El informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT afirma que en comparación entre 2016 y 2017 la cantidad de asesinatos se mantuvo igual, sin embargo, la violencia física que no terminó en muerte paso de 18 casos registrados a 90, es decir que aumentaron el 500% los crímenes de odio que no terminaron en muerte en 2017.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, que depende de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) publicó datos acerca de los crímenes de odio motivados en la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género, que se encuentran registrado. El número ascendió a 103. Una observación: son datos no son exactos, no hay un registro oficial, incluyen casos que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la FALGBT o documentados por el CeDoSTALC, señala el documento.
Los crímenes de odio son definidos desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT como “actos voluntarios consientes, generalmente realizados con saña, que toman la forma de agresiones violentas dirigidas a lesionar derechos”. Además, la agresión tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas, en este caso personas de la comunidad LGBT”, detalla el informe.
Del total de los crímenes de odio producidos el porcentaje más alto corresponde a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros) con el 58% de los casos. En segundo lugar con el 30% se encuentran los varones gays cis, con el 9 % de los casos le siguen las lesbianas y en cuarto lugar con el 3% los varones trans.
El 13% corresponde a asesinatos y el 87% a violencia física que no terminó en muerte. Del total de asesinatos, el 84% son de mujeres trans.
En cuanto a quienes son los autores de los crímenes de odio, el 79% es cometido por personas privadasy el 21% restante es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal. Con respecto al vínculo de las víctimas de los crímenes de odio con los agresores particulares, el 67% corresponde a personas desconocidas por ellas.
La franja etaria más afectada bajó en relación a los casos del 2016, en donde se concentraba en víctimas de 30 a 39 años, mientras que en 2017 el porcentaje más alto correspondió a la franja etaria de 20 a 29 años, le sigue las que están en el rango de 30-39 años.
Por último, la distribución geográfica de los crímenes de odio producidos en Argentina, el porcentaje más alto (36,35) ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le sigue en segundo lugar con el 33,32% la provincia de Buenos Aires y, luego la provincia de Santiago del Estero con el 5,5% y Tucumán con el 4,4%.
El informe concluye con una serie de recomendaciones al Estado Argentino tales como la reforma integral de la ley nacional de actos discriminatorios, la sanción definitiva de una ley integral para personas trans que contemple el acceso a todos los derechos y prevea medidas de acción positiva en todos los ámbitos, la sanción de una ley nacional de cupo laboral para personas trans en el ámbito público e incentivos impositivos en el ámbito privado para promover la inclusión laboral; el desarrollo de políticas públicas que garanticen la capacitación y formación de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario con respecto a los derechos humanos de la diversidad sexual, entre otras.