Por Ezequiel Aráuz – Integrante Tres Banderas
Poder planificar la economía popular, cooperativa y asociativa con una concepción que apunte al desarrollo local inclusivo parece ser el desafío de los gobiernos por venir. La destrucción de puestos de empleo, con una drástica baja del consumo y la actividad productiva, sumado al endeudamiento externo récord y la inflación más alta de la región, después de Venezuela, conforma a corto plazo un coctel socialmente explosivo.
El período 2015 – 2019 dejará consecuencias que exigirán respuestas activas e integrales para desandar caminos. En tal sentido, pensar e impulsar modelos económicos que tengan el acento puesto en lo social por encima de las rentabilidades se torna clave. No por una cuestión moral sino porque así lo va a requerir el momento.
La inversión social para generar el desarrollo de las fuerzas productivas de manera transversal, no sólo para la gran industria, sino también y de manera simultánea, que apunte a volcar y generar estímulos, destinando porciones de la economía a robuster proyectos asociativos, sociales, autosustentables y de iniciativa popular, parecen ser una de la vías posibles para recuperar niveles de empleo más igualitarios.
Poner el acento en el empleo, en su creación, parece ser el desafío irrenunciable de la hora. En ese sentido, un estado administrado con mirada popular debe pasar de una mirada destinada casi exclusivamente al consumo popular a una mirada que – mediante esas políticas- planifique e intervenga concretamente sobre el mercado.
Favorecer a sectores de la economía cooperativa, social y popular es empezar a reducir la informalidad, es construir relaciones laborales y productivas más igualitarias, es mejorar la distribución del ingreso. Son cuestiones que impactan sobre el conjunto de la sociedad.
No hay proyectos que mejoren significativamente el medioambiente, por ejemplo, si están por fuera proceso productivo real, si se reducen a experiencias elitistas o focalizadas. Apostar a desarrollo local bajo esta mirada es apostar a cambiar la estructura productiva local, incorporando a quienes están excluidos, alentando la masificación y el salto de calidad en términos formativos y de intervención sobre la economía real.
Los movimientos sociales y populares son una herramienta que, con el apoyo del Estado y los gobiernos, pueden ampliar significativamente su potencialidad, su capacidad de dar soluciones habitacionales, laborales, de producción, distribución y consumo. A los gremios les compete el reaseguro de avanzar en empleos dignos, respetando la defensa de los derechos laborales. Las universidades son la caja de herramientas teóricas y prácticas para apuntalar cualquier proceso.
Allí las cuatro patas claves de un esquema que responda a los desafíos de esta nueva etapa, en la que los gobiernos populares además de capear el temporal neoliberal, deben animarse a llegar “más lejos” que en la etapa anterior.