Aborto: el control del Estado sobre el cuerpo femenino

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*Elizabeth Barbis

Prohibición, esquives durante el regreso de la democracia, un dictamen que no llegó y un debate necesario en la sociedad argentina.

La historia se inicia en la incorporación y libre acceso de la píldora (acto voluntario e intencional de procreación) hacia fines de los 60, hasta su prohibición promovida por el Ministro de Bienestar social José López Rega y sostenido férreamente por la dictadura militar.

Mientras las leyes que legalizan el aborto se conquistan en los países de Europa, el gobierno peronista firma en 1974 un Decreto que dispone: “controlar, mediante receta médica obligatoria, la comercialización de anticonceptivos” e impide la prestación de servicios de planificación familiar en los hospitales públicos, inclinando la balanza a los sectores con mayores recursos.

La dictadura militar en 1977 promulga el Decreto Nº 3938 que considera como Objetivo de una Argentina Potencia, la necesidad de aumentar el crecimiento demográfico y su distorsionada distribución, reforzando la prédica católica y restrictiva en el control voluntario de la procreación.

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín se ratifica en el Congreso la “Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer” aunque hasta 1987 no se deroga el decreto que limitaba el acceso libre a los anticonceptivos.
8 años después (1995) la Cámara de Diputados trata la ley de salud reproductiva que incluía la provisión de servicios gratuitos en los hospitales públicos. Bajo la presión de la Iglesia se aprueba modificada con el nombre de Ley de Procreación Responsable y por vencimiento del plazo en Senadores… vuelve a fojas cero.
El Vaticano por esos años, renovaba su cruzada contra el derecho al aborto, imponiendo el “Día del Niño por Nacer” instituido en Argentina bajo el gobierno del Dr. Carlos Menem.

En el año 2002, se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que garantiza el acceso universal y gratuito de todas las formas de anticoncepción, aún vigente.
Ginés González García, Ministro de salud nacional de ese momento y luego de Néstor Kirchner, hizo conocer públicamente su posición en favor de la despenalización del aborto que desató un conflicto institucional con la iglesia Católica.
Cristina Fernández desde el 2003 había anunciado su posición en contra de la legalización del aborto, postura que mantuvo a lo largo de los años y que se vio ratificada en 2011.
Ese año se repasaron los fundamentos que ponen en disputa la modificación del código penal argentino con el intento de convertirla en una circunstancia voluntaria y protegida por el Estado. Dictamen de Comisión que fue aprobado con 15 votos de los 16 necesarios.

Avances en materia de salud pública y legislación:

En el 2010 el Ministerio de salud de la Nación elabora un protocolo de asistencia integral en abortos no punibles (ILE Interrupción legal del embarazo) en aquellos casos incluidos en el CP, sin embargo no tuvo impulso hasta dos años después.
En marzo del 2012, en un fallo considerado histórico, la Corte Suprema ratifica que no son punibles (entiéndase, no son delito) los abortos en todos los casos de violación, poniendo fin a interpretaciones del artic. 86 del Código Penal y define en el mismo, que no es obligatoria la denuncia del hecho en sede policial ni judicial.

En combinación con el fallo, la Provincia de Buenos Aires adhiere al protocolo resolviendo que los hospitales públicos de la provincia debían resolver en un plazo máximo de 5 días toda situación de aborto no punible con la sola indicación médica (peligro o riesgo de salud materna) o declaración de la mujer en caso de embarazo producto de una violación.

Otras provincias se sumaron al protocolo (Chaco, Chubut, Jujuy, la Rioja, Misiones, Santa fe, Tierra del Fuego y Santa cruz) algunas tuvieron adhesiones parciales o restrictivas (Córdoba, CABA, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río negro Y Salta) y otras (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, san Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán) resistieron su implementación.

En el 2016, el protocolo se adecua al régimen del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que incluye la opinión [y decisión] de niñas y adolescentes entre 13 y 16 años.
Su aprobación se anuncia en la Provincia de Bs As y dos semanas después, se anula.

El control estatal sobre el cuerpo femenino, disimulado en políticas de control de la natalidad, han limitado el acto voluntario sobre la misma; no hay una batalla por dar; hay un derecho por conseguir.
Aún tenemos deudas pendientes en el acceso a la educación que permita discernir, a los anticonceptivos que eviten embarazos no buscados y al aborto legal como consigna integral de restitución del cuerpo controlado por el Estado, al cuerpo protegido por este.

Este 8 de marzo se pone en debate en el parlamento argentino un reclamo de décadas. Se ha avanzado en capacidad, en fuerza, en visibilidad y en adhesión colectiva.
“Has recorrido un largo camino muchacha”… aquí estamos y seguiremos estando.

*Elizabeth Barbis
Médica sanitarista. Docente Universitaria

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