los timbreos pero nunca cruzaron a ver qué pasaba”. Pelozo también recuerda que “éste gobierno eliminó la subsecretaría de fábricas recuperadas, así que mucho interés no muestran por nuestra situación”.
Una justicia a favor del patrón
El viernes pasado, las fuerzas de seguridad permitieron el ingreso de Ariel y Martin Pellerano, hijos directos de los dueños, quienes permanecieron hasta el sábado a las cinco de la tarde. En ese momento, los trabajadores se encontraban dentro de la carpa que montaron en la vereda, ya que desconfían de las maniobras que los Pellerano puedan hacer. “La última vez que se quedaron estos dos muchachos adentro vaciaron la mitad del taller”, dice Héctor. Cerca de las cinco se presentaron oficiales de la Policía Bonaerense y sin ninguna documentación, les comunicaron que habían radicado una denuncia contra los trabajadores instalados en la carpa, por privación de la libertad.
Ariel y Martín Pellerano fueron escoltados por la Policía hasta la comisaría 1°, donde radicaron efectivamente la denuncia. Sin embargo, los trabajadores acordaron con el juez Nolfi que permanecerían de manera pacífica en la puerta del establecimiento para cuidar los bienes que se encuentran allí. Esto es legitimo, ya que la denuncia presentada contra los Pellerano por quiebra fraudulenta, los designó como depositarios judiciales de los bienes. En ese sentido, el fiscal Rivas y el juez Nolfi deberán iniciar el proceso legal que atienda los derechos de los trabajadores. La justicia deberá obrar respecto al pedido de quiebra fraudulenta, impulsada por los trabajadores frente al abandono de la fuente de trabajo ejercida por la familia Pellerano. Por otra parte, Pelozo asume que la voluntad de los trabajadores es sostener la fuente de trabajo, ya que la última factura de luz que afrontaron fue de 110 mil pesos. Son 14 familias que resisten y esperan que la justicia actúe.
