El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes aprobó la adhesión a la ley 14984, impulsada desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El proyecto contó con los votos del massismo para su aprobación.
En la mañana del 28 de febrero, el HCD adhirió al Pacto Fiscal propuesto por la gobernadora Vidal, por el cual pretende ordenar las cuentas fiscales de los municipios. Desde Unidad Ciudadana y otros espacios opositores surgieron críticas al proyecto, ya que limita las decisiones políticas que un municipio puede tomar en función de sus necesidades. En este sentido, el gobierno provincial creará el Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal, que funcionará como órgano habilitador de los movimientos administrativos que la comuna pretenda definir. También dirá quién puede y quién no, endeudarse o realizar lissing para la compra de mobiliario.
Durante más de una hora y media se escucharon argumentos a favor y en contra del proyecto. De hecho, hablaron todos los bloques, excepto el espacio del Frente Renovador integrado por Gustavo Montes, quien acompaña desde el comienzo de la gestión todas las iniciativas de Cambiemos. Hicieron uso de la palabra varixs nuevxs, aunque abundaron las chicanas berretas que no aportaron absolutamente nada a la discusión.
Dentro del oficialismo, la presidenta del bloque Cambiemos, Raquel Coldani, leyó un escrito para comenzar el debate. “Es saludable el camino de una eliminación gradual, que comprometa otro tipo de medidas, y que tan saludable ha sido que los gobernadores de todos los signos políticos han acordado la racionalidad de esa letra”, expresó Coldani, en referencia a la relación que establece la adhesión al Pacto Fiscal, como parte del paquete de medidas que el presidente Macri envió al Congreso Nacional, y por lo cual fue sancionada la ley de reforma tributaria. Dentro del paquete de medidas esta el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que liberará al gobierno bonaerense unos 65.000 millones que podrá utilizar a discreción. También hay que mencionar que ese monto es parte del dinero que dejarán de percibir lxs jubiladxs y pensionadxs, producto de la reforma previsional.
La respuesta surgió de la concejal Eva Stolzing (Unidad Ciudadana), que luego de la demora generada por una ficha del micrófono rota, comenzó la argumentación en contra del proyecto. “Esta ley va en contra del federalismo, porque ata de las manos y del cuello a los municipios que adhieran. Porque establece que las compras o lissing que un municipio quiera realizar, debe ser autorizado por la provincia. Votemos la ley, cerremos la puerta y dejemos que la gobernadora Vidal administre los recursos municipales en toda la provincia”, expresó Stolzing.
Luego, David Gutiérrez (Polo Social) votó en contra porque consideró que “votar este proyecto es congelar los salarios de lxs trabajadorxs y las futuras paritarias, porque por norma estarían trabadas. Esto surge porque la ley dice que no pueden superar el índice de inflación”. Quien le salió al cruce fue el concejal Facundo Massiú (Cambiemos) que expresó que “en ningún momento la norma habla que no pueden pasarse trabajadores a planta, sino que la ley dice que se puede aumentar la planta cuando haya superávit y equilibrio”. En éste punto, la interpretación hace el resto. Porque si un municipio deja de percibir fondos de provincia o nación, no alcanza a cubrir i el 50% del gasto, lo cual implicaría una perpetuación a la dependencia estancada en el humor de los gobiernos mencionados.
Por otra parte, Diego Méndez (UC) respondió que “seguramente Uds. Están convencidos de lo que están haciendo, porque confían en un Estado chico que no dé respuestas y en esa concepción, no se piensa en ampliar las prestaciones en los organismos del Estado y a su vez, piensen en una determinada cantidad de personal. Pero eso tiene que ver con un modelo de país en el cual nosotros no creemos”. También hicieron uso de la palabra, Guillermo Galetto, Miriam Puchetta (Cambiemos), Mariano Camaño (UCR), Federico D´angelo (1País) y quienes junto al resto de concejales obtuvieron 12 votos para la aprobación del proyecto, contra 9 de parte de la oposición. José Migliaccio (Propuesta peronista) se abstuvo. Unidad Ciudadana votó en contra en conjunto.
Ángel García (UC) cerró la exposición de su bloque donde afirmó que el proyecto restringe la autonomía municipal sobre ya potestad de designar personal. “Esta ley extorsiona a los municipios porque lo dice que no se puede pedir un préstamo sin autorización de la provincia”. También expuso datos vinculados a las negociaciones salariales de lxs municipalxs: “los trabajadorxs ya perdieron un cuarto de su sueldo en esto dos años y con esta ley nunca más lo van a recuperar”, expresó el concejal, en alusión a la nueva normativa que indica que las paritarias no pueden superar el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
