La Gobernadora firmó el decreto a raíz de la desactualización de los montos establecidos en la reglamentación de la Ley de Obras Públicas, a partir de la incesante inflación. También se modificó el cuadro de competencias.
Esta semana la Provincia tuvo que salir a reconocer el incesante aumento de precios y se vio en la obligación de modificar la Ley de Obras Públicas.
Este lunes 2 en el Boletín Oficial, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó el decreto a partir “del aumento constante de los costos de materiales, mano de obra y otros insumos necesarios para la construcción”, lo que “generó una desactualización de los montos establecidos en la reglamentación de la referida ley, resultando necesario adoptar un parámetro de reajuste que resulte adaptable a las variaciones constantes”.
En este sentido, se establecieron nuevos requisitos para el llamado a Concurso de Precios y Licitaciones Privadas, así como también un nuevo cuadro de competencias para todos los procesos de contratación de Obra Pública.
A mediados de junio, Vidal modificó el cuadro que establece los niveles de decisión y competencias de la administración provincial, correspondientes a los gastos del Estado en medio de una serie de medidas para acortar los gastos estatales.
En este caso, la Gobernadora aprobó las modificaciones para utilizar mayores recursos debido al aumento de la inflación que lejos estará de la meta del 15 por ciento interpuesta a finales del año pasado para 2018.
«CLIMA TORMENTOSO»
En sintonía con la situación en la Provincia, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció esta semana que el Gobierno atraviesa dificultades adjudicando a «varios factores externos» la imposibilidad de controlar la corrida cambiaria y las variables económicas. «Reconocemos el momento y lo tomamos con la seriedad que corresponde», afirmó. En ese sentido, señaló que recurrieron al Fondo en busca de un respaldo para mantener el rumbo económico. Además Peña ratificó que la iniciativa de bajar el costo público «no tiene marcha atrás». Desde que Macri asumió el Gobierno, hubo 4500 despedidos en empresas estatales, alcanzando a empleados de Radio Nacional, TDA, Ferrobaires, Yacimientos de Río Turbio, Fabricaciones Militares, Télam y otras empresas. El acuerdo con el FMI podría profundizar los despidos.