Empecemos por el principio. Las personas con discapacidad son en primer lugar, personas. En segunda instancia, como personas tienen derechos. Uno de ellos es el acceso a la pensión no contributiva, es decir, el derecho a recibir una pensión por ser personas con discapacidad.
A la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley (otra linda y buena como Vidal) no le tembló el pulso para ponerse al frente del recorte de gastos para alcanzar la meta del déficit fiscal. Evidentemente quieren cerrar los números con la gente afuera. ¿Pero cierran?
La meta a cumplir es el 4,2% de déficit fiscal, número al que diversos analistas ya ubican por encima del 7%. A horas del cierre de la presentación de las alianzas electorales previo a las PASO, el gobierno nacional se fue a la banquina.
Políticamente deberá pagar el costo de suprimir drástica y arbitrariamente gran parte de las pensiones por discapacidad. Aunque subrayamos que esa autocrítica deberá (esperemos) ser ejercicio de Macri y cia.
Como ciudadanas y ciudadanos, nuestra tarea será la de reflexionar acerca de los motivos de semejante medida, poner límites al ajuste indiscriminado y restituir derechos a quienes corresponda.
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