“Las personas de bien pueden portar armas si están autorizados legalmente”, insistió la ministra de Seguridad tras su peligrosa frase en favor de la tenencia de armas. El Gobierno nacional y provincial, a cargo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal redobló su discurso en contra de los migrantes, manifestantes y a favor de fortalecer políticas de mano dura. En la Provincia, Cristian Ritondo volvió a abrir el debate sobre el régimen penal juvenil para encarcelar a menores de edad.
Esta última semana, el Gobierno decidió reforzar su discurso xenófobo. Durante su visita a Córdoba, la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, volvió a hacer lo que mejor le sale: fomentar la mano dura. Es que, la funcionaria nacional sostuvo, palabras más palabras menos, que la Argentina es un país libre, por ello, quien quiera portar armas puede hacerlo sin problemas.
Lejos de desdecirse de sus dichos a favor de la portación de armas y contra los migrantes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich redobló la apuesta y se vanaglorió de haber propuesto duras políticas de seguridad y migratorias antes que el ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro. “Nuestra política de inmigración y el cambio de un paradigma que dejaba a los ciudadanos indefensos son absolutamente previos a Bolsonaro”, celebró la ministra al ratificar también su defensa a la portación de armas, en la línea del flamante presidente electo de Brasil.
Bullrich hizo gala de la doctrina de seguridad que implementó durante su gestión, sobre todo el decreto por el cual el gobierno de Mauricio Macri modificó en enero de 2017 la regulación migratoria “para facilitar la expulsión de extranjeros con antecedentes penales”. Se refirió así al DNU que endureció la Ley de Migraciones, poniendo en foco en el control de antecedentes y la posibilidad de restringir el ingreso al país. La oposición y organismos de derechos humanos resistieron la medida y advirtieron sobre el intento de vincular migración con delincuencia. Ahora, el decreto está judicializado, cuestionado por su legalidad, y será la Corte Suprema quien defina su constitucionalidad.
Las últimas declaraciones de Bullrich volvieron a generar preocupación en los organismos de Derechos Humanos. En ese sentido, el coordinador de la mesa ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, sentenció que “los que dicen que es alcohólica, logran bajarle trascendencia a sus declaraciones”.
Por su parte este lunes 5 se conoció que Mauricio Macri impulsa polémicas reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo al Congreso. Proyecta subir las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los inmigrantes.
El proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por «detener o entorpecer» la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización.
A su vez el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria.
IMPUTABILIDAD
La escalada de delitos e inseguridad se agrava al ritmo de la imposibilidad de la gente de llegar a fin de mes y de los aumentos impulsados por el Gobierno de Cambiemos en las tarifas, alimentos y transporte.
Mientras los medios hegemónicos hacen dulce de la ola delictiva de una forma funcional al endurecimiento del discurso de Cambiemos, en la Provincia de Buenos Aires el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, volvió a abrir el debate en torno a endurecer la mano con las y los menores de edad. Luego del crimen del subteniente de la DDI Lanús, Leonardo Sarmiento, Ritondo, aseguró que “la sociedad argentina tiene un debate pendiente sobre la participación creciente de menores en delitos, ya que los adolescentes que delinquen suelen reincidir”.
“Al menor que comete un delito hay que detenerlo y juzgarlo lo más rápido posible, con un código adecuado a su edad”, enfatizó.
Mientras tanto María Eugenia Vidal se desprendió del tema y se focalizó en el presupuesto 2019 para la provincia, con más endeudamiento: asciende a 929 mil millones de pesos (casi mil millones más que el corriente), mientras que el endeudamiento alcanza los 68.500 mil millones.
La ley de leyes de la Provincia que contempla gastos por $ 929 mil millones y un déficit de $ 40 mil millones. Obras públicas, desarrollo social, salud, educación y seguridad integran las cinco áreas en las que se destinarían los principales recursos del Estado provincial en 2019. Propone una suba del 38% en promedio del impuesto inmobiliario, la creación de un gravamen al juego y una baja de Ingresos Brutos para beneficiar a algunos sectores.