Denuncian que el Ministerio de Seguridad de la provincia desató «caza de brujas»

Organizaciones de Derechos Humanos, Políticas, Sociales, Gremiales y Personalidades denunciaron este domingo que «valiéndose de acciones judiciales sin fundamentos», desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, a cargo de Cristian Ritondo, «han desatado una caza de brujas en virtud de la amenazas de bomba en las escuelas de la que docentes y estudiantes son víctimas».

El pasado jueves fue allanado el domicilio de Mario Jimenez, docente de varias escuelas de Quilmes. La orden de la fiscalía de instrucción Nº6, a cargo de la Dra. Karina Gallo, dice textualmente, sin mencionar el nombre de ninguno de los habitantes de la casa, que fue con el fin de «secuestrar teléfonos celulares, documentación relacionada a los hechos investigados (no dice cuáles), CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR, CERTIFICAR SI RESIDEN ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL DE QUILMES».

Según informaron desde SUTEBA, «no secuestraron ningún celular y fue negativo el allanamiento, a no ser por un viejo revolver que posee el docente, legal y registrado en el Renar y que fue llevado por el personal interviniente. Además aseguraron que «fue una operación de prensa». Desde el Ministerio de Seguridad provincial, emitieron un comunicado afirmando que Jimenez había sido detenido, lo cual fue replicado por los medios de comunicación como noticia de «alto impacto». Las agrupaciones firmantes indicaron que esto es falso y remarcaron la gravedad de que el Ministerio haya comunicado el domicilio exacto del docente, «un verdadero escrache». También indicaron que es falso que se hayan secuestrado celulares y un arma, tal como se indicó en el comunicado del Ministerio de Seguridad. 

La explicación

Las organizaciones firmantes indicaron que Mario «nunca estuvo detenido, ni siquiera demorado». Tampoco le secuestraron ningún celular: «es falso lo que dice el comunicado que emitió el Ministerio de seguridad a los medios. La foto que ilustraba el mismo tenía 6 celulares y un arma, donde se afirmaba que todos esos objetos habían sido secuestrados. Esa foto se tomó en el domicilio de Mario (evidentemente el ministerio la esperó hasta cerca de la medianoche para ilustrar el comunicado), tres de los celulares son el de Mario, el de su esposa y el de un sobrino que estaba presente en el lugar, el cuarto es un celular viejo sin batería que estaba en desuso en la casa, los otros dos son de los policías. Obviamente al retirarse la policía se llevó los propios y el resto quedó en poder de sus dueños porque ninguno era el que estaban buscando. Sí se llevaron el arma que está inutilizable desde hace años y es propiedad de Mario con registro en el RENAR, de uso civil», aseguraron.

El pasado viernes Mario se presentó voluntariamente en la Fiscalía pero, a pesar que había sido citado, no le tomaron declaración y volvieron a citarlo para que concurra este lunes 9 de octubre.

También explicaron que la excusa para allanar la casa fue un informe de Telefónica con las llamadas entrantes al Colegio de un día del mes de julio en que hubo amenaza de bomba, donde figura un número que corresponde al teléfono de la mamá de Mario, que vive en el departamento de adelante del terreno que comparten. Dicho teléfono está a nombre de la mamá y del hermano de Mario. «Es habitual que la señora llame al Colegio porque a él asiste su nieto que vive con ella», explicaron. El juez le denegó a la fiscal el pedido por falta de elementos que lo justificaran. La fiscal apeló y la cámara le hizo lugar.

«Exigimos que se haga una investigación seria para que, de una vez por todas, se termine con esta campaña de amenazas a las escuelas, dando con los verdaderos responsables y no culpando «al voleo» a docentes y/o estudiantes», reclamaron en el comunicado.

«Con toda certeza y convicción afirmamos que nuestro compañero es víctima y no victimario, como lo quieren hacer aparecer para tener un chivo expiatorio en estas amenazas de bomba, valiéndose de los medios oficialistas para ensuciar a una persona y poner en vilo a su familia, amigxs y compañerxs», aseguraron.

Además este lunes se concentraron en la Jefatura Regional de Inspección, sita en Guido y Lavalle Quilmes, dado que Jimenez fue preventivamente separado de su cargo por las autoridades educativas y «no estando imputado por la causa de las amenazas esta decisión resulta improcedente», explicaron.