Existe un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas menores, a los niños y niñas, hasta cierta edad. Se solían llamar «los derechos del niño» (nosotrxs agregaremos a la niña) y fueron declarados en 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, un reconocimiento que supuso el primer gran consenso internacional sobre estos principios.
Si estos derechos son inalienables e irrenunciables, es decir que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia, imaginemos la responsabilidad que tiene el Gobierno para que eso se cumpla.
58 años después, año 2017, ciudad de Quilmes: no sólo estos derechos son vulnerados, sino que el Estado no se hace responsable. Lo vemos en las calles, con lxs pibxs pidiendo; lo vemos en los barrios, cuando los comedores barriales no dan abasto.
Lo dijo la pasada semana el Procurador Bonaerense, Julio Conté Grand: Quilmes es el distrito con mayor índice de delitos cometidos por menores. Conté Grand también reveló que la estadísticas indican que entre 2014 y 2017 disminuyeron considerablemente los delitos cometidos por jóvenes en el territorio bonaerense, con lo cual, cualquier intento gubernamental de suba de la edad punible también atentará contra los derechos de niñxs y adolescentes.
Volviendo a Quilmes, trabajadorxs de la Subsecretaría de Política Integral de Promoción y Protección, reclaman que carecen de recursos esenciales para el día a día y además sus contratos están a punto de ser dados de baja. Subdesarrollo de la niñez.
