Por Claudia Villamayor – Docente e investigadora (Universidad Nacional de Quilmes)
Hace unos meses las diferentes militancias comprometidas con la comunicación popular y el derecho a la comunicación de la Argentina nos hemos vuelto a reunir en la convocatoria de laCoalición por una Comunicación Democrática.
Organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, medios de comunicación comunitarios, cooperativos, indígenas, rurales, medios de comunicación universitarios, redes de medios de comunicación, referentes políticos, culturales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, referentes de movimientos sociales, organizaciones de la producción audiovisual, medios gráficos y multiplataforma, medios de pequeñas y medianas empresas –pymes-, medios escolares y socioeducativos, carreras de comunicación de universidades públicas, trabajadores y trabajadoras de la radio y la televisión pública, trabajadores de la agencia de información pública Telam, presentes especialmente aquellos y aquellas que han sido despedidos. Todos y todas, juntes.
Un espacio en donde lo que se destaca es una comunidad de diversos, organizada nuevamente para alentar una coordinación de trabajo y unas estrategias para defender y volver a colocar sobre la escena de lo público lo sustantivo para militantes y trabajadores de la comunicación popular: El derecho a la comunicación.
La comunicación como bien social no es sólo una declaración de principios, es un modo de concebir la sociedad y la cultura desde el enfoque de los derechos de las humanas y de los humanos, en donde la comunicación tiene el mismo estatuto que la Salud, la Educación, el trabajo, la vivienda, el ocio, el arte y todos los derechos sociales que podamos invocar. Precisamente lo que allí se reivindica y se promueve es un estado de derechos que hay que garantizar.
La Coalición por una Comunicación Democrática, uno de los actores participes directo del camino que permitió arribar a la Ley 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009, nuevamente sienta precedente en esta nueva etapa tras diez años, en este caso, la cita es en medio de una estado de situación de gravedad para la democracia. Un estado que podemos sintetizar como de emergencia comunicacional:
Despedidos, despedidas de medios privados y públicos que ya suman más de 5000. Persecución y aprietes por diferentes vías a periodistas que sostienen una postura claramente diferenciada del gobierno nacional. Profesionales que no han gozado ni de libertad de expresión ni respeto a sus derechos y garantías en el ejercicio de la profesión. Recorte presupuestario para la producción audiovisual de interés nacional y federal. Falta de apoyo y cumplimiento de la ley en relación al otorgamiento de los fondos de fomento concursables –FOMECA- en tiempo y forma a los medios comunitarios y populares con evasivas y reuniones postergadas y re acordadas para volverlas a postergar, dejan en evidencia al Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM que actúa como ente público en concordancia con unas políticas de comunicación que prioriza al sector concentrado de los medios de comunicación como lo hace con la economía. Un estado gendarme de las corporaciones que deja en el pasado a otro modelo de estado que garantiza derechos.
Desde hace tres años y medios, más particularmente, desde el 11 de diciembre del 2015, el Presidente Mauricio Macri encabeza una de las políticas de comunicación más autoritarias de que se tenga registro. Su gobierno armó un escenario que echo por tierra la noción y la práctica de la comunicación soberana, plural y federal. La Alianza cambiemos inicio la zaga señalada en el párrafo anterior mediante decretos de necesidad y urgencia –DNU- que desmantelaron rigurosamente los artículos que de la ley 26522 garantizaban el ejercicio de la comunicación como derecho. La hirió de muerte aunque no la derogó en aquellos artículos más importantes que garantizaba la distribución de la palabra entre el sector público, privado y social. Las corporaciones no perdonaron esa voluntad de un gobierno popular, organizado y pluricultural. Por ello financiaron la campaña de quien garantizaría la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta llegar estos días de devastación comunicacional, que abrió el grifo mediantes los DNU al crecimiento ilimitado de la concentración de los principales grupos económicos como Clarín y La Nación, no sólo en materia de servicios de comunicación audiovisual sino también en telecomunicaciones.
Frente a esta situación, la CCD organizó mediante la estrategia que conoce bien por práctica y por perspectiva y que apela a la construcción colectiva de abajo hacia arriba y de manera federal: Foros locales, habilitando la palabra de todas y todes. No es el único camino, pero es el que permite inicialmente animar el remolino que comienza con algunos y termina con muchos y muchas. Córdoba, Salta, Jujuy, Rosario, GBA oeste EN Marcos Paz, Río Negro, La Pampa, GBA Zona sur en Quilmes, Santiago del Estero, Comodoro Rivadavia, y el Nacional que se acaba de realizar el 12 de julio del 2019. Son los primeros pasos de esta nueva etapa que permite construir primero escuchándose, segundo arman mapa comunicacional con la palabra y experticia de quienes hacen otra comunicación posible y haciendo propuestas para colocarlas en la plataforma electoral de quienes incorporan a la comunicación como un derecho humano.
Las propuestas están a la orden del dia y para ello adjuntamos los puntos principales que hacen parte del documento sobre la base del cual se van enriqueciendo las propuestas por una Comunicación Soberana.
La Soberanía de la comunicación nace desde las organizaciones del pueblo y de tus trabajadores y trabajadoras. Una vez más, para una comunicación popular, soberana, participativa, organizada y feminista, el trabajo es la colectividad que toma decisiones y hace estrategia para recuperar un Estado que la garantice.