Lejos de poder calmar las aguas, los datos que se suman a la investigación por parte de la Justicia en el caso de los aportantes truchos denunciados por La Alameda y que involucran a María Eugenia Vidal muestran el nivel de descontrol financiero que imperó en Cambiemos durante las legislativas del año pasado.
Este martes 31 el fiscal federal Jorge Di Lello envió su investigación preliminar por el tema al juzgado con competencia electoral de La Plata. En tanto que el titular del juzgado Federal 3 de esa jurisdicción, Ernesto Kreplak, ordenó varias medidas en el marco del expediente que instruye sobre el tema y que comenzó tras una denuncia de la legisladora Teresa García: pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social sobre los beneficiarios de planes sociales para cruzar los datos con los aportantes a la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos del 2017. En tanto que también requirió al fuero electoral la nómina de aportantes de Cambiemos de la campaña 2017, para saber quiénes eran las autoridades del PRO y los afiliados al partido. también citó como testigo al periodista Juan Amorín quien fue el que dio a conocer el escándalo a partir del cual se multiplicaron varias denuncias por el hecho.
Di Lello había iniciado de oficio su intervención en el tema, tras la difusión del informe periodístico de El Destape, y ordenó varias medidas tendientes a determinar lo que allí se denunciaba: que en la mayoría de los casos las personas que figuraban como aportantes a las campañas del oficialismo eran receptores de planes sociales como “Ellas hacen” o “Argentina trabaja” y que vivían en condiciones muy humildes, con lo cual no tenían margen de dinero para aportar.
Con el envío del expediente de Di Lello a la capital provincial, las investigaciones por los presuntos aportantes truchos a las campañas del oficialismo quedan centralizadas entre los tribunales de la ciudad de las diagonales y Buenos Aires, donde el caso es investigado por el juez Sebastián Casanello.
El origen del caso Las causas por los “aportantes truchos” comenzó hace más de un mes tras la difusión del informe de Amorín. En esa emisión se habló de un número inicial de 205 presuntos aportantes truchos, que con el correr de los días fue multiplicándose.
Poco después, La Alameda presentó su denuncia, que recayó en el juzgado de Casanello. La presentación apuntó a los legisladores Gladys González, Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, y Héctor “Toty” Flores, que eran los candidatos a diputados provinciales de Cambiemos en 2017 y fue ampliándose en los últimos días. Luego llegó la denuncia de García en La Plata, frente a Kreplak. García, en su presentación, al igual que La Alameda habló de la posibilidad de que se hayan dado maniobras de lavado de dinero, usurpación de identidad y falsificación de documentos.
Según establece el Código Electoral, tanto los responsables económicos del partido como su presidente son responsables por estas faltas, y podría caberles una sanción de entre 6 meses y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto podría correr a María Eugenia Vidal de las Elecciones 2019, una pieza clave para el macrismo, quien este lunes 30 estuvo en Quilmes
Según dijo esta semana la directora de Transparencia Internacional, la ONG especializada en análisis de fondos electorales, Delia Ferreira Rubio, el escándalo con Cambiemos es «preocupante» porque la maniobra fue una «clara» violación a la Ley de Financiamiento Político. «Allí se establece que no se pueden recibir aportes anónimos y que los partidos tienen la obligación de reportar el origen de los fondos individualizando cada uno de los donantes», sostuvo.
«En el caso de la campaña en la provincia de Buenos Aires se ha adjuntado una lista de nombres que han resultado no ser los verdaderos aportantes, sino unos donantes fachada para tapar el origen del dinero que se utilizó», describió.
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