Si el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, hubiera convocado a las paritarias nacionales, se hubiera ahorrado más de un dolor de cabeza. Podría haber fijado un piso salarial para todos los docentes del país, como se hizo desde el año 2008. A partir de la decisión de no convocarlas, con la clara intención de poner un techo a las paritarias 2017, el gobierno de la provincia de Buenos Aires cometió una serie de ilegalidades contra los gremios docentes.
El primer acto ilegal del gobierno fueron los “voluntarios”. La gobernadora María Eugenia Vidal manifestó que convocaría a los 60 mil que se habían ofrecido por las redes sociales para suplantar a los maestros en huelga. Sin embargo, esta práctica nunca hubiese podido llevarse a cabo porque las leyes impiden el ingreso a las aulas de cualquier persona que pretenda ponerse frente a una clase.
El segundo acto ilegal fue realizado por el ministro de trabajo provincial, Marcelo Villegas, al anunciar la decisión de impulsar la quita de la personería gremial a los sindicatos que no hayan acatado la conciliación obligatoria. Según el Juez contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, el gobierno de la provincia no puede decretar la conciliación obligatoria unilateralmente porque es parte del conflicto.
El tercer acto ilegal fue el descuento sobre los sueldos de unos 100 mil docentes bonaerenses, medida anunciada por el ministro de educación Alejando Finocciaro. La huelga es un derecho, así lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por lo tanto el ejercicio regular de un derecho no debería tener ninguna consecuencia adversa para quien lo ejerce.
Y por último, solo para nombrar algunos ejemplos del domino de irregularidades, compartidas entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, queda mencionar el anuncio de la gobernadora Vidal de pagar un “plus” por única vez aquellos docentes que no hayan adherido al paro, violando los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Nacional.
En 2016 el gobierno de Mauricio Macri convocó a la paritaria nacional, es decir cumplió con la ley. Sin embargo en 2017, año electoral, pareciera haber cambiado la estrategia: el gobierno se muestra desesperado por contener la inflación y bajar salarios. Es por eso el 18% que pretende fijarle a las paritarias, incumpliendo con la ley.