Inicio Género Presupuesto nacional sin perspectiva de género
El 6 de septiembre de este año, el Gobierno nacional creó por decreto el Instituto Nacional de las Mujeres reemplazando, con rango de Secretaría, al Consejo Nacional de las Mujeres.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), actualmente funciona dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y está a cargo de Fabiana Túñez. En aquel momento Tuñez había manifestado que la creación de INM implicaba la posibilidad de ampliar el marco de acción jerarquizando el organismo que rige las políticas públicas de género.
La creación de instituto se presentó como un triunfo ya que permitiría mayor autonomía, mayor presupuesto y un mejor marco de acción. Sin embargo el INM no es nombrado en el desglose del presupuesto 2018 y tampoco es posible saber con qué recursos propios contara el organismo, que es rector en programas de igualdad de género.
En el presupuesto que el Poder Ejecutivo presento al Congreso Nacional se puede observar que la temática sobre igualdad de género no es prioridad del gobierno de Mauricio Macri.
En los últimos años hubo logros importantes, pero las omisiones de programas con perspectiva de género, en un contexto de índices elevados de violencia y desigualdad hacia las mujeres implican un gran retroceso.
Es sumamente necesario que la sociedad conozca cuanto es el dinero que el estado invierte en políticas públicas para atender y erradicar las desigualdades.
Esto no es todo.
En el presupuesto 2018 tampoco se hace alusión a políticas públicas concretas destinadas a reducir las brechas entre varones y mujeres, ni ningún plan de acción contra las cifras de femicidios.
Solo a través de un presupuesto con perspectiva de género podrá cumplirse los compromisos asumidos por el Estado de manera más efectiva. Desde lo discursivo el gobierno nacional jerarquizo al Consejo Nacional de Mujeres llevándolo al Instituto Nacional de Mujeres, pero en el presupuesto 2018 ni se lo menciona.
Las mujeres vivimos atravesadas por la desigualdad, por lo tanto si se recortan políticas públicas en el presupuesto, el Estado se convierte en reproductor de esas desigualdades y es responsable de no responder las demandas de la sociedad.
