Esta última semana el gobierno provincial anunció el cierre de jardines de infantes, primarias, secundarios y secundarios para adultos, a sólo diez días del comienzo de las clases. Docentes y autoridades educativas resisten y la oposición pidió informes a la gobernadora. Por su parte, el bloque de diputados del FPV ya presentó un pedido de informes en la Legislatura para que la gobernadora de explicaciones. En Quilmes ya se cerraron alrededor de 56 cursos y los gremios docentes estiman que se cerrará un total de 350 grados, generando un detrimento en la calidad del sistema público educativo.
Después de ordenar el cierre de ocho colegios en el Delta, el gobierno bonaerense decidió clausurar 39 escuelas rurales de la provincia a solo diez días del comienzo del ciclo lectivo.
Se trata de tres jardines rurales y un secundario para adultos de la localidad de Tres Arroyos, dos primarias de General Viamonte, ocho escuelas en Lincoln, dos primarias de Junín, dos en Balcarce, dos en Chivilcoy, dos en Pehuajó, tres en Bolívar y una en Chascomús, entre otras. Si bien les ofrecieron a los alumnos ser relocalizados, muchos de ellos no cuentan con los recursos necesarios para trasladarse a sus nuevas instituciones.
Por su parte, el bloque de diputados del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense reclamó respuestas a la gobernadora a través de un pedido de informe porque afirman que no hubo “ninguna comunicación formal” detallada sobre las escuelas cerrarán.
Desde Suteba remarcaron que no están en contra del cierre de las escuelas sin alumnos, siempre que se reconvierta al edificio en un centro educativo y se relocalice a sus maestros como dicta el Estatuto Docente, pero ya dejaron en claro que no van a permitir que se cierren instituciones con chicos. “Desde diciembre logramos frenar el cierre de varias escuelas rurales y de cursos. Cuando no hay alumnos, hay que evaluar por qué, porque esto no pasa de un día para el otro y tiene que ver con las políticas públicas que se hicieron o no”, resaltó María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba.
El argumento del gobierno bonaerense es la «falta de matrícula» de estas escuelas. Así lo argumentó el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, pero en sus declaraciones omitió el dato de que se cerrarán establecimientos a los que concurren entre cuatro y diez alumnos (cantidad razonable para los parámetros de las escuelas en zonas rurales).
El riesgo de que muchos de los alumnos salgan completamente del sistema educativo existe, a pesar de que sean relocalizados, porque es probable que muchos de ellos no cuenten con los recursos necesarios para trasladarse a sus nuevas instituciones.
QUILMES
En Quilmes comenzó a aplicarse lo que el Gobierno provincial denomina la modalidad «pluriaño», que consiste en agrupar varios cursos a cargo de una sola docente, lo cual va en detrimento de la calidad educativa, ya que la enseñanza implica distintos niveles de aprendizaje.
Según lo contabilizado por los gremios Celeste, Granate y Violeta del SUTEBA, ya son 56 los cursos cerrados entre primaria y secundaria de distintas escuelas. «Los cierran por ser cursos de menos de quince chiquxs, el problema es que dejan sin trabajo entre 10 y 12 profesores por escuela», explicaron a CPB Noticias desde la Agrupación Celeste del SUTEBA.
Para los miembros de la Agrupación Celeste, esto lo muestran como una «fusión», pero en realidad siginifica un recorte de docentes y, finalmente, a la calidad del sistema educativo. «No es casual que la medida se tome en el marco de la municipalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE)- que hasta hace pocos meses dependía de la Provincia de Buenos Aires- y de cero inversión en infraestructura. Esto no sólo golpea a lxs docentes y alumnxs, sino que a todo el sistema de educación pública».
Según un relevamiento realizado por la Agrupación Celeste, estiman que se cierren alrededor de 350 cursos entre primarios y secundarios del distrito.
Algunas de las escuelas afectadas por el cierre de cursos son las EP 70 (1 curso); EP 78 (2 cursos); EP 45 (4 cursos); EP 27 (2 cursos); EP 2 (2 cursos); ES 9 (6 cursos); ES 11 (1 curso); EP 66 (3 cursos); EP 501 (3 cursos); Conformada 62 (2 cursos); EP 2 (1 curso); EP 4 (2 cursos); EP 1 (1 curso); EP 45 ( 1 curso); EP 64 ( 2 cursos); EP 77 ( 2 cursos); ESS 51 (1 curso); ESS 15 (3 cursos); EES 20 (4 cursos aproximadamente); Técnica (1 curso).
Este miércoles el Frente Gremial de Quilmes, compuesto por ATE, FEB, SUTEBA y UDOCBA, marcharon este miércoles a la jefatura distrital a presentar el listado de escuelas afectadas. Adrián Weissberg, secretario general adjunto de Suteba Quilmes expresó que “el ajuste avanza a pasos agigantados con esta decisión del gobierno provincial de cierres de cursos y escuelas por fuera de toda Normativa vigente, perjudicando a padres y alumnos en el derecho social a la educación pública y de calidad, además provocando despidos a docentes y auxiliares.” A su vez el Frente se declaró en estado de alerta y movilización por el conjunto de reclamos: SAE, licencias médicas, ceses, jubilaciones, infraestructura, salario, y cierre de cursos.
EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA
«Para la comunidad rural es una decisión muy fuerte, la importancia del derecho constitucional a la educación pública merece un trabajo con la comunidad, con las familias y una argumentación que vaya más allá del costo económico. La educación de un chico es una inversión y no un costo», resaltó la diputada Lucía Portos, quien adhirió a la presentación de su bancada. La legisladora ya había presentado un pedido de informe previamente por el cierre de las ocho escuelas del Delta.
Lejos de evaluar las causas demográficas o socioeconómicas que derivaron en la falta de alumnos, Vidal mandó a cerrar las 47 escuelas. En el documento que presentaron el martes 20, los legisladores pidieron que se especifique cuál es la población afectada y que se den detalles sobre el trabajo previo que se realizó con los alumnos, los docentes y las familias alcanzadas por el recorte.
«La situación de un solo alumno vale la pena porque estamos además condenando a un pueblo con dificultades de subsistencia a desaparecer», advirtió Portos, quien apuntó contra el oficialismo provincial: «Nos prometieron jardines y terminan cerrando escuelas». En tanto, los docentes y directores de las instituciones repudiaron los cierres y la fusión de cursos, muchos de ellos comunicados por los jefes distritales.
Una decisión de este tipo debe ser consultada en las Unidades Educativas de Gestión Distrital, una mesa de debate en la que convergen sindicatos, inspectores, directores de las instituciones, la jefatura en educación y los representantes de la intendencia de cada distrito. Según explicó Zinny, se prevé convertir esos establecimientos en centros de educación y unificar a los alumnos en pocas escuelas.
Desde Suteba remarcaron que no están en contra del cierre de las escuelas sin alumnos, siempre que se reconvierta al edificio en un centro educativo y se relocalice a sus maestros como dicta el Estatuto Docente, pero ya dejaron en claro que no van a permitir que se cierren instituciones con chicos. «Desde diciembre logramos frenar el cierre de varias escuelas rurales y de cursos. Cuando no hay alumnos, hay que evaluar por qué, porque esto no pasa de un día para el otro y tiene que ver con las políticas públicas que se hicieron o no», resaltó María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba.
Esta semana, el intendente del partido bonaerense de Laprida, Francisco Fisher (PJ), exigió al gobierno de María Eugenia Vidal que dé marcha atrás con el cierre de las escuelas rurales tanto en su distrito como en los otros 26 afectados por esa medida. «Hasta los intendentes de su propio espacio miran a la gobernadora con recelo», advirtió el jefe comunal. Fisher sostuvo que el motivo por el cual el Ejecutivo provincial dispuso cerrar 39 escuelas rurales (sin contar los ocho establecimientos educativos del Delta) es porque toman decisiones con “una mirada mercantilista de la Educación”.