Las medidas económicas impulsadas por la gestión de gobierno desde diciembre de 2015 a la fecha, inclinaron la balanza para que los sectores concentrados y minoritarios aumenten sus ganancias, mientras que las mayorías perdieron calidad de vida. En los casos más crudos, las familias no logran saciar el hambre.
Por Pablo Papini.
La semana pasada, se supo que los bancos ganaron entre enero y julio de 2019 exactamente lo mismo que lleva perdido el salario mínimo en doce meses: 17%. Con el aumento de la tasa de interés desde las PASO (de 65% a 85%), las Leliqs ya cuestan por día $3700 millones: más del doble de los $1350 millones que implica el paquete de ayuda que María Eugenia Vidal lanzó producto del desbarajuste que se produjo en las principales variables macroeconómicas luego del 11 de agosto. Apenas un par de ejemplos que demuestran la transferencia al sistema financiero desde los sectores productivos, asalariados y en general, de todo el resto de la sociedad que caracterizan al modelo puesto en marcha con la asunción presidencial de Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015.
La acumulación de 45 meses en ese rumbo, con alrededor de 5 puntos de caída del PBI, 12 puntos adicionales de inflación, más de 500% de aumento del valor del dólar y el record de ser el primer gobierno que defaultea sus propias emisiones de deuda (para peor, nominada en parte en moneda local) en tiempo récord, se expresan en un índice de desempleo que escaló a dos cifras después de trece años (2006) y en un aumento de pobreza que, polémicas al margen, nadie sitúa por debajo de 25% en relación a los valores del cierre del mandato de Cristina Fernández, aún en la serie reconstruida por el actual Indec. El de Macri es, a esta altura indiscutiblemente, el gobierno que más daño hizo en menor tiempo desde 1983.
La inflación en agosto superó el 30% en lo que va del año, cuando a fines de 2018 se votó un Presupuesto con previsión de 23% de alza de precios, siendo de 54% interanual y de más de 70% en alimentos, llegó al Congreso por consenso opositor casi unánime un proyecto de ley de emergencia alimentaria. Pese a toda esta enumeración, el oficialismo respondió, en primera instancia, que se trataba de una iniciativa innecesaria.
Lógica reacción en un gobierno que cree más en los dichos que en los hechos, pusieron el grito en el cielo por la palabra emergencia, como si en materia jurídica tuviera el mismo significado que en el diccionario de la Real Academia Española, terminando enlodados en polémicas en las que pretendían que se les reconociera que el drama argentino en cuanto al hambre es, pese a tratarse de un país productor de alimentos, de menor magnitud que en África o en la Venezuela de Nicolás Maduro, que no lo son, y que en el segundo caso sufre un bloqueo comercial. Menos mal. Pero en política, se sabe, el que aclara, pierde.
Las leyes de emergencia tienen por objeto sortear burocracias regulares del trámite parlamentario. Aquí se buscaba autorizar al jefe de Gabinete de ministros a modificar partidas presupuestarias que vota el Congreso si se trata de aumentar las que se destinan a políticas de alimentación y nutrición, las que de por sí se incrementan en 50% en el texto aprobado. Un gobierno económica y comunicacionalmente dogmático, comprometido con los intereses ultra-minoritarios que se beneficiaron durante su ciclo hasta lo suicida, incapaz de abrirse siquiera a matices del esquema de privilegios que montó, pretendió impedir la propuesta, que lejos está de representar una solución, sino que es apenas un paliativo en la urgencia. Pero algún día el hechizo tenía que romperse. Fue el 11 de agosto último, en las urnas.
Entre la calle, que viene levantando temperatura conforme se complica la situación social, y una política que recuperó puentes, le torcieron el brazo electoralmente al macrismo. La nueva era que viene abriéndose desde entonces despertó rebeldías en la segunda alianza, que muy probablemente deje de existir después de octubre próximo, y entonces el ex alcalde porteño prefirió dar libertad de acción a ¿sus? legisladores porque la desobediencia expuesta habría sido peor. Ésta es la historia de una media sanción en Diputados que es el inicio de nuevos tiempos que están por abrirse en una política que vuelve a mirar hacia su pueblo.
La emergencia en Quilmes
El 27 de agosto pasado el concejo deliberante aprobó por unanimidad la declaración de la emergencia alimentaria. El intendente promulgó esa ordenanza el viernes pasado pero hasta el día de hoy, no se sabe cuánta plata es ni cómo se destinará. Al respecto, la semana pasada el Consejo Local de Niñez y Adolescencia (CLNA) se reunió con autoridades del gobierno municipal para tranquilidad de las organizaciones sociales. Cabe recordar que mientras transcurría la reunión, comedores y merenderos populares se manifestaron en la puerta del edificio municipal porque querían ser parte de la mesa donde se discute cuánto y cómo se reparte. Desde el CLNA emitieron un comunicado donde explican:
“En la actualidad, la subsecretaría de política integral de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes se encuentran sin recursos ante la demanda de los ciudadanos que solicitan asistencia alimentaria. Seguiremos exigiendo al gobierno municipal que respete los derechos de la Niñez y la Adolescencia. Por un Quilmes sin hambre y por muchos sueños que cumplir.”
Por otra parte, según informó en su portal elestibador.com, luego de la reunión renunció el director del Servicio Alimentario Escolar (SAE), Diego Picasso. Amigo de Los Molina.