Por María Sol Barrabino*
Nos venimos preguntando desde la asunción de la nueva gestión de Gobierno, hace prácticamente dos años, cuánto faltaría para que arremetieran (fuertemente) contra los trabajadores. Durante el 2016 se sucedieron los despidos y cierres de fábricas. Luego, ya cumplido el primer año de gestión, se vino el primer golpe perpetrado desde el Poder Ejecutivo, la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo por Decreto de Necesidad y Urgencia, luego convertido en Ley. La Provincia de Buenos Aires viene resistiendo adherir a la misma. Resta esperar qué sucederá a partir de la nueva conformación legislativa.
Por otro lado, desde el sector empresario se viene exigiendo una “flexibilización” de los costos laborales. Desde el propio Poder Ejecutivo se fogonea la idea de abogados laboralistas mafiosos y una industria del juicio que no es tal.
Las principales quejas del empresariado y el sector industrial, tendrían su respuesta en las siguientes reformas:
- Regularización de empleados, que hasta la fecha no se encuentren registrados debidamente, a bajo costo (cargas sociales), sin imposición de multas y con planes de pago para regularizar aportes y contribuciones.
- Las multas que abonan los empleadores, por tener personal sin registrar, pasarán a ser para los organismos que recaudan los aportes de seguridad social y dejarán de ser para el trabajador.
- Se elimina la multa que duplica las indemnizaciones por despido en caso de que el mismo suceda cuando el trabajador intimó fehacientemente al empleador a la regularización del vínculo laboral.
- Se elimina la multa que aumenta en un 50% las indemnizaciones por despido, cuando el empleador no paga la misma a término y obliga al trabajador a tener que recurrir a la justicia para su cobro.
- Se beneficia a quienes contratan trabajadores a través de empresas de servicios eventuales, eliminando la solidaridad entre los mismos.
- Se eliminan el sueldo anual complementario (aguinaldo) y las bonificaciones y horas extras de la base del cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de despido (el famoso mejor salario que se toma para calcular dicha indemnización).
- Se crea un Fondo de Cese Laboral Sectorial, en donde el empleador deberá aportar todos los meses un porcentaje del salario que abona al trabajador a un fondo del que luego se abonará la indemnización en caso de despido.
Actualmente, el proyecto se encuentra frenado en la Cámara Alta del Senado de la Nación y no será tratado hasta el 2018, con la nueva conformación del Senado y con un criterio unificado de la CGT. A cambio, avanzaría la reforma previsional y la reforma tributaria.
La gravedad de la reforma laboral es que intenta poner a las partes del contrato de trabajo (empleador y trabajador) en una especie de igualdad que es imposible de llevar a cabo en la práctica. El contrato de trabajo no es un contrato entre iguales. No por nada, desde los primeros tiempos en que comenzamos a entender el trabajo como lo conocemos hoy, fue necesaria la creación del Derecho del Trabajo para proteger a la parte más débil de ese contrato, que siempre es el trabajador. Quien pone su fuerza de trabajo, quien desgasta su cuerpo y su mente día a día por un salario que siempre será el mismo (o menor en caso de que las paritarias no alcancen la inflación), mientras el empleador/empresario se enriquece a costa del mismo. A razón de la verdad, el empleador es quien asume algún tipo de riesgo al dar trabajo en un país con tantos vaivenes económicos como el nuestro, y hago hincapié en “algún” porque siempre existen luego conmutaciones de deudas, planes de pago y la posibilidad de concursarse o quebrar.
Los derechos laborales son, para el trabajador, irrenunciables. En este sentido, podríamos interpretar que es el mismo Gobierno Nacional, con el impulso de esta reforma, el que le está exigiendo a los trabajadores que renuncien a sus derechos y, a cambio, le da todos los beneficios posibles al empresariado. Es decir, el único que debe hacer un esfuerzo es el trabajador.
En un país como el nuestro, donde el trabajo escasea, donde los índices de desocupación nunca bajaron de dos dígitos, todos sabemos que tenemos atrás a alguien dispuesto a ocupar nuestro lugar por un costo menor para el empleador. Este es el peligro de la reforma: precarización del empleo y la pelea de pobres contra pobres. Y de ningún modo disminuye la litigiosidad, sino que por el contrario la aumenta, como cada reforma que resulta en perjuicio de los trabajadores y nos obliga a recurrir al Poder Judicial para defender los derechos que no nos garantiza o nos quita el Poder Ejecutivo en complicidad con el Poder Legislativo.
*María Sol Barrabino – Abogada laboral (UBA)