El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano es uno de los temas que más ocupan el tiempo de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, ya que pretende “liberar” los millones retenidos por el art. 104 de la ley de impuesto a las ganancias. El pedido lo tiene la Corte Suprema pero desde Cambiemos apuestan a una salida política que comprometa a los gobernadores a acompañar las reformas anunciadas por el presidente Macri. La compensación oficialista hacia las provincias es el reparto del 100% de ganancias, lo que implica una reducción del 20% del presupuesto de ANSES. Por otra parte, de aceptar el acuerdo, la gobernadora Vidal espera contar con 65.000 millones para distribuir sin control ni participación local en toda la provincia.
La discusión por el reparto de recursos del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano (FRHC), es una de las contiendas políticas que está en juego dentro de la coyuntura actual y pone en vilo a toda la dirigencia política. Si bien la denominación refiere al conurbano bonaerense, la ley (y sus recursos) son competencia de todas las gobernaciones provinciales. La gobernadora María Eugenia Vidal encabeza el reclamo, ya que la provincia de Buenos Aires esta en condición de solicitar una revisión acerca del reparto de los recursos de coparticipación. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, pero desde el gobierno nacional, apuestan a una salida política del conflicto. La realidad indica que los municipios de todo el país son rehenes de una situación política que define una parte de los recursos que destina a obras de infraestructura y asistencia social.
Origen del Fondo de Reparación Histórica
A finales de la década de 1980 y bajo la gobernación de Antonio Cafiero, comenzó a plantearse una revisión del reparto de recursos solventados por el 10% del impuesto a las ganancias. El argumento era que la provincia Buenos Aires y el conurbano en particular, albergaron las migraciones internas desde 1930 y el dinero enviado por coparticipación era insuficiente para desarrollar una urbanización acorde a la población habitante. Dentro del conurbano bonaerense viven casi 12 millones de personas, distribuidas en 24 municipios. El 76% del total de ciudadanxs que residen en la provincia lo hacen allí.
En1992 se creó el Fondo de Reparación Histórica, como parte de un acuerdo entre Carlos Menem como presidente y Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia, para que éste desista ser candidato a presidente en 1995.A cambio, Duhalde fue candidato a gobernador de Buenos Aires durante el periodo 1995-1999, lo que representó la disposición de los recursos coparticipables correspondientes a la ley 10.559.
En 1996, se aprobó la Ley 24.621 que impuso un tope de 650 millones por año a lo destinado para la provincia. Las tensiones políticas entre el caudillo riojano y Duhalde fueron la raíz que impulsó la ley. Los recursos excedentes se repartieron entre el resto de las provincias, excepto el distrito de CABA. La distribución era determinada por los coeficientes de la Ley de Coparticipación Federal, a partir de los indicadores NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) para orientar la distribución hacia las provincias con mayores niveles de pobreza.
Origen y destino de los recursos
El 10% de los impuestos a las ganancias está destinado al FRHC, que representó en 2016 la cifra de 43.000 millones de pesos. A su vez, el impuesto a las ganancias en su totalidad, es distribuido hacia ANSES (20%), el 64% hacia la coparticipación bruta y el 16% restante se destinan a la coparticipación provincial (10%), el 2% al ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el 4% al Fondo de Infraestructura Básica. La Pcia. de Bs. As. recibirá hasta 650 millones de pesos y el excedente se distribuirá en las demás provincias, con destino especifico a obras de carácter social.
¿Judicialización o salida política?
En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dio lugar al pedido hecho por la gobernación de la pcia. de Bs. As. respecto al “techo” de $ 650.000.000 anuales convertibles según Ley 23.928, establecidos en el inciso “b” del art. 104, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La Corte Suprema notificó a las demás provincias sobre el pedido y comenzaron los descargos de las provincias, ya que ven amenazada su recaudación porque si se elimina el “techo”, Buenos Aires recibirá el 10,19% del total del presupuesto provincial contra el 0,13% que representaron los $ 650.000.000, según indica un informe elaborado por el instituto IDEAL para Quilmes. Por otra parte, Tierra del Fuego comunicó que presentará el descargo luego del 10 de diciembre. La discusión deambula entre lo político y el curso de los tiempos judiciales.
En lo político, el presidente Macri se mostró auspicioso que se contemple el pedido de Vidal y por lo tanto, según trascendió de las negociaciones, se modificaría el destino de los impuestos a las ganancias y el 20% correspondiente al ANSES se convertiría en coparticipable al 100%. Con esta medida se busca compensar a las provincias que cederían recursos ante el pedido de la gobernadora. El problema que surge aquí es el desfinanciamiento que puede alcanzar el ANSES, que resignaría el 20% deducido del impuesto a las ganancias.
La salida política implica un compromiso por parte de los senadores y diputados provinciales, a acompañar la serie de reformas que el gobierno nacional tiene previsto enviar al Congreso Nacional y para su aprobación necesita de los votos de los representantes de las provincias. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia comenzó el tratamiento solicitado por Buenos Aires y avanza con los tiempos que la justicia amerita, siempre condicionados por el contexto político. Por eso, Macri y Vidal juegan una partida en donde se ponen en juego mucho más que el 10,06% del FRHC que la provincia no recibe, unos $ 4300.000.000 aproximadamente.
La salida política
Un acuerdo político entre los gobernadores y el gobierno nacional abriría las puertas a una salida que beneficiará al gobierno de Cambiemos, ya que la gobernación bonaerense retiraría el reclamo de la Corte Suprema y la “cosa” se arreglaría en base al diálogo político. Eso implica que las provincias acepten la propuesta en detrimento del desfinanciamiento del ANSES. Eso impactará en el servicio que atiende el instituto (Jubilaciones, asignaciones, programas sociales). El acuerdo que busca el gobierno es comprometer a las provincias a acompañar las reformas tributaria, laboral y previsional que enviará al parlamento.
La salida judicial
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia despejaría el espacio para las negociaciones políticas y liberaría a las provincias a un compromiso político en el acompañamiento de las reformas, lo que dificultaría el propósito del gobierno nacional de avanzar con el apoyo de los representantes de Congreso. Si bien, en caso de ser favorable el fallo, Buenos Aires y la gobernadora, serán los grandes triunfadores, ya que las arcas bonaerenses se engrosarían y tendrá un poder de control de recursos que atará a los municipios a la decisión del ejecutivo provincial. Debemos mencionar que los recursos del FRHC son definidos por la provincia sin injerencia de las intendencias.
Quilmes
Si bien son 135 los municipios que comprenden la distribución territorial de la provincia, en el conurbano bonaerense son 24 los municipios que serían los destinatarios de los recursos provenientes del FRHC. Sin embargo, dentro de las 24 provincias que comprenden al país, Buenos Aires se ubica en el puesto 23 respecto a los ingresos percibidos por dicho fondo. El mismo lleva esa denominación, ya que fue el conurbano quien supo ser el lugar elegido por las diferentes migraciones que dieron forma a la densidad poblacional que habita la región.
Nuestra ciudad forma parte del cordón en mención y nuclea a un número considerable de habitantes (582.943 según Censo Indec 2010) con una densidad poblacional de 4.646,6 habitantes por km2.
Quilmes recibió por coparticipación en 2016, la suma de $ 715.621.000 y se prevé que para 2017 serán $ 941.540.000 los fondos recibidos. Si se logra resolver políticamente el conflicto, Buenos Aires y la gobernadora contarán con una importante suma de dineros para aplicar en los municipios sin intervención de los gobiernos locales. Eso no sería problema para las localidades que pertenecen al mismo signo político, como es el caso de Quilmes. El problema será la discrecionalidad que tendrá la gobernación de la provincia al momento de definir su implementación, lo que generará una fuerte dependencia municipal hacia la gobernación. Y por otra parte, cuál será el criterio que justifique el desfinanciamiento de ANSES.