Por Diana Oliveri
Tras cumplirse el plazo de 60 días acordado el 26 de septiembre pasado, el senador Eduardo Costa, presidente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, prorrogó hasta el 15 de marzo de 2019 la intervención del abogado Emilio Jesús Alonso como cabeza de la Defensoría del Público.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual nació a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522. Recordemos que esta institución quedó acéfala desde noviembre de 2016 al finalizar el mandato de Cynthia Ottaviano. Mientras sus funciones continuaron bajo la conducción de la Directora de Asuntos Legales, María José Guembe.
El arbitrio con el que se eligió el reemplazo provocó un inobjetable incumplimiento del Art. 20 de la LSCA que indica los requisitos para la designación del cargo más alto del ente responsable de proteger a las audiencias. Allí se estableció que, quien ejecute dicha función, debe ser una persona cuya carrera se relacione con la materia. Por esta razón, el modus operandi de Cambiemos generó rechazo por parte de organismos nacionales e internacionales relacionados con la comunicación. Por ejemplo, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina (RedCom), que manifestó su preocupación por “la virtual intervención” en un comunicado oficial en su página. Así también, la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular (ALER) y otros espacios regionales denotaron su inquietud por lo ocurrido en nuestro país.
Desde nuestro humilde lugar no nos sorprendió la delicadeza en las formas de actuar de los integrantes oficialistas de la Comisión Bicameral, ya que el gobierno arremetió con crudeza contra el ámbito de la comunicación a pocos días de asumir Macri, cuando anunció en el Boletín Oficial el DNU N°267/15. Allí se dispuso la disolución de la Autoridad Federal De Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), espacios descentralizados y autárquicos del Poder Ejecutivo Nacional. Nada casual la constante embestida hacia un sector que, en las manos equivocadas, oficia de trinchera para la logística en la puja incesante por el poder económico, político y simbólico.
Finalmente, quedó sin una respuesta concreta aquel interrogante que titula estas líneas. Aún así, esperamos una solución a la medida de las circunstancias para que la Defensoría del Público, que se encargó de recepcionar denuncias y reclamos y abrió una puerta a los ciudadanos y las ciudadanas hacia la participación activa en la protección del derecho a la comunicación, continúe su incesante labor.