La comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires está de luto e indignada tras la evitable tragedia en la Escuela Primaria N° 49 de la ciudad de Moreno donde el jueves 2 murieron dos personas por una explosión causada por una pérdida de gas. Un triste saldo que deja en evidencia el desfinanciamiento a la educación pública y la falta de planificación. En Quilmes, el SUTEBA asegura que la gestión provincial hace oídos sordos a todo informe de infraestructura. De un relevamiento realizado a 40 escuelas esta semana, 12 fueron clausuradas por distintas faltas. Vuelven a señalar que la Municipalidad de Quilmes sub ejecutó el presupuesto en educación. Docentes, directivos, universidades públicas y gremios concuerdan en que hay un claro vaciamiento por parte del Gobierno a la educación pública.
Directivos autoconvocados de más de 400 instituciones de Moreno, de diferentes niveles y modalidades, decidieron en una asamblea suspender las clases desde el pasado lunes 6, y por tiempo aún indeterminado, hasta que las escuelas no estén debidamente certificadas y habilitadas por profesionales matriculados enviados por el Ministerio de Educación de la provincia.
La decisión se tomó luego de la explosión en la escuela 49 de ese distrito, que provocó la muerte de la vicedirectora y un auxiliar. Y que se adelantó 20 minutos al ingreso de los 400 alumnos que estudian allí. Los chicos ingresaron ahora en un sistema de enseñanza, en el que deberán trabajar en sus casas con una serie de cuadernillos que les entregarán los docentes.
De acuerdo a la decisión de los directivos de la comunidad educativa de Moreno, el Frente de Unidad Docente Bonaerense entregó el lunes 6 una nota al Ministerio de Trabajo para exigir que «la seguridad necesaria para que chicas, chicos y trabajadorxs puedan ir a sus escuelas” y llamaron a los directivos a suspender las clases ante problemas graves de infraestructura. De esta forma, también hubo suspensión de clases en escuelas de Quilmes; La Plata; San Miguel; San Fernando; Florencio Varela; San Isidro; Ezeiza, entre otros.
La disyuntiva a la que se enfrentan las autoridades escolares es si seguir dando clases bajo riesgo o parar y esperar a que algo cambie y el Estado brinde las soluciones que le debe al sistema educativo. Esto significa que la muerte de la vicedirectora y del auxiliar se hubieran evitado.
El jueves 2, 20 minutos antes del ingreso de los alumnos, una explosión por escape de gas en una sala de la Escuela Primaria N 49 “Nicolás Avellaneda” provocó la muerte de la vicedirectora, Sandra Calamano y del portero, Rubén Rodríguez. Los padres y maestros dijeron que hubo por lo menos ocho pedidos de arreglo previos al estallido.
El director de la Escuela N°49 de Moreno fue contundente: “Hago responsable de lo que pasó a la gobernadora María Eugenia Vidal. Sandra era mi compañera, con ella nos pusimos la escuela al hombro. Hablan de salarios, que somos vagos, que no queremos dar clases. En 30 años de servicio prácticamente no falté nunca. Los docentes de esta escuela faltan muy poco. Y tenemos mínimas condiciones de trabajo”, señaló.
Familiares de menores que asisten a la escuela y miembros de la cooperadora que la gestiona señalaron que el problema del gas no era ninguna novedad, sino un inconveniente con el que luchan desde hace tiempo. Hablan de injusticia y de responsabilidades.
SILENCIO
La gobernadora provincial María Eugenia Vidal mantiene el silencio luego de la tragedia. El pasado viernes 3, luego de haberse mostrado por la mañana junto al presidente Mauricio Macri en un acto en Bernal, mientras los vecinos se manifiestan en las inmediaciones del colegio de Moreno pidiendo por su presencia en el lugar, Vidal optó por dar a conocer su parecer sobre la situación en las redes sociales. “Para todos los bonaerenses y para mí, estos son días de duelo por el fallecimiento de Sandra y Rubén en la escuela 49 de Moreno. Por respeto al duelo de las familias de las víctimas, y para evitar la utilización política que veo en ciertos sectores sobre esta tragedia, me mantengo en silencio hoy, pero vamos a aclarar como siempre todo lo que sea necesario.»
QUILMES
Luego de la tragedia, el Gobierno provincial ordenó a los directivos de todas las escuelas públicas que registren los establecimientos, y ante alguna pérdida de gas, lo cierren. En Quilmes fueron clausuradas alrededor de 12 escuelas públicas por distintas faltas como pérdidas de gas, falencias en las instalaciones eléctricas, muros con peligro de derrumbe, falta de vidrios. La comunidad educativa quilmeña exige tener las garantías de seguridad para que ni alumnos, ni docentes, ni trabajadorxs corran riesgos. Algunas de ellas fueron la EP 85; EES 40 (Barrio La Esperanza de Ezpeleta); Escuela Media 6 (Bernal oeste); la EP 64 (San Francisco Solano); EES 6, EP 25, EES 11, EP 16; EP 70; EP 72.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) de Quilmes (Celeste, Granate y Violeta), realizó entre el lunes y martes un relevamiento («que no nos sorprende en lo más mínimo», señalaron) en alrededor de 40 escuelas.
«Podemos sintetizar que el estado de las mismas en general lindera con peligros inminentes por falta de mantenimiento y prevención», destacaron en un comunicado conjunto.
De los datos recolectados por delegadxs y directivxs, destacaron que se encontraron con problemas «imperiosos» y otros «importantes, que en poco tiempo pasan al próximo nivel, poniendo en riesgo tanto a los alumnxs como docentes.»
«El pedido de la Provincia deja en evidencia que los relevamientos ya presentados durante el transcurso del año no fueron utilizados. Ningún establecimiento puede decir estar en condiciones porque los responsables idóneos (gasistas y electricistas matriculados) no dejan por escrito garantías en ninguna escuela. Esto es un combo de ineficiencia, ignorancia, inoperancia y decisión política por parte del Gobierno de recortar el gasto, porque así es como ven a la educación pública», señaló la responsable de la Agrupación Celeste de Quilmes, Romina Portillo.
Por otro lado, el comunicado del SUTEBA Quilmes señala que «no existen medidas de prevención sobre instalaciones de gas y electricidad» y que no se realizan tareas de limpieza de tanques, desratización, desinsectación o desinfección si no es por pedido reiterado (6 o 7 notas entregadas en consejo escolar). «Las acciones más recurrentes son visitas de personal que no presenta ante las autoridades ningún tipo de certificación (gasistas o electricistas matriculados)».
La humedad y mampostería en malas condiciones es otra de las preocupaciones de lxs docentes. Según estimaron, este problema es propio del 90% de las escuelas de Quilmes.
También señalaron que el mayor riesgo al que están expuestos lxs niñxs, docentes y trabajadores se da durante el invierno con las instalaciones de gas en mal estado o con posibles pérdidas. Y a medida que las temperaturas son más cálidas, queda en evidencia la falta de prevención de roedores, insectos, ventilación, cloacas desbordadas e inexistencia de control del agua potable.
Con este resultado, el SUTEBA señaló que la falta de mantenimiento y la «naturalización» por parte de las autoridades de que lxs docentes trabajen en estas condiciones, muchas veces de extramo riesgo, dan un resultado que hoy tiene dos nombres: Sandra y Rubén.
A su vez denunciaron que «este municipio recibió el Fondo de Financiamiento Educativo en 2016 ($ 103 millones de pesos), en 2017 ($121 millones de pesos) y a la fecha ya lleva $111 millones de pesos (a razón de $15 millones mensuales) para poder dar respuestas a la “Revolución Educativa” que prometieron ¿Dónde está ese dinero? Que en dos años y medio de gestión lleva más de $330 millones destinado, supuestamente para las instituciones educativas.»
También destacaron que «la quita del Fondo Escuela ata de manos y pies a los directivos, que terminan dependiendo de un Consejo Escolar desmantelado, y con respuestas tardías a las problemáticas de alta demanda de más de 300 servicios educativos.»
Finalmente el SUTEBA definió la triste situación de la escuela pública como «un combo de decisiones políticas y un claro ajuste a la Educación Pública que generan una bomba que nos estalla en las manos.»
El consejero escolar por Unidad Ciudadana en Quilmes, Franco Bogado, explicó a CPB Noticias que desde el bloque habían presentado pedidos para la declaración de una Emergencia Edilicia el pasado 28 de febrero y el 16 de mayo.
“Se supone que la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) debería juntarse todos los meses en una mesa con los gremios de docentes, empleados, municipio, provincia y la presidencia del consejo escolar para charlar las problemáticas del distrito en términos educativos para ir relevando las problemáticas”, explicó Bogado. “En Quilmes sólo se convocó dos veces en lo que va del año: una para la elección de autoridades y otra para realizar la reunión. En función de esas problemáticas que no se podían visibilizar en las reuniones, nosotros habíamos presentado en febrero y en mayo una convocatoria a la UEGD en el marco de una emergencia edilicia”.
Este lunes el bloque de consejeros de UC presentó nuevamente una nota para pedir el municipio que se declare la Emergencia Edilicia.
El Consejo Escolar administra el fondo compensador: la Provincia de Buenos Aires cobra un impuesto a los Ingreso Brutos del cual el 25% se destina a las cuentas de los consejos escolares. En comparación a lo que administra la Municipalidad (un Fondo Educativo de 140 millones de pesos en 2017), el fondo del Consejo Escolar es mínimo (alrededor de 9 millones de pesos en 2017 destinados a mantenimiento y arreglos menores a las escuelas).
“El 11 de junio hicimos un pedido de informe para que se nos diga cómo se está ejecutando el fondo compensador en el Consejo con detalles de la obra y que empresa y cuál es el monto porque no se nos informa de nada, pero no tuvimos respuesta”, señaló el consejero. “El problema está que en la municipalidad el año pasado subejecutó el presupuesto del fondo educativo.”
“La provincia de Buenos Aires no tiene un plan de infraestructura ni un plan de obras. Hasta diciembre del año pasado existía un organismo que se llamaba la UEP (UNION EJECUTORA PROVINCIAL), un organismo que tenía arquitectos, ingenieros y demás que ejecutaban las obras en los colegios. Éste fue desintegrado por Vidal y pasó sus funciones a la DPI que funciona en términos regionales. Son 3 inspectores para la regional de Quilmes Berazategui y F. Varela.”