El Gobierno comenzó a dar de baja pensiones por discapacidad desde 2016, pero a principios de junio y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social aplicó un decreto de 1997 que establece exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión.
El Gobierno está dando de baja las pensiones a personas con discapacidad. Desde principios de junio, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió reflotar el decreto 432 dictaminado por Carlos Saúl Menem en 1997 que establece exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión y exige probar que estas personas beneficiarias están en condiciones de indigencia.
Sin embargo, los titulares de pensiones por discapacidad no necesariamente se equiparan a personas indigentes y al aplicársele exigencias como la no titularidad de auto, la inexistencia de algún beneficio de su cónyuge, entre otros, se los deja sin el beneficio. En muchos casos, las personas con invalidez utilizan el auto como única forma de movilidad.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre 2003 y 2014 fueron otorgadas 1.610.615 Pensiones No Contributivas (PNC). En lo que va del año, entre enero y junio de 2017, fueron suspendidas y dadas de baja 83.133 PNC.
¿Cuáles son las causas?
1- Patrimonio: en su mayoría se trata de titulares de Automóviles (titulares con discapacidad y con CUD en su totalidad)
- Cónyuge con beneficio: son titulares de derecho cuyo cónyuge ha recibido algún beneficio previsional.
- Ingresos propios (registro en sistema de aportes): titulares que muestran tener ingresos por empleo.
- No acredita incapacidad reglamentaria en Anses: son casos en donde se registra un cruce con Auditoria Médica en ANSES. El beneficiario no alcanza el porcentaje de discapacidad para el acceso al beneficio previsional (76%), por lo que no lo recibe. Pero además, por la realización del trámite, le quitan el beneficio por invalidez preexistente.
- pensiones por discapacidad
Mientras que desde la cartera que conduce Carolina Stanley argumentan que “estamos ajustándonos a la ley”, se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima. Además también sufrieron la baja de suspensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000.
«Esto no es un error, sino que es una decisión política del Gobierno de Mauricio Macri para continuar vaciando el Estado a costa de los y las que menos tienen», señaló a CPB Noticias Mayra Mendoza, Diputada Nacional por el Frente Para la Victoria». «Se están llevando puesta a la democracia, a tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 tiene jerarquía constitucional en Argentina, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo».
En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmaron que están revisando todas las pensiones. Entrecruzan datos y automáticamente dan de baja muchas de ellas, pero no quisieron revelar cuantas.
¿Por qué si la ministra asumió hace un año y medio recién ahora decide aplicar la ley? Eso no lo respondieron. Otras fuentes oficiales confirmaron que la decisión de eliminar pensiones reflotando un viejo decreto está vinculado con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal.
La pensión de discapacidad mínima es $ 4.400 pero la mayoría cobra $ 7.000.
“Los que con dificultad tienen un techo para vivir también se quedaron sin pensión”, dijo Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y diputada nacional por el partido Socialista, que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo. Además considera objetable legalmente que el ministerio omitiera realizar estudios socio ambientales a los pensionados, antes de quitarle la ayuda.
También se repiten los casos de matrimonios en los que uno de sus miembros perdió este mes su pensión por discapacidad porque su pareja percibía una jubilación mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la canasta básica.
María Claudia Cavallo, de 53 años, es de Pinamar y fue una de las primeras afectadas por esta medida en febrero último. A los 17 años sufrió un accidente automovilístico donde perdió la visión de su ojo derecho, la audición de su oído derecho y la mitad de su rostro fue reconstruido con prótesis. A pesar de los inconvenientes que esto le generaba, como encontrar un empleo formal, fue madre y esposa, y en 2016 gestionó a través de Desarrollo Social su pensión y así pudo acceder a los beneficios de tener una obra social. «Tener una vida con dignidad», resalta, «para mí esto es volver a vivir una historia de dolor» . El 2 de febrero, Claudia fue al Banco Provincia a cobrar su pensión y el dinero no estaba depositado. Ni en ANSES ni en Desarrollo Social supieron responderle el por qué. «Mi esposo se había jubilado con la mínima hacía dos años y fue por ello que se me retiró la pensión. Generó en mí una gran desprotección e indignación. No poseo bienes, sólo mi casa a medio terminar. No tengo vehículo, no tengo gas natural, mi salud a través de los años se fue deteriorando y mis necesidades son mayores. Estoy con un tratamiento psiquiátrico desde hace algunos años y este hecho aumentó mi depresión, por lo cual necesito más medicación pero ahora sin la obra social con la que contaba . Hoy vuelvo a sentirme vulnerable incapaz e excluida del sistema.»
Mariano Sánchez, referente de La Cámpora Integra e integrante de la mesa que discute la problemática en el Instituto Patria, señaló a CPB Noticias que el Gobierno «toma la determinación de quitar las pensiones por el mismo hecho que tomó la decisión de quitar los medicamentos. Ellos lo llaman ajuste, pero están buscando deshacerse de todas las políticas y derechos que fueron adquiriendo las personas durante los últimos doce años.» Además señaló que desde el Frente Para la Victoria se está trabajando con Diputados y Senadores sobre este asunto que «se viene dando desde hace un par de meses, y con mucha más fuerza durante la segunda semana de junio. A partir de ahora van a llover casos».
PAMI LIMITA
Este escenario se suma al futuro incierto del PAMI y sus afiliados. La obra social de los jubilados y pensionados comenzó a limitar en enero la entrega de medicamentos a sus 5 millones de afiliados y los jubilados empezaron a hacer cuentas.
Raquel es vecina de Solano y, comentó a CPB Noticias que PAMI no les dan los «remedios tontos» que ella toma para la tiroides, ni los remedios para enfermedades graves. «Antes te daban 5 remedios por persona, después 4 y ahora nada», asegura. «Mi problema es la Clínica, porque en Solano no tenemos. Nos dejaron sin clínica de Pami».
Notas relacionadas:
Jubilados y pensionados formaron una coordinadora