A fines de enero el Presidente decretó la prohibición del desempeño de los parientes de funcionarios de alto nivel, en un intento de limpiar la situación que le generó el ministro Jorge Triaca cuando se descubrió que su esposa, dos hermanos y un cuñado tenían cargos públicos. Si bien María Eugenia Vidal adhirió a la medida en la Provincia, sólo un puñado de intendentes la siguió. En Quilmes, Martiniano Molina aún sigue compartiendo el trono con el clan familiar: su hermano, su padre y su madrastra.
A fines de enero el presidente Mauricio Macri decretó la prohibición del desempeño de los parientes de funcionarios de alto nivel en la administración pública. Esto obligó a María Eugenia Vidal a seguir el ejemplo junto con algunos intendentes de Cambiemos como Jorge Macri (Vicente López) y Diego Cascallares (Tres de Febrero).
El aviso llegó pocos días después de que se diera a conocer que la esposa y dos hermanas del ministro de trabajo, Jorge Triaca, trabajaban en la administración pública. A mediados de enero, Triaca estuvo envuelto además en otro escándalo tras difundirse un audio en el que insultaba a su empleada doméstica.
Sin embargo, proyectar terminar con el nepotismo, histórico pilar del armado de poder del país, va mucho más lejos de lo que tiene que ver con tal decreto. Es que esta norma sólo «toca» al Poder Ejecutivo, pero no se aplica en el Poder Legislativo y Judicial. No es que el Presidente se cayó de la cama dos años después de asumir para darse cuenta que en todos los gobiernos, incluso en el suyo, los funcionarios nombran a sus parientes.
En el Gobierno subrayaron que no harán nada por exigir a las provincias que emulen la decisión de Macri. «Se trata de una decisión del Poder Ejecutivo que en un país federal no se puede imponer más allá de las buenas muestras que pueda haber de algunos mandatarios de sumarse a la medida», dijeron allegados al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, uno de los pilares que armó el esquema de «fitness» en el Estado. Por otra parte, desde el Ministerio del Interior que lidera Rogelio Frigerio aclararon que no se hará ningún gesto del Presidente por alinear a los gobernadores con una medida para respetar el federalismo. Diferenciaron con ello el pacto fiscal que suscribieron las provincias el año pasado por ley, en el que se pide una limitación en el nombramiento de cargos públicos para achicar el déficit del Estado.
De todas maneras, la decisión del Presidente de avanzar con recortes y desligarse de familiares de sus ministros con cargos en el Estado ya desplegó un mapa divergente en la Argentina macrista que va de los rebeldes a los fieles. La gobernadora María Eugenia Vidal fue una de las primeras que decidió imitar a Macri y lanzó el decreto que obliga a los familiares de sus ministros a dejar los cargos que hoy ocupan en cualquier lugar del Estado.
Una parte de los gobernadores suscribió la idea de la Casa Rosada mientras que otro pelotón se enfrentó a la decisión oficial y quedó, así, en una posición incómoda de virtual defensa del nepotismo.
LA CUNA
Con Vidal alineada, si la escala de poder se cumple, todos los intendentes de Cambiemos de la provincia deberían acatar la decisión.
En los municipios de la Provincia de Buenos Aires, el nepotismo, que consiste en nombrar o contratar en el Estado a personas por ser parientes o afines del funcionario que hace la designación y no en razón de la idoneidad del aspirante, es muy común. Los nombramientos de familiares se realizan sin disimulo, incluso con el mismo apellido de funcionarios y legisladores, nacionales y provinciales; o a personas reconocidas públicamente como sus cónyuges.
El intendente Martiniano Molina ($ 187,851.74), con su clan familiar gestionando, se mantiene en silencio y es uno de los intendentes que no adhirió al pedido del Presidente. Es que el ex cocinero, desde que asumió, comparte el trono con su hermano Tomás (Secretario General – $51,847.08), de quien se rumorea en los pasillos del palacio municipal que será el próximo Secretario de Gobierno. Su padre Jorge ($ 56.345) asumió como Director provincial de Fiscalización y Registro del Ministerio de Salud y la esposa de su padre, Raquel Coldani ($58.000), es la presidenta del bloque Cambiemos en el Concejo Deliberante.
Si bien su padre no tiene actualmente un cargo municipal, en 2017 fue acusado de cobrar coimas y asumir una dirección falsa en el Ministerio de Salud de Buenos Aires.
Dentro de la estructura del molinismo, el hermano de intendente es quien digita la política local. Es de destacar que el modelo de política de Cambiemos se aplica a la perfección, ya que Tomás Molina es una persona que no pertenece a la política, que jamás ha militado y cuya procedencia está vinculada a la actividad privada. El que sí tiene procedencia política es Jorge, quien supo es presidente del Concejo Deliberante durante el barbismo. Fuentes allegadas afirman que la decisión de que Martiniano compita en las elecciones en 2015 surgió cuando a Jorge se le ocurrió medir a Martiniano con el entonces candidato, el ex modelo Tommy Dunster. Los resultados de la medición catapultaron a Martiniano a la candidatura.
Ángel García, presidente del bloque de concejales quilmeños de Unidad Ciudadana, entiende por un lado que el decreto de Macri “está dirigido a los funcionarios nacionales y que la medida fue replicada en pocos distritos. Pero la realidad le demostró al Presidente que fue sólo un engaño porque la inmensa mayoría de los municipios y las provincias no adhirieron a la medida”. En ese sentido, apuntó a que «la mirada debió estar puesta en las empresas amigas del Presidente que fueron beneficiadas por una serie de obras de infraestructura en todo el país. Ahí está la fuerte contradicción, en contratar a empresas de familiares desde el Estado para hacer grandes obras”.
Por otra parte, García consideró que no era necesario tal decreto ya que “solamente once funcionarios se fueron de la gestión nacional”. También observó el denominado blanqueo de capitales que licuó la procedencia de los fondos declarados. Además, entiende que la medida quiso cubrir al ministro de trabajo, Jorge Triaca, quien quedo en evidencia luego que se conociera el testimonio de su empleada doméstica, contratada sin los beneficios de la ley e incorporada al cuerpo de intervención del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos). “El anuncio fue pura demagogia”, expresó el concejal.
Entre tantas instancias de gestión que debe resolver el intendente (aunque todo indica que no reconocerá la decisión presidencial) los nombramientos están a la orden del día. Además de su hermano, su padre y su madrastra, hay otros vínculos familiares que deberían ser revisados. Por ejemplo la concejal electa en 2017 Daniela Conversano, esposa de Ariel Domene, quien fuera Secretario de Cultura y Educación hasta diciembre (actualmente director de educación superior en el gobierno de María Eugenia Vidal). Sergio Chomyszyn, secretario de servicios públicos, incorporó a su hermano Pablo en el plantel de guardavidas.
Por otro lado, las tenciones que generan estos movimientos dentro del esquema “molinista” tienen su repercusión dentro de la estructura de gobierno, puesto que detrás del nombramiento de Tomás Molina como Secretario de Gobierno, aparece la posibilidad de una reelección encabezada por él, como el heredero del apellido y tendrá dos años por delante al frente del área que supo posicionar al concejal Guillermo Galetto. Martiniano iría a un lugar en la provincia y dejaría en manos del hermano (aunque esto ya suceda) la continuidad en la administración de los recursos públicos. Situación que repercute dentro de la alianza Cambiemos, porque Tomás se lleva mal con el peronismo y Martiniano se sacó de encima al radicalismo de Fernando Pérez. En éste escenario, el decreto presidencial no tiene cabida en Quilmes.
García cree que “la capacidad está por encima de los lazos familiares y no es motivo para excluir a nadie tener lazos sanguíneos”. Por otra parte entiende que “el intendente Molina debe tener una fuerte contradicción entre lo que plantea su conductor político y la realidad”. A su vez, sobre la decisión del intendente de mantener a su hermano en el cargo dijo: “Creo que tomaría la decisión de que Tomás Molina siga dentro de la gestión”. Por otra parte, afirma que el anuncio del presidente demostró ser “una medida oportunista que nada tiene que ver con la realidad”.
Recientemente un diputado provincial de la Coalición Cívica, Guillermo Castello, ante la consulta de lo que deberían hacer aquellos intendentes que en la actualidad tienen parientes en el gobierno, sentenció: «tendrían que poner las barbas en remojo y analizar caso por caso hasta, eventualmente, seguir el ejemplo del presidente». Habrá que esperar cuál será la decisión de Molina.
Lo que sí achicó Molina fue la planta de trabajadores municipales. A fin de año el Intendente anunció que, en línea al Gobierno nacional, achicaría cargos políticos. Según palaras del actual secretario de gobierno, Diego Buffone, son cerca de 480 los contratos no renovados, entre los que se encuentran 200 cargos de directores, secretarios y subsecretarios y otros 280 pertenecientes a trabajadorxs de diferentes áreas como salud, niñez, alumbrado público y el hospital Oller de Solano. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Quilmes afirmaron que más de 100 trabajadorxs municipales ganaban un promedio de 7 mil pesos y quedaron sin trabajo. Por este motivo se encuentran realizando manifestaciones desde el 1 de enero exigiendo la reincorporación, tal como les fue prometido desde la gestión. Hasta ahora fueron cerca de 20 reincorporaciones.