Viviendas sociales: el pasado pasa factura

0

Hoy el foco de las noticias apuntan al barrio Villa Azul, de Quilmes – Avellaneda, donde nadie puede dejar de contrastar ambos distritos y contemplar sus distintas realidades. De un lado existen iluminarias, calles asfaltadas, una comisaría, un centro deportivo y unidades de atención en salud (hasta el Presidente lo remarcó hace unos días atrás), pero del otro lado es todo lo contrario, «como si la mano de Dios no hubiese pasado» (textual Sergio Berni).

Para abordar la temática de las viviendas debemos retroceder a la ordenanza Municipal N° 8289 de 1998, que tiene la iniciativa popular de crear un Consejo Comunitario de Políticas para la Tierra y la Vivienda. Ésta fue aprobada por el Concejo Deliberante y desde entonces continua, hasta nuestros días, para tratar de resolver el déficit habitacional que aqueja a vecinos y vecinas del distrito.

La historia del interés colectivo (y de las gestiones municipales) comenzó cuando 350 familias ocuparon un predio de 12 hectáreas deshabitado, que pertenecía a la municipalidad de Quilmes, una noche del 11 de septiembre de 1995. Desde entonces se conoció que en Quilmes existían los problemas de asentamientos desde 1980 y la necesidad de implementar políticas que revierta el déficit habitacional en la comuna.

A partir de 1998, en el HCD de Quilmes se presentó un proyecto denominado “Tasa de Fomento”, la cual proponía a las villas a contribuir voluntariamente por mes. Sin embargo no prosperó por ser un financiamiento regresivo. Por esta razón las organizaciones barriales presentaron un proyecto habitacional con la creación de un Fondo de Tierra, con un órgano de aplicación que fue el Consejo Comunitario de Tierra y Vivienda, aprobado el 30 de noviembre de 1998 bajo la ordenanza 8289/98.

La misma tenía la responsabilidad de velar que se cumpla el 40% de lo recaudado en conceptos de Derechos de Construcción para ser destinado en la compra de tierras y equipamiento destinada al mejoramiento de los barrios periféricos.

Este consejo local que debiera reunirse cada 15 días está compuesto por 14 representantes con cargo honorífico y mandato renovable cada 3 años: 4 pertenecientes a organizaciones barriales de base de tierra y vivienda; 2 del ejecutivo municipal; 2 del legislativo comunal; 2 por la Secretaría de Tierra y Urbanismo de Bs As; 1 representante de la Universidad de Quilmes; 1 por la Vicaría de Pastoral Social del Obispado de Quilmes; 1 por la Asociación Civil Gestión Urbana y 1 por la Asociación Civil Don Jaime de Nevares.

El viento sopló a favor de obras en vivienda, agua y cloacas a partir de 2003, cuando el gobierno nacional mediante el Decreto 1142 creó el Ministerio Federal de Inversión Pública y Servicios. Para 2009 la Secretaría de Obras Públicas de la provincia bonaerense creó el Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno (continuidad del Plan Federal de Viviendas de 2005), que vela por 2 líneas de acción: construir nuevas casas y también el mejoramiento del hábitat, obras de infraestructura y sus complementarias.

El gobierno nacional, en su etapa inicial de 2003, invirtió 107.825 millones de dólares para el Ministerio, del cual destinó 25.263 dólares en obras viales, 14.952 dólares en viviendas y 11.944 dólares en Fondo Federal Solidario, el artículo N°5, inciso C priorizaba el “Programa de Mejoramiento de Barrios – PROMEBA”.

Respecto a nuestra ciudad y con la continuidad en obras durante la gestión del ex intendente, Francisco Gutiérrez, hubo quejas de las organizaciones barriales porque se intervino el Consejo Comunitario de Tierras. No obstante hasta casi finalizar su mandato en junio de 2015 se entregaron 234 viviendas como parte del financiamiento nacional.

Tras cumplirse el primer año de gobierno de Martiniano Molina, el 30 de mayo de 2017 la gestión presentó la primera rendición de cuenta sobre el ejercicio anual y allí se detectó la inversión en viviendas sociales y las obras en general para los barrios más postergados de la ciudad.

El informe del Instituto de Estudio y Administración Local detectó que se invirtió en este primer año de gobierno sólo 25 millones de pesos, de un total de $ 1.100 millones, es decir, menos de un 3%.

Para 2018 la partida presupuestaria continuó en baja al monto total disponible para invertir en “Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario” o “Programa Federal de Villas y Asentamientos”. Para este período el informe estadístico reveló que se destinaron 112 millones de pesos (de un total de 1.404 millones). Es decir que el gobierno sólo destinó una carga mínima del 10% para infraestructura comunitaria.

Parte de ese plan de obras para viviendas tenía presupuestado Villa Azul con 60 viviendas, ubicadas en la calle Sargento Cabral y Neuquén. Para comienzos de 2016 se debían construir 160 viviendas en Quilmes de los cuales sólo quedó en contrapiso y paredes. Las viviendas de Villa Azul fueron construidas por el sistema Emmedue, de paredes con placas de telgopor (poliestireno expandido) recubiertas de una malla de acero en cada lado y revestida con cemento.

Gran parte de la sociedad maduró y hoy el Pueblo argentino exige respuestas a las autoridades correspondientes y el Estado en estos tiempos las ha dado: ha construído un Hospital modular en Bernal Oeste en 30 días.

El Consejo de Tierras y Viviendas específica que el 40% presupuestado será para el derecho de construcción destinada a un fondo para mejoramientos barriales. La línea implementada durante estos años vulnera el derecho al acceso de vivienda digna, establecido en el artículo 14bis de la Constitución Nacional.

Como si fuera poco, el 14 de agosto de 2018 el ex presidente, Mauricio Macri, a través del decreto 756/18 derogó el Fondo Federal Solidario (Decreto N° 206/09), que recaudaba el 30% de los derechos de exportación de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja. Es un retroceso para obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales dentro de las provincias y municipios.

Por estos días sólo se ve la falta de interés de los antiguos gobiernos a resolver una profunda demanda de la ciudadanía quilmeña. Responsabilidad es dar respuesta. La pesada herencia está entrando en fase de agotamiento para darle lugar al hacer y 4 años es un buen tiempo para transformar pero de verdad.