La gestión de Martiniano Molina tiene en mente resolver el problema de la recolección de basura por medio de una privatización del servicio. Si bien esta situación es desmentida por funcionarios del gobierno, también reconocen que circuló una carpeta para su tratamiento. Desde la oposición denunciaron estos “rumores” que circulan por los pasillos de Alberdi 500. Por lo pronto, Molina sigue sin resolver la recolección de los residuos, luego de dos años y medio de gestión. Si bien el problema es complejo, la privatización en la era de Cambiemos, es una salida que responde a una visión de un Estado chico e ineficiente.
Luego que circulara en el portal de la politicaonline.com la noticia de una posible privatización del servicio de recolección de residuos en Quilmes, se escucharon voces de alarma entre diferentes espacios de la oposición. Desde Unidad Ciudadana hasta el GEN mostraron su desacuerdo con la intención de una posible privatización del servicio. El mismo fue municipalizado en 2014 durante el mandato del intendente Francisco “Barba” Gutiérrez”, quien protagonizó un conflicto con la empresa Covelia, pero sobre todo con el sindicato de camioneros, de Hugo Moyano.
La gestión de Martiniano Molina asumió con un GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) en diciembre de 2015 con una flota de 100 unidades móviles, entre camiones cola de pato, palas retroexcavadoras y camiones de carga, por ejemplo, y un personal en formación cercano a los 700 trabajadores. Sin embargo, el servicio brindado al día de la fecha es deficiente en buena parte del distrito y desde diciembre del año pasado, la situación empeoró, luego que asumió el control del área, Sergio Chomyszyn.
Desde la oposición manifestaron su desacuerdo con la privatización del servicio y responsabilizan al intendente Martiniano Molina por la falta de capacidad para gestionar una de las áreas centrales en el ordenamiento de un gobierno municipal. En ese sentido, Molina cambió cuatro veces de funcionario al frente del área y si bien, durante los dos primeros años el servicio se desarrollaba sin grandes problemas, aún con la proliferación de los micro basurales, la situación empeoró durante el verano pasado, donde la ciudad fue noticia de los canales nacionales por la basura que inundaba las calles y arroyos del distrito.
El desfile de funcionarios
El primero en asumir ya hizo ruido de entrada: Darío Iezzi, hombre del mussismo y ex secretario de servicios públicos del partido vecino, ocupó la secretaría de servicios públicos hasta julio de 2016. Durante su gestión la basura estaba a la vista y en los primeros días de gobierno, el problema tenía solución. Sin embargo, Iezzi fue el primero de una lista de funcionarios que fueron triturados, literalmente, por la gestión. El hombre emigró a Lanús y fue reemplazado por el radical Oscar García, que se desempeñaba como subsecretario del GIRSU.
García puso a Matías Leyes en el GIRSU pero duró un par de meses. Leyes era delegado de la delegación de la ribera de Quilmes y volvió a ocupar ese lugar, luego que Gastón Linsalata, un desconocido CEO y fundador de McFly Extreme, quien es reconocido por volar sobre el agua pero se desconocen los pergaminos que lo llevaron a crear en septiembre de 2016 la AMA (Agencia de Medio Ambiente). Linsalata voló (y no sobre el agua) en febrero de 2017 y las denuncias por el “carnaval de horas extras” comenzaba a asomar en el GIRSU.
Fue reemplazado por Guillermo Sachez Sterli, hombre del peronismo y hoy diputado provincial. Sterli nombró a Eduardo Miranda, quien logró acomodar el desconcierto que reinaba pero no supo resolver la propagación de los micro basurales ni tampoco se tomaron medidas para paliar los problemas generados por el desborde de los arroyos, los días de lluvias. En noviembre del año pasado, Miranda fue desplazado y quien quedó al frente es el actual secretario de servicios públicos, Sergio Chomyszyn. En enero, el verano explotó pero de basura la ciudad.
Los números del GIRSU
Con un presupuesto de $ 526.098.846,00 y una planta cercana a los 900 trabajadores, el área de recolección está en la mira de la ciudadanía y la basura es paisaje frecuente de muchos barrios, sobre todo en los márgenes del distrito, donde abundan los microbasurales. Cuenta con una flota de 100 unidades móviles compradas nuevas en 2015, luego de la municipalización. En la actualidad funcionan 18 camiones cola de pato, de 36 que tiene el municipio, por ejemplo. Los camiones recorren 80 km por cada descarga que hacen al Ceamse, de Pompeya.
Sin materiales ni mantenimiento
Desde el interior del área (y off de record) entienden que la falta de mantenimiento de las unidades es producto del desguace del taller de reparación. A esto se suma la falta de ropa, equipo y los insumos para las reparaciones que demandan las unidades móviles. También asumen que es muy difícil el control de los insumos (combustible, neumáticos, etc).
Conflicto gremial
El GIRSU está bajo la órbita del sindicato de trabajadores municipales de Quilmes (STMQ), que lidera Raúl “Ronco” Méndez, quien goza de una excelente relación con el gobierno municipal. El otro sindicato es ATE pero carece de representatividad, aún cuando tiene un delegado electo (Jonatan Marcelo) víctima de un hecho siniestro vinculado al área. En caso de privatizarse, el STMQ puede perder muchos afiliados.
Carnaval de horas extras
Luego de los calores del verano, el año comenzó con una denuncia en el programa radial “El Termómetro” donde funcionarios de servicios públicos, a cargo de Sergio Chomyszyn, gozaban de los beneficios de cobrar horas extras sin trabajar. CPB publicó los montos y las personas mencionadas. Allí se apuntaba a delegados del STMQ. Consultado por CPB, el “Ronco” expresó que “si el gobierno quiere pagar horas extras no es problema del sindicato. Es un problema del gobierno”. Otra de las denuncias frecuentes (off de record) son los recibos que figuraban haber trabajado por 60 HE pero habían cobrado por 20 HE (también sin trabajar).
Son rumores
En éste escenario y ante un verano que posicionó a la ciudad en las primeras planas de la televisión argentina, la gestión de Molina esbozó una posible solución vía privatización. Si bien afirman, tanto desde la oposición como del oficialismo, que son rumores, la carpeta circuló y puede que esté guardada a la espera de un momento apropiado.
La decisión de la privatización es una definición política que acompaña los rasgos característicos de un gobierno nacional que concibe un Estado chico supeditado a la iniciativa empresarial privada, como medio de resolución de los conflictos. Aunque también ven, desde la oposición, la posibilidad de un nuevo negociado.
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